El blanqueo de capitales, otro potencial conflicto en la tirante relación entre Alberto y Cristina

Después de haber confesado su error de cálculo político con el caso Vicentin –creyó que iban a aplaudirlo y darle las gracias por la expropiación de la empresa, pero se encontró con el repudio de una clase media rural que sintió amenazado su estilo de vida-, Alberto Fernández vuelve a correr riesgos que le pueden pasar factura. Uno de ellos es el blanqueo impositivo, que está otra vez en la agenda.

Y se trata de un peligro doble. Desde la oposición, porque está muy fresco el recuerdo del blanqueo hecho por Alfonso Prat Gay al inicio de la gestión macrista, y se trató de una operación en la que se legitimaron –es decir, pasaron a formar parte de la base imponible- unos u$s100.000 millones. El efecto fiscal de esa medida se sintió de inmediato, al punto que permitió reducir el déficit en tres puntos del PBI y mejorar en $20.000 millones el ingreso, algo así como 30% por encima de las previsiones.

Si todas las comparaciones son odiosas, esta lo es mucho más, porque en aquel momento había una avidez por retornar capitales al país, en un momento en el que abundaba el crédito a nivel global. Y además, estaba el aliciente adicional de las nuevas normativas internacionales contra los paraísos fiscales. Ahora, en cambio, la pandemia generó una crisis financiera en la cual Argentina corre con desventaja por captar crédito.

De manera que nadie cree que un blanqueo pueda arrimarse a una ínfima parte de lo que significó el realizado en 2016. Es más, ni siquiera hay expectativas en el sentido de que pueda reeditarse el resultado de los blanqueos hechos durante el gobierno de Cristina Kirchner, que en 2009 logró ingresar u$s4.700 millones y en 2015 –después de dos años de prórrogas- captó u$s2.600 millones de los u$s4.000 millones que se había fijado como meta.

Nadie se anima a dar una previsión de cifras, pero por cierto que nadie cree que pueda alcanzar un nivel comparable con los intentos de los gobiernos previos, y hasta hay expertos del área tributaria que ya se animan a pronosticar un fracaso, basándose en la existencia del cepo al dólar y en el propio debate sobre reforma tributaria que podría implicar un mayor castigo al patrimonio.

Entre chicanas y la irritación de los socios

Pero ese no es el único peligro que enfrenta Alberto Fernández si se decide a llevar a cabo esta propuesta que le arrimaron los empresarios de la construcción. Acaso más que un bajo nivel de adhesión le preocupe la posibilidad de agregar un nuevo motivo de fricción en su difícil convivencia con el kirchnerismo.

Después de todo, la crítica al blanqueo de Prat Gay había sido un eje central en el discurso opositor kirchnerista durante toda la gestión macrista. Se cuestionó el premio inmerecido a quienes habían evadido durante años, se fustigó el hecho de que se haya incluido –a pesar de que la ley lo prohibía expresamente- un permiso para que familiares de los funcionarios pudieran adherir. Y, luego de cerrado al plazo, se difundió ampliamente la nómina de los blanqueadores, que en teoría estaba amparada por el secreto fiscal y resguardada por los sistemas de la AFIP.

Las comparaciones entre un nuevo blanqueo y el realizado por Alfonso Prat Gay en 2016 genera incomodidad en el kirchnerismo

La incomodidad de que, después de haber condimentado su discurso político con el blanqueo macrista, ahora haya que aceptar –y, lo peor, salir a defender en público- un nuevo blanqueo ya está resultando evidente en los círculos cercanos a Cristina Kirchner.

Desde los medios que la ex presidente elige para enviar señales a Alberto Fernández –como ocurrió con el artículo del economista Alfredo Zaiat que critica el acercamiento a las cámaras empresariales- se está esbozando una propuesta sobre cómo ayudar a reactivar la economía.

El mensaje es que no se debe caer en el error de ser "tímido" ni temer a las advertencias "ortodoxas" sobre el gasto público ni con la emisión monetaria. Y apunta a que habrá tiempo de acomodar las variables cuando haya pasado la emergencia.

Desde esa óptica, el camino es claro en el sentido de aumentar la presión impositiva sobre las grandes empresas y los individuos a patrimonio alto. Recomiendan para ello el aumento de alícuotas en Bienes Personales y la aprobación del demorado impuesto a las grandes fortunas.

Con esos recursos más la asistencia monetaria del Banco Central, plantean desde las usinas de pensamiento K, se debe diseñar un plan de obras públicas que genere empleo, aunque sin descuidar la asistencia que hoy se canaliza en planes como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Sin embargo, observan y dejan entrever la preocupación por las señales que envían los funcionarios, en el sentido de que se está en el límite para seguir apelando a las herramientas del aparato estatal.

El ministro Martín Guzmán lo expresó en términos contundentes: "La ayuda la financiamos con emisión monetaria y con emisión de deuda en moneda local porque tenemos un déficit en términos de recursos. La torta se ha achicado y estamos viviendo económicamente con lo nuestro. Nada es gratis en la economía".

En ese marco, los avisos de que el IFE ya no podrá extenderse en todo el país, y que además se apoyará las propuestas de cámaras empresariales para fomentar la inversión mediante incentivos tributarios ya provoca expresiones de desconfianza cada vez menos encubiertas, como se hizo evidente en los últimos días.

Un nuevo blanqueo destinado a blanquear los dólares que están fuera del sistema implicaría, además, aceptar el uso de una herramienta que se había criticado al gobierno anterior.

"Una dispensa a la responsabilidad de los evasores atendiendo a la necesidad de dinamizar la economía. Un medio reprobable (injusto con los contribuyentes cumplidores) para un fin supuestamente virtuoso", lo definió un editorialista de Página 12.

Y, de hecho, las chicanas políticas desde la oposición no se hicieron esperar, aunque con referencia a la moratoria, una medida a primera vista indiscutible en estas circunstancias, pero sobre la cual pesan las sospechas de estar diseñadas para favorecer a empresas amigas del Gobierno.

En esa línea, el diputado macrista Luciano Laspina planteó la necesidad de que se incluya un premio a los buenos pagadores, para que la medida no implique un desincentivo: "La moratoria sistemática en Argentina no puede seguir castigando a los buenos contribuyentes", afirmó.

Y no faltaron las ironías, como la del economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, que escribió: "En Argentina te dormís 70 años, te despertás y gobierna el peronismo y siguen con cepo, default, amplia moratoria, blanqueo de capitales, ley de alquileres y te dicen que el Estado va a reconstruir el país haciendo un plan de infraestructura".

Pesimismo sobre el dinero a blanquear

En medio de esas presiones políticas y económicas, lo peor que podría pasarle a Alberto Fernández sería pagar el costo político de una medida que, finalmente, no tuviera mucho efecto sobre el nivel de actividad.

Ese es el tema que en este momento se mira con lupa en las oficinas de los funcionarios y en las sedes empresariales.

Por lo pronto, las primeras reacciones fueron de un frío glacial entre los analistas. Abundaron los augurios de fracaso, en la medida en que prosigan las restricciones del mercado cambiario, que no se avance en una reforma tributaria de fondo y que no se explicite un plan económico integral.

Por caso, el tributarista César Litvin dijo en una entrevista radial: "El blanqueo de capitales como medida única no serviría si no viene acompañado por una reforma tributaria que haga más atractiva la inversión en la Argentina". Y recordó que la recurrencia cíclica de los blanqueos de capitales "denotan que el sistema tributario argentino está enfermo".

En tanto, su colega Diego Fraga destaca que los antecedentes recientes juegan en contra, porque la presión impositiva ha aumentado desde el blanqueo anterior. Y enumera, como factores de desincentivo, la instauración del impuesto a la renta, los aumentos sucesivos sobre Bienes Personales, el abandono del consenso fiscal y el actual debate sobre un nuevo impuesto a la riqueza.

El hecho de que los propios empresarios de la construcción hayan planteado el blanqueo pone una cuota de optimismo frente a los pronósticos de fracaso que hacen los expertos tributarios

La tentación del anabólico

En definitiva, el planteo es que difícilmente alguien se sienta atraído a exteriorizar capital no declarado justo en un momento en el que se debate una reforma tributaria en la cual parte importante de la coalición gobernante plantea la necesidad de incrementar la presión sobre el patrimonio, por ejemplo con mayores alícuotas sobre Bienes Personales.

Ese punto pone la gran nota de duda sobre cuánto pueda ser el volumen que ingrese al blanqueo.

Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) no oculta su escepticismo: "Creo que, en términos de volumen, va a ser muy poca plata, nada que pueda compararse con otros blanqueos en los cuales se blanquearon activos que estaban en el exterior. Esto implicaría traer dinero al país. Es decir, convencer al que no se animó con Macri a que lo haga ahora".

De todas formas, cree que puede haber una esperanza de éxito en la medida en que haya gente que se pueda tentar por los bajos valores inmobiliarios en este momento. "Además, es un sector que todavía maneja bastante informalidad, con lo cual se podría blanquear pero a un subvalor", observa.

No obstante las críticas, hay en este blanqueo un hecho indiscutible que, para algunos, puede conllevar chance de éxito: nació como una propuesta de los propios empresarios, lo que induce a pensar que, en principio, hay una serie de "candidatos" a blanquear que ya está identificada.

No por casualidad, uno de sus principales sponsors han sido el ex mandatario Eduardo Duhalde y su ex ministro de la producción y actual titular del BICE, José Ignacio de Mendiguren. Jugando su clásico rol de articulador entre el lobby empresarial y el sistema político, el "Vasco" destacó que en un momento de emergencia debe primar el pragmatismo y fijarse como objetivo la captación de parte del ahorro nacional no declarado, que "equivale a un PBI".

En ese sentido, el consultor Salvador Di Stefano, que hace tres meses había publicado una propuesta para una especie de blanqueo ligado a proyectos productivos, plantea que se obtendría como efecto secundario positivo un refuerzo de las reservas del Banco Central si se aceptara tomar dólares a una valuación "turista".

Pero el argumento al que el Gobierno debe estar prestando más atención es al de los propios empresarios de la construcción. Al decir de Iván Szczech, presidente de la cámara sectorial, un tercio de la fuerza laboral de esa actividad perdió su trabajo mientras otro tercio está suspendido. Y el blanqueo traería de la mano la reactivación de un sector con potencial de efecto multiplicador.

Un argumento tentador para un Gobierno agobiado por el desplome económico, aunque con el riesgo de un doble filo, justo cuando está al rojo la interna con un kirchnerismo duro que desconfía del acercamiento al empresariado.