La ocupación de terrenos ya es una crisis política y expone al Gobierno a una fisura interna

Al final, y pese a algunos comentarios sarcásticos, la profecía de Eduardo Duhalde parece estar cumpliéndose incluso antes de lo previsto. El fantasma del enfrentamiento violento entre ciudadanos empieza a asomar en los casos de ocupaciones ilegales de terrenos, un problema que amenaza con crecer explosivamente y ante el cual el Gobierno no atina a dar una respuesta convincente.

Las escenas de los últimos días son elocuentes por demás. En Villa Mascardi, vecinos que realizan protestas ante las ocupaciones de terrenos por parte de una organización mapuche y otra vez aparece el riesgo de choques armados entre civiles. Con el condimento político de las denuncias cruzadas entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic –que alega que hay propietarios armándose para la autodefensa- y abogados y residentes de la zona –que la acusan de proteger usurpadores y por incumplimiento del deber de funcionario público-.

En la provincia de Buenos Aires, ocupaciones de terrenos ferroviarios en Victoria afectaron el servicio del ferrocarril Mitre, mientras aparecen denuncias de ocupaciones en localidades como General Rodríguez y en la zona sur del conurbano, lo cual motivó la reacción de intendentes preocupados por un posible "efecto contagio".

Y a muchos les vino el recuerdo de otros momentos similares del pasado reciente. Como, hace 10 años, el copamiento masivo del Parque Indoamericano, cuando una multitud de 13.000 personas ocupó una extensa zona verde del barrio de Soldati, e inmediatamente comenzaron a lotearlo, demarcar parcelas e iniciar planes de construcción.

Aquellos fueron días violentos, con represión policial y acusaciones cruzadas entre los gobiernos nacional y de la Ciudad. Finalmente, se revirtió la ocupación, en parte por la gestión municipal y en parte por la presión de los irritados vecinos de Soldati, que alegaban que, si se formalizaba una nueva villa frente a sus departamentos, sufrirían una pérdida de 40 por ciento en el valor de sus propiedades.

Pero aquel incidente tuvo el efecto de blanquear ante el resto de la sociedad algo que hasta entonces estaba oculto: el explosivo crecimiento de las villas implica un negocio inmobiliario de la economía negra. La población se asombró al enterarse de que los ocupantes del Parque Indoamericano eran inquilinos de villas que ya no podían pagar los alquileres, tras un ajuste del 50 por ciento.

Y no sólo se trataba de alquileres elevados en términos de los ingresos de esas zonas marginales: eran altos incluso comparados con barrios caros de la ciudad. La explicación era que, al tratarse de personas sin trabajo formal ni ingresos regulares –en muchos casos hasta indocumentadas- resultaba casi imposible su acceso al mercado del alquiler formal. En consecuencia, quedaban en manos de un mercado informal dominado por los "dueños" de las villas, con sus propias reglas económicas.

Crisis de ese tipo tuvieron sus conatos de repetición, por caso en Jujuy, cuando más de 2.000 familias protagonizaron una masiva invasión de terrenos en 2011, lo cual dio lugar a un efecto contagio en Tucumán, Salta y la zona sur de Buenos Aires.

En aquel momento, esos eventos dejaban al descubierto una cruda realidad que no lograba ser escondida por el boom consumista del "modelo K": había un déficit habitacional que estudios como el de la Universidad Católica estimaban en tres millones de viviendas.

¿Delincuencia o necesidad?: el dilema irresoluble

Lo cierto es que cíclicamente el problema regresa, en medio de un debate eterno sobre cómo abordar el problema de las usurpaciones. Hay un antigua discusión filosófica entre un sector que promueve la entrega de títulos de propiedad y otro que pide el desalojo y reubicación de los asentamientos irregulares.

Para el primer grupo, hay que actuar con realismo y asumir que en las grandes ocupaciones, como las villas de la Ciudad de Buenos Aires, no es factible pensar en la reversión del fenómeno. En esa línea se inscribe Horacio Rodríguez Larreta que en 2016 inició el proyecto de urbanización de la villa 31, donde viven más de 40.000 personas.

Los defensores de esta postura sostienen que hay un elemento virtuoso en el título de propiedad, porque resulta un incentivo para el progreso individual y social. No todos comparten esta visión, claro. Hay un grupo eternamente preocupado por el gasto público que considera que la medida es apenas una forma nueva para el tradicional asistencialismo, y que no se arreglará ninguna cuestión social de fondo.

Y ese es el debate que amenaza con volver, ahora que por efecto de la cuarentena el nivel de pobreza se acerca a un inédito 50%, según las proyecciones que hacen economistas como Orlando Ferreres.

Es en esos momentos en que la imposibilidad del pago del alquiler se hace patente para vastos sectores de bajos ingresos, y cuando el incentivo a la ocupación de tierras aflora nuevamente.

Eso entrevieron los funcionarios del Gobierno, que fueron objeto de duras críticas porque en las entrelíneas de sus declaraciones se podía leer cierta resignación a que las ocupaciones resultarían inevitables.

Sabina Frederic habló de la necesidad de no confundir la inseguridad –es decir, la delincuencia en su formato tradicional de robo- con las ocupaciones de tierras que surgen como resultado de "un déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliar con soluciones que se anticipen al problema".

Y la ministro puso el dedo en la llaga: la dificultad del Gobierno para abordar un problema social y, al mismo tiempo, dar una respuesta a los indignados propietarios de los terrenos. Su alusión a la necesidad de prever las ocupaciones podría leerse como una tácita autocrítica sobre la gestión en el área de vivienda.

En un tono similar al de Frederic se pronunció el gobernador Axel Kicillof, para quien "es innegable que hay una necesidad".

Propietarios indignados

En todo caso, quedó en evidencia una disyuntiva política difícil de resolver: una ley de la provincia de Buenos Aires establece las prohibiciones de desalojos hasta septiembre, mientras que un decreto de la Nación los prohíbe hasta marzo. Y hay alta probabilidad de que esas vigencias sean extendidas.

La postura de Frederic fue interpretada como una aceptación de que los derechos de los intrusos, por tratarse de una situación de emergencia social, tienen prioridad por sobre los de los propietarios, lo cual desató la esperable ola de indignación en las redes sociales. Decenas de testimonios de gente que refería haber sufrido invasiones cíclicas con pasividad de la policía –e incluso con suspensiones de órdenes de desalojo- hicieron levantar la temperatura del debate.

Por lo pronto, la oposición vio una veta para la crítica. Entre los que piden medidas urgentes está Jorge Macri, intendente de Vicente López, que publicó un mensaje dirigido a Kicillof, urgiéndolo a definirse con claridad y abandonar las ambigüedades.

"Los ciudadanos merecen conocer su postura. Como intendente necesito su visión política al respecto. La necesidad de algunos, no puede generar el caos en todos. El problema de la toma de tierras, lejos de desaparecer, hoy se agrava frente al silencio y la inacción. La posición del Gobierno es urgente para tener un lineamiento claro ante las crecientes tomas".

Y luego, haciendo uso del léxico preferido por el kirchnerismo, reclama "un Estado presente" que proteja el fruto del trabajo de los ciudadanos.

Mientras que Cristian Ritondo, líder del bloque de diputados del Pro, apuntó contra la ministra Frederic, a quien acusa de incentivar las usurpaciones: "¿Cómo puede decir que la toma de tierras no es un asunto de seguridad? Las usurpaciones se dan entre armas, incendios y descontrol; si el Estado no toma cartas en el asunto, los vecinos quedan completamente desprotegidos".

Una interna al descubierto

Es así que el Gobierno se enfrenta al riesgo de una temida fisura interna, que deja en evidencia dos posturas ideológicas sobre el tema: de un lado, los que anteponen el problema social y se niegan a equiparar a los usurpadores con delincuentes. Y del otro, los que abogan por una postura firme en defensa de los derechos de propiedad.

En esta segunda postura se destaca Sergio Massa, conocedor profundo de la zona norte del conurbano, donde se produjeron algunos de los incidentes más graves.

"El Estado tiene que hacer cumplir la ley y, si hay gente tomando tierras, lo que tiene que hacer es desalojar", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, tomando distancia de la postura de Frederic y reafirmando su discurso de una política activa contra la inseguridad.

Propuso, además, una medida que podría ahondar la fisura interna: suspender todas las asistencias estatales, como la Asignación Universal por Hijo o el IFE a quienes invadan terrenos. Casualidades de la política argentina, el mismo tipo de medidas que una década atrás había impulsado María Eugenia Vidal –entonces ministra de Desarrollo Social de la Ciudad- para los ocupantes del parque Indoamericano.

Pero tras esas declaraciones, Massa fue desmentido por Fernando "Chino" Navarro, secretario de relaciones institucionales del gabinete y un referente para las organizaciones sociales del conurbano. "Ejercer el poder de policía tan fuerte contra los débiles no hablaría bien de nosotros", señaló. Y aclaró que le había dejado en claro su postura al propio Massa. 

"La declaración punitivista, que algunos medios o factores de poder quieren escuchar, es fácil hacerla para la tribuna, pero lo importante es resolver los problemas", dijo Navarro, quien puso como ejemplo de gestión correcta del conflicto la mesa de diálogo creada con el municipio de Presidente Perón, donde unas 2.000 familias realizan desde hace semanas una toma ilegal en un predio de 100 hectáreas.

Mientras tanto, en el bando de los "duros", otra figura del Gobierno que quiere proyectar su crecimiento político de la mano de un discurso de "mano dura" intervino en la discusión. Se trata de Sergio Berni, que en este tema no sólo reafirma sus diferencias con Frederic sino hasta con el propio gobernador Kicillof.

Según el ministro de Seguridad de la provincia, detrás de la necesidad real de la gente sin vivienda, hay una organización de "vivos que aparecen para ver cómo sacan provecho". Relató que cada noche logra desarticular dos tomas de terrenos, y que es habitual la presencia de organizadores que identifican los lugares, los lotean y los venden.

"En la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada no se discuten. Los bonaerenses tienen que estar tranquilos: el que hace una toma va a ir preso", dijo el controvertido ministro.

Como en otros conflictos, queda la duda de cómo actuará Alberto Fernández, a quien le toca el rol de árbitro en un tema delicado, que toca la sensibilidad del núcleo más a la izquierda del kirchnerismo. Hoy ya nadie lo recuerda, pero paradójicamente la propia Cristina Kirchner se quejaba en 2010 de que las invasiones no tenían nada de espontáneo: "Esto no se desmadró, se apadrinó", decía la entonces presidenta.

El fantasma del "mapuchismo" armado

Para empeorar las cosas, además del fantasma del enfrentamiento entre civiles, el Gobierno ve en estos días el riesgo de que resurja el conflicto que conmocionó al país durante la gestión de Macri: la pelea del movimiento mapuche por la ocupación de tierras sobre las cuales alega tener derechos ancestrales.

Los conatos de hechos violentos trajeron al tapete el recuerdo de la trágica muerte de Santiago Maldonado en el río Chubut y la de Rafael Nahuel, muerto en un tiroteo con la policía en Río Negro.

También en este caso la actitud de Sabina Frederic estuvo en el epicentro el problema político, porque pareció alinearse con los usurpadores, una situación que provocó la alarma del propio peronismo de Río Negro, al punto que la gobernadora Arabela Carreras tuvo que pedir a Santiago Cafiero que pusiera su atención sobre el accionar de grupos violentos dentro del movimiento mapuche.