Otro abogado de Cristina Kirchner es candidato a ocupar un cargo clave en la justicia federal
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El abogado Roberto Boico, que representa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, es uno de los nombres que más fuerte suenan para ocupar uno de los varios cargos vacantes en la estratégica justicia federal de Mar del Plata.
Junto al cuestionado proyecto de reforma judicial, el Gobierno de Alberto Fernández creó por decreto la creación del Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional, que tendrá la tarea de debatir, durante 60 días, temas como la composición de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, los juicios por jurados, el recurso extraordinario y el funcionamiento del Ministerio Público. Uno de los 11 juristas que la integran es Carlos Beraldi, otro de los defensores de la ex presidenta.
Según detalla el portal Tribuna de Periodistas, en Mar del Plata, por ejemplo, se contempla la creación del Juzgado Penal 5. En la actualidad, en la órbita federal hay dos civiles y dos penales.
De acuerdo a diversas fuentes consultadas, Roberto Boico, defensor de la vicepresidenta en la causa por el memorándum con Irán, está muy bien posicionado para ser designado en Cámara.
La Alzada marplatense cobró mucha notoriedad al intervenir en la causa por presunto espionaje ilegal instruida por el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, donde están procesados, entre otros, el Fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, tema del que este medio se ocupó en varias ocasiones. Próximamente deberá pronunciarse sobre ambos procesamientos.
En agosto de 2015, el periodista Nicolás Wiñazki en agosto de 2015, Roberto Boico revistió como empleado jerárquico del ex vicepresidente Amado Boudou en el Senado y es muy allegado a Eduardo Barcesat, abogado de las Madres de Plaza de Mayo.
La Reforma Judicial obtuvo dictamen: qué puntos se mantienen
El proyecto de Ley de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo este miércoles dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión.
La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.
El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica.
Entre otros puntos:
- Se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales.
- Se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública.
- Se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.
Modificaciones al proyecto original
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, anunció algunos cambios a la iniciativa original.
Entre los cambios, se incluyen:
- Otorgarle mayor transparencia a los sorteos de las causas, que deberán ser filmados.
- Sumar las audiencias públicas a la selección de magistrados.
- La no unificación de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo.
Sin embargo, no se aceptaron algunos reclamos hechos por senadores del oficialismo, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que pidió incorporar la exigencia a los jueces de un "plazo determinado para dictar sentencia", así como "atribuirle la competencia de la Cámara Federal a los Tribunales Orales Federales".
No obstante, Sacnun recordó que el proyecto que llevarán al recinto la semana que viene podría seguir siendo modificado hasta el momento de iniciar el debate.
Un paso importante, pero no la solución definitiva
La senadora reconoció que no creía "que con solo esta ley" se solucionarán "las grandes dificultades que tiene la justicia federal, pero este es un paso muy importante" y resaltó el artículo 70 del proyecto que "busca evitar que el Poder Judicial sea presionado por los poderes fácticos de la Argentina".
El tema también fue mencionado por el presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, quien dijo "los vimos haciendo eso" en alusión al gobierno de Mauricio Macri.
Además, Parrilli evaluó que el Senado "demostró que no es una escribanía" y que incluso "se introdujeron sugerencias de la oposición, aunque no quieran firmar el dictamen".
El presidente de la bancada oficialista, el formoseño José Mayans, acusó a Juntos por el Cambio de utilizar la "especulación política" para no acompañar el proyecto y dijo que no perdía "la esperanza de que la oposición cambie su actitud".
"Ellos apoyarían el proyecto si lo leen", aseguró Mayans luego del reclamo de la senadora de Juntos por el Cambio por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, quien pedía que le pasaran la nueva redacción.
Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reiteró que "acá la justicia se reforma en interés de la política", que "lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante" e hizo alusión a la movilización del lunes pasado interpretando que "la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena".
Naidenoff reclamó "parar la pelota con este proyecto" y le sugirió al oficialismo que "escuchen las demandas de la sociedad para gobernar bien" para luego señalar: "La gran reforma de la justicia penal la firma en soledad el oficialismo".
Finalmente, el bonaerense Esteban Bullrich advirtió que "el Senado se ocupa más de los problemas de algunos dirigentes del oficialismo que de la gente".
"La oposición no está en contra de la Argentina. Hacemos aportes permanentemente en los proyectos que atienden a la gente. Cuando son proyectos que atienden a dirigentes, como la moratoria que resolvió los problemas de (el empresario) Cristóbal López o este, no lo vamos a acompañar", aseguró.