La marcha atrás de Alberto con el recorte al IFE intensifica el debate sobre de dónde saldrán los recursos de la ayuda estatal
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El Gobierno volvió a experimentar en carne propia las dificultades para hacer que las medidas nacidas en teoría como ayudas transitorias no terminen convirtiéndose en un salvavidas permanente.
La marcha atrás con el recorte del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las provincias que están en la fase flexible de la cuarentena dejó en claro las presiones a las que está sometido Alberto Fernández. Todos, desde los sindicatos a los empresarios, desde la oposición hasta el núcleo duro kirchnerista, desde los gobernadores hasta las organizaciones sociales, le piden que mantenga abierta la canilla de la asistencia, a pesar de las señales de insostenibilidad fiscal de esa política.
En la reunión por conferencia con los gobernadores, se justificó el mantenimiento del IFE –que pagará íntegramente su tercera cuota, a un costo de $90.000 millones-, con el argumento, según palabras del Presidente, de que gracias a esta medida se logrará "que millones de argentinos no caigan en la pobreza".
Una explicación que podría sonar extraña cuando apenas dos semanas antes el mismo Fernández había anunciado que el IFE sólo justificaba ser mantenido para aquellas zonas del país que se mantenían bajo régimen de cuarentena estricta.
Esto implicaba dejar sin cobertura a más de la mitad de los beneficiarios, lo cual de inmediato encendió las alarmas por parte de quienes vieron que el alivio de la cuarentena, lejos de representar una mejora en la calidad de vida, podría significar el inicio de peores penurias en varias zonas del país, como consecuencia del recorte de la ayuda estatal.
Enseguida se hizo evidente el impacto político de ese recorte en provincias de fuerte peso sobre la opinión pública del interior del país, como Córdoba y Santa Fe. El hecho de que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, haya confirmado que Córdoba dejaría de recibir 391.000 coberturas –dos tercios respecto del régimen inicial- fue la principal noticia política.
El tema fue objeto de reclamos por parte de organizaciones sociales y causó preocupación entre los gobernadores, que iniciaron gestiones ante la Casa Rosada para tratar de atenuar el recorte.
Y llevó a reclamos por parte de los sectores kirchneristas del Gobierno: luego de conocerse la reacción positiva del mercado por la nueva propuesta del canje de la deuda, hubo una presión para que se revisara la dureza del recorte. En ese sentido, según reveló la titular de Anses, Fernanda Raverta, se comenzó a evaluar si la capital cordobesa podría mantener el ingreso de los IFE que habían sido anulados cuando la provincia pasó a la fase flexible de la cuarentena.
Pero una medida que atendiera a algunas regiones y no a otra implicaba para el Gobierno la apertura de frentes de conflicto con los gobernadores. Rápidamente se consolidó la idea en el gabinete de que el recorte del IFE no podría ser levantado parcialmente sin recibir acusaciones de favoritismos y discriminación.
Fue así que la idea original de aplicar pagos diferenciados según en qué estadío de la cuarentena se encuentren resultó un criterio políticamente antipático y difícil de sostener. Al anunciar la marcha atrás de la medida, el Presidente destacó el esfuerzo fiscal y dio a entender que luego del pago del tercer IFE, probablemente ya no habrá una continuación en la medida.
Pero lo cierto es que el Gobierno logró una paz transitoria por un mes. Nadie en el Gobierno se atreve hoy a afirmar que el recorte pueda efectivamente realizarse.
Después de todo, ya van varios intentos fallidos por cortar las asistencias más onerosas. Por caso, se había anunciado que el programa ATP de asistencia salarial quedaría acotado a las pymes, pero el lobby empresarial llevó a que Alberto Fernández revisara la medida.
Y ahora, las felicitaciones y agradecimientos de los gobernadores al Presidente por la extensión del IFE dejan al descubierto que había habido pedidos desesperados para que no se cortar la asistencia.
"Celebramos que el gobierno nacional haya extendido el IFE un mes más, beneficiando de manera directa a 738 mil cordobeses con esta medida", comentó en las redes el gobernador Juan Schiaretti. Mientras que su colega jujeño, el opositor Gerardo Morales, también agradeció públicamente, tanto por el IFE como por la continuidad del programa salarial ATP y por la prórroga de los préstamos tomados por Jujuy con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La elocuencia de la tijera
El lobby que obligó al Gobierno a revisar su decisión resulta comprensible cuando se observan de cerca las cifras en juego.
Por caso, se estima que si se hubiese mantenido el recorte del IFE y otros rubros, el Estado se ahorraría –y, por consiguientes, varias provincias dejarían de cobrar- unos $51.000 millones, el 54% de la masa inicialmente destinada a la asistencia para el sector de informales y desocupados.
A la cabeza de los que más perderían por se encuentran Córdoba –que dejaría de recibir $7.400 millones del IFE-, Santa Fe -$6.800 millones-, Tucumán -$3.900 millones-, Salta -$3.600 millones- y Mendoza -$3.500 millones-.
Pero claro, ese es el ranking si se mide la pérdida en monto total de dinero, por lo cual es natural que las provincias con mayor población sean las que aparezcan como más afectadas. En cambio, si se considera lo que se dejaría de percibir por los recortes en el IFE y el programa salarial ATP pero no en términos nominales sino por su importancia respecto de toda la masa salarial, las que más perderían son las provincias pequeñas.
Así, Santiago del Estero se quedaría sin recursos equivalentes a un impactante 78% de su masa salarial total –sumando privados y estatales-, mientras que Misiones perdería un 40% y Formosa un 39%, de acuerdo a la estimación realizada por la Fundación Mediterránea.
Presiones desde el kirchnerismo
La elocuencia de los números llevaron a un debate interno sobre qué tan rápido debe ser el avance del recorte. Hay reticencias a un programa de asistencia "low cost", lo cual ha quedado evidenciado en las múltiples marchas y contramarchas.
Si bien por un lado la situación fiscal es apremiante y las medidas de asistencia fueron desde un inicio planteadas como medidas de excepción, también por otra parte hay quienes, dentro de la coalición de gobierno, alegan que no se puede realizar un recorte abrupto sin arriesgar un agravamiento de la situación social.
El argumento es que la flexibilización de la cuarentena no supone un alivio inmediato para los desocupados ni trabajadores informales, lo cual es visto por sectores kirchneristas como un riesgo de que el propio Gobierno fomente un agravamiento de la desigualdad social previa al efecto coronavirus.
Por otra parte, una reapertura formal no implica una reactivación de hecho, sobre todo en aquellos rubros de la actividad que, por su propia naturaleza, dependen de un contacto humano que está vedado por la pandemia, tales como el turismo, el transporte, los espectáculos y la gastronomía.
De hecho, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, fue una de las más explícitas en reconocer la gravedad de la situación, al justificar la ampliación de la moratoria impositiva, que incluya no sólo a las pyme –como estaba previsto en la versión original de diciembre- sino a prácticamente todo el universo de contribuyentes, desde monotributistas hasta las grandes empresas.
Y se mostró favorable a que las medidas vayan más lejos de lo que suelen ser los planes de pagos para contribuyentes atrasados. "El dato más importante es que hay quita de intereses, por eso la moratoria tiene que salir por ley, no puede decidirlo la AFIP por sí misma", detalló la titular de AFIP, que en el último mes sufrió una caída de 16,2% en términos reales.
Desde las usinas de pensamiento kirchnerista se intensificó el lobby luego de oficializada la nueva oferta para el canje de la deuda. Con el tema en vías de ser despejado, la propuesta es que Alberto Fernández acelere la conformación de un programa económico de emergencia.
Y el reclamo es que eso incluya las actuales asistencias de los programas ATP para pagar salarios y el IFE en todo el país, al tiempo que se inicie un plan de obra pública y vivienda.
Hay, incluso, motivos políticos para esa postura. En el kirchnerismo no quieren arriesgarse a que desde la oposición los "corran por izquierda" en el tema de la asistencia social, uno de los puntos que conforman el núcleo del discurso peronista.
Ese riesgo ya se había empezado a notar, por ejemplo en la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado radical Luis Petri, que propuso la extensión del IFE hasta septiembre y, además, la actualización de su monto de acuerdo a la inflación que mide el Indec.
Buscando los recursos
Claro que ahora se intensifica el otro gran debate interno: de dónde saldrán los recursos para sostener la asistencia, en un momento de debilidad fiscal. Y ya se insinúa la confrontación entre "halcones y palomas".
Desde los propios medios afines al Gobierno, en especial los ligados al kirchnerismo duro, han hecho advertencias sobre las consecuencias de un excesivo celo por el equilibrio en las cuentas, inducido por "presiones y críticas del establishment".
Según ese punto de vista, los funcionarios del equipo económico están incurriendo en señales peligrosas, tanto por la propuesta de recorte en los planes de asistencia como por la reversión de la expansión monetaria, un cambio de actitud que se evidenció en la absorción de liquidez hecha por el Banco Central.
Lo cierto es que con el retiro de $335.000 millones realizado en junio, más lo que se había absorbido en mayo, el organismo que conduce Miguel Pesce ya retiró casi la mitad del billón de pesos emitidos desde el inicio de la cuarentena.
Para el sector del Gobierno menos proclive al ajuste, este tipo de medidas equivale casi a una claudicación, porque se interpreta esa actitud como –según afirma una nota editorial- una "posición tímida por la amenaza ortodoxa de eventuales desbordes en la pospandemia".
La postura del sector duro es que habrá tiempo para acomodar variables fiscales y monetarias cuando se comience a transitar el camino de la recuperación. Y, de hecho, es la tesitura que ha defendido el ministro Martín Guzmán, que mantiene una pulseada con Pesce, porque éste le reclama mayores tasas de interés para evitar un desborde monetario.
Con los $100.000 millones que le giraron al Tesoro la semana pasada, Guzmán ya recibió, en lo que va del año, $940.000 millones por concepto de "utilidades" del Banco Central, más otros $312.000 millones de adelantos transitorios.
Por cierto que esas "utilidades" no son otra cosas que ganancias contables, generadas por la gran devaluación del peso durante 2019.
Mientras tanto, desde el kirchnerismo duro se sigue intensificando la presión para que Alberto Fernández avance en temas en los que hasta ahora se ha mostrado remiso, como por ejemplo la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, así como una mayor presión en el impuesto a los Bienes Personales.