Curva de contagios y la protesta del 17A: la crisis política que va a estallar dentro de una semana
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El debate político-sanitario argentino tiene un nuevo día D: el 31 de agosto. Ese día se cumplirán dos semanas de la jornada de protesta masiva organizada el feriado del 17 de agosto, y todos están preparados para lo que ocurrirá: cualquier movimiento inusual en la estadísticas de contagiados por Covid-19 será achacada a la aglomeración de gente de ese día.
En consecuencia, vendrán los pases de factura políticos para los dirigentes opositores que acompañaron la convocatoria a la protesta, a la que en los medios afines al Gobierno bautizaron como "la marcha de los contagios".
De la misma manera, si no hubiera grandes variaciones en la cantidad de casos, o si la curva iniciara un descenso, los que critican la estrategia de la cuarentena verán su argumento reforzado y pedirán acelerar las normas de flexibilización.
La politización definitiva del tema sanitario se produjo con la polémica por el caso Solange, uno de esos hechos que suponen un punto de inflexión.
La trágica situación de la chica enferma de cáncer que falleció en Córdoba sin que su padre fuera autorizado a ingresar a la provincia para verla en sus últimas horas tuvo un alto impacto a nivel social. La carta que escribió Solange poco antes de morir, en la cual planteaba "Hasta en mi último suspiro tengo derechos" se transformó en un símbolo para quienes vienen equiparando la política de aislamiento con una vulneración a las libertades individuales.
Fue en semejante marco de sensibilización que se intensificaron las críticas al Gobierno, incluyendo cacerolazos en algunos barrios porteños la noche del viernes, una situación que incomoda al Gobierno, donde se percibe una falta de estrategia respecto de cómo manejar la comunicación política ante las expresiones de protesta.
La pandemia en la grieta política
Pocas horas antes, el presidente Alberto Fernández había encabezado un acto junto a tres intendentes del conurbano para anunciar obras ferroviarias, y vio ahí la ocasión para reafirmar la estrategia de la cuarentena, a la que calificó como la condición necesaria para que ahora se pueda planificar la etapa de recuperación económica.
"Si no hubiéramos aprovechado esos días iniciales de la cuarentena, hoy la provincia de Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires fundamentalmente, tendría saturado el sistema de salud".
En simultáneo, se producía la ola de indignación por el caso Solange. Las primeras críticas se centraron el Claudio Vignetta, el funcionario a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba, quien justificó la polémica prohibición de ingreso a la provincia para el padre de Solange: "En procura del cuidado de todos los cordobeses nosotros tenemos que dar cumplimiento al protocolo de ingreso a la Provincia de Córdoba".
Con el correr de las horas, las quejas se hicieron extensivas al gobierno provincial de Juan Schiaretti y también a las autoridades a nivel nacional.
En una típica mezcla temática que deja en evidencia el estado de la "grieta" política argentina, circulaban cuestionamientos por el caso Solange, mezclados con una reforzada presión para que el gobierno cordobés no apoyara con el voto de sus diputados el proyecto de reforma judicial.
Del otro lado de la grieta, otro caso trágico fue el disparador para los dardos que apuntaron al espacio opositor, en este caso al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La muerte de Virginia Viravica, enfermera del Hospital Durand, dio pie a una denuncia por falta de condiciones adecuadas para el trabajo del personal de la salud.
Con esa muerte, ya se cuentan tres casos en ese centro de salud de la Ciudad, donde 300 empleados se contagiaron el coronavirus. Y desde el gremio ATE se describió una situacion de "terapias llenas y con poco personal". En la protesta, los trabajadores del Durand mostraban carteles donde se leía: "Larreta: tu indiferencia y el Covid 19 nos matan. Enfermería profesional es inclusión, ley 6.035".
En contraste con ese ambiente de reclamo, el ministro de salud del gobierno porteño, Fernán Quirós, dio una visión relativamente optimista sobre la marcha de la enfermedad, al afirmar que "la curva en la Ciudad está madura y es cuestión de pocas semanas para que empiece a descender".
El ministro Quirós está gradualmente trascendiendo su ámbito médico para transformarse en actor político: respecto de la protesta del 17 de agosto, había dado su apoyo a la gente que marchó, en fuerte contraste con las críticas que hicieron sus colegas de la provincia de Buenos Aires. Y, por otra parte, antes había contestado una acusación del Presidente, en el sentido de que los centros de salud porteños tenían su capacidad desbordada y por eso los adultos mayores tenían que atenderse en la provincia. Según Quirós, esos traslados no fueron responsabilidad del gobierno de la Ciudad sino de decisiones administrativas del PAMI.
El colapso, ¿un peligro real?
Lo cierto es que conforme pasan los días y la curva de contagios sigue en ascenso –ya bien por encima de los 8.000 nuevos casos diarios-, la estrategia sanitaria pasó a formar una parte central de la grieta política.
La tendencia de Rodríguez Larreta a avanzar en la flexibilización del aislamiento, incorporando nuevas actividades, contrasta cada vez más con el reclamo de cuidados desde el gobierno provincial que conduce Axel Kicillof.
Y las críticas -al principio sólo elípticas y con evidente intención de no romper el clima de coordinación- empezaron a tomar un cariz más confrontativo.
Por caso, la ministra de gobierno bonaerense, Teresa García, había reclamado que los opositores con responsabilidad de gobierno en la provincia hicieran una condena explícita por las aglomeraciones de la protesta del 17 de agosto.
"Los 62 intendentes bonaerenses del macrismo y del radicalismo deberían haberse expresado respecto de esto. Disimular y mirar para el costado no resuelve la situación de fondo. Tiene que haber una expresión pública respecto de esto", se quejó la funcionaria.
Antes, el jefe de gabinete, Carlos Blanco, había tenido un duro entredicho con dos intendentes opositores, Julio Garro, de La Plata, y Gustavo Posse, de San Isidro, por haber habilitado la práctica de deportes en sus respectivos partidos. El funcionario de confianza de Kicillof reclamó responsabilidad y trascendió una frase dura: "El que no cumple la ley está matando gente".
La relación con la oposición ya venía en deterioro, como quedó demostrado cuando los intendentes Vicente López, Tres de Febrero y Lanús, a modo de protesta, se retiraron de una videoconferencia con Kicillof cuando el gobernador criticó a Rodríguez Larreta.
En medio de ese clima enrarecido, empieza a generar confusión el uso informativo del indicador crucial de estos días: el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva.
Desde el inicio mismo de la pandemia, fue el gran tema a evitar, y de hecho toda la estrategia de la cuarentena dura estuvo dirigida a evitar un colapso del sistema hospitalario. Durante semanas, se exhibieron cifras crecientes de ocupación de las terapias, lo cual resultó funcional a un acatamiento alto del aislamiento.
El ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, había pronosticado a fines de julio que, dado el empinamiento que estaba tomando la curva de contagios, probablemente se llegaría a un colapso del sistema en para la segunda quincena de agosto.
Ahora, sin embargo, ese tema no parece tan claro y hasta empiezan a circular datos contradictorios. Tanto en la ciudad como en el conurbano, hay estadísticas que marcan una tendencia a la caída en la saturación de las salas de terapia intensiva. Algo que se contradice con los testimonios del personal de la salud, que dan cuenta de una situación estresante.
Para algunos expertos que siguen la estadística de contagios e internaciones, ya aparece evidencia de que la sociedad está subiendo sus niveles de inmunidad comunitaria. Otros, atentos a los rebrotes de Europa, piden cautela.
Pero resulta difícil mantener el debate a salvo de las argumentaciones políticas. Algo a lo cual tampoco contribuye la controversia en torno a la llegada de la vacuna de Oxford, otro tema que alimenta la grieta, por las denuncias de "zonas grises" en el contrato que unirá al Estado argentino con el empresario farmacéutico Hugo Sigman.