La nueva urgencia política de Alberto: atenuar la decepción del kirchnerismo por Vicentin

Entre los muchos carteles que exhibieron los manifestantes el domingo del "banderazo", prácticamente no hubo ninguno que mencionara el nombre "Vicentin", pero sí muchos que aludían a la defensa de la propiedad privada. Sin embargo, los que mejor sintetizaban la situación política creada por la propuesta de estatización de la cerealera eran los que decían "Perotti traidor".

"Gente confundida", la calificó Alberto Fernández.

Pero el gobernador de Santa Fe, que se impuso hace escasos ocho meses por un 42% en la provincia de Santa Fe (pero que quedó segundo con 28% en el departamento de General Obligado, sede de Vicentin y epicentro de la protesta), entendió el mensaje.

No por casualidad, ya desde antes de que el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, sorprendiera al reponer los directores originales y "devaluar" la intervención estatal, Perotti ya había avanzado con la "alternativa superadora" que le permitiera superar la crisis política.

Lo que inmediatamente quedó en evidencia fue que el gobernador santafesino buscaba un efecto totalmente contrario al que perseguían los legisladores kirchneristas, La Cámpora, el Instituto Patria y los medios K. Es decir, Perotti buscaba sacar al tema Vicentin del foco de la "grieta" política, llevarlo al carril de la negociación y eliminar cualquier olor a la reedición de una nueva guerra con el campo como la ocurrida con la recordada resolución 125.

Por eso, mientras desde el kirchnerismo –y el propio Alberto Fernández- se seguía hablando de la expropiación y control estatal, el gobernador decía en público que buscaba una solución de gestión mixta, con apertura a la bolsa de valores, capitalización de acreencias y la participación de YPF Agro.

"Habrá sectores que den batallas políticas. Nosotros trabajamos para destrabar este momento, dar respuestas a los acreedores y reposicionar la empresa", decía Perotti, en claro intento por desmarcarse de las posturas más ideologizadas respecto de Vicentin.

Claro, había escuchado a los dirigentes de la Sociedad Rural de Reconquista, que afirmaban: "No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia". Y agregaban que no defendían las conductas empresariales del management de Vicentin, para lo cual confiaban en el accionar judicial.

Tras el "banderazo", el peronismo del interior interpretó que debía evitar un enfrentamiento con la clase media rural

También Alberto Fernández, con el correr de los días, entendió que, sin proponérselo, se había creado una crisis política que le costaría el repudio de una parte importante de la sociedad, y por eso quiso marcar un matiz respecto del kirchnerismo duro.

"Miren, yo no soy socialista. Yo soy peronista. Creo en el capitalismo, más justo y distribuyendo mejor. Creo en el empresario que invierte, que da trabajo y que gana dinero. Creo en ese empresario. Creo en la propiedad privada. Esta medida es absolutamente excepcional", afirmaba el mandatario, en un intento por recomponer con una clase media que veía renacer viejos fantasmas.

El freno del peronismo tradicional

El caso Vicentin está lejos de terminar, pero ya deja algunas lecciones políticas de las que Alberto Fernández está tomando nota.

La primera es que, como dijo el Presidente, la Argentina no va en camino de la "venezuelización". Pero no porque el Gobierno no lo quiera sino porque, como quedó demostrado, hay ciertos mecanismos de defensa que siguen surtiendo efecto.

El primero es el de la protesta popular, algo que el peronismo sabe interpretar como un límite. Los politólogos suelen repetir que el principal activo del peronismo es su tácita "garantía de gobernabilidad", lo que implica el control de la calle y las rutas.

Es por eso que ante la protesta, aparece el nerviosismo: más allá de si los agricultores y la clase media rural que se manifestó son o no votantes del peronismo, los dirigentes saben que constituyen una porción fundamental de la sociedad –la que produce, paga impuestos y moldea la opinión pública- con la que no se puede estar enfrentado.

En el interior esto ya se había entendido esto con claridad hace una década, con la pelea y posterior derrota legislativa por la 125. Y es por eso que el peronismo tradicional, con los gobernadores provinciales a la cabeza, había salido a dar sus alertas tempranos sobre el riesgo que conllevaba sobreactuar la euforia por la intervención de Vicentin.

En Santa Fe, hubo señales de descontento desde el mismísimo gabinete de Perotti, donde el ministro de producción, Daniel Costamagna, rechazó abiertamente la iniciativa y se quejó de haber sido "puenteado" por el ministro Matías Kulfas.

Al mismo tiempo, un sugestivo mensaje del ex presidente Eduardo Duhalde, que fue leído en el ámbito político como una advertencia en el sentido de que si el tema de la expropiación llegaba a un debate parlamentario, podría sufrir el rechazo de parte del peronismo no kirchnerista.

Enseguida se supo el rechazo de Roberto Lavagna a acompañar la iniciativa. El ex candidato cuestionaba explícitamente la retórica que aludía a la recuperación de la "soberanía alimentaria" y adelantó que sus diputados votarían en contra de una estatización. Y el diputado Luis Contigiani contó un proyecto con una "alternativa superadora" que, casualmente, se terminó pareciendo mucho al que el gobernador Perotti luego presentaría en sociedad.

Por si fuera poco, también desde Córdoba, los diputados nacionales que responden al gobernador Juan Schiaretti avisaron que no acompañarían en el Congreso la iniciativa de la expropiación.

A esa altura, Alberto Fernández había entendido el riesgo político en que estaba inmerso: corría riesgo de no contar con mayoría en el Congreso cuando se votara la eventual ley de estatización de Vicentin. O, en el mejor de los casos, lograría una "victoria pírrica", en el que la expropiación implicaría el costo de una fisura interna en el peronismo.

Gobernadores 1- kirchnerismo 0

Cuando el Presidente entendió que el propio peronismo le estaba poniendo un límite para avanzar con un proyecto surgido del Instituto Patria -el "think tank" kirchnerista- tuvo que poner a prueba su cintura política.

Fue así que la prioridad ya no pasó por pelear con Cristina Pérez en las pantallas de Telefe sobre si era inconstitucional la expropiación de Vicentin. De pronto, la urgencia política pasó a ser atenuar la inocultable decepción del kirchnerismo.

Por eso, en sus primeras entrevistas con los medios K se apuró a destacar que la intervención estatal se produciría de todas formas –aunque fuera bajo un formato diferente al original- y que se desplazaría a los dueños de Vicentin, sospechados de haber desviado fondos prestados por el Estado.

Pero fue evidente que en el kirchnerismo esas explicaciones dejaron gusto a poco. Porque lo que se estaba festejando luego del anuncio original era mucho más que la puesta en marcha de una empresa en crisis: era la posibilidad de, por fin, poder poner un pie en el negocio agropecuario.

Más allá de cómo se termine resolviendo la crisis de Vicentin, el kirchnerismo siente que perdió la posibilidad de tener injerencia en el negocio agrícola

Controlar el mercado mediante una "empresa testigo", incidir en precios de granos, así como en cantidades y momentos de liquidación de exportaciones, ese era el objetivo central. Así lo presentaron en forma explícita los medios K, que festejaban el hecho de que una actividad estratégica para la provisión de divisas quedara fuera de "las fuerzas del mercado".

Los expertos del negocio agrícola -como quedó expuesto en un comunicado de la Cámara de la Industria Aceitera- habían advertido que esas funciones de regulador eran inaplicables en un mercado que toma precios internacionales, y además habían aclarado que hoy ya existen múltiples mecanismos de control para asegurar que nadie retenga dólares provenientes de la exportación.

Pero ahora, con la caída de la propuesta inicial, ya ni siquiera quedará el consuelo de un "relato". Si el término "expropiación" –una palabra "cara a los intereses populares", como dijera el intelectual Ricardo Forster cuando la estatización de YPF- ya no puede estar en el centro del debate, el caso Vicentin empieza a perder su esencia política.

Y eso puede implicar un peligro para Alberto Fernández, que ahora debe compensar de algún modo a los socios más radicalizados de su coalición de gobierno. El kirchnerismo, como quedó demostrado en estos días, mantiene intacta su concepción de la política como una eterna identificación y realización de conflictos.

En el entorno de Cristina Kirchner, siguen exigiendo que Alberto mantenga una postura firme. Por caso, Graciana Peñafort, abogada de la hoy vicepresidente, dijo que la opción sigue en pie si fracasa la fórmula Perotti.

Una lectura a los medios K tras el "banderazo" de una pauta de ese reclamo. Hay señales de estupor por el hecho de que aquellos que fueron perjudicados por Vicentin y que, por lo tanto, debían mostrar agradecimiento al Gobierno, salieran a manifestar. Y la conclusión es que ello fue consecuencia de "el odio de clase" de una "minoría estúpida" que se terminó manifestando "a favor de un pagadiós y de un Estado bobo".

Pero, sobre todo, ya hay pases de facturas internos. Hay quejas por la demora en el envío de un proyecto de ley, críticas cada vez menos tapadas a cierta tibieza o falta de decisión de Alberto Fernández para plantear un conflicto abierto con el empresariado.

Y se insinúan sospechas de que el gobernador Perotti está haciéndole el juego al rival al desnaturalizar el proyecto original, por buscar que la crisis de Vicentin "se arregle cosméticamente pero no de fondo". Sí, el atribulado Perotti recibe acusaciones de traición desde todos los frentes.

Además, hay un llamamiento a dar una batalla cultural, dado que se considera que en el caso Vicentin hubo una imposición de los medios de comunicación opositores, que lograron que la opinión pública se torciera contra el gobierno.

En definitiva, se asume que en ese campo hubo una derrota. El estilo y la estrategia de comunicación de Alberto Fernández está en pleno debate por parte del kirchnerismo y se habla sobre cómo sacar partido del aparato estatal de comunicación.

Finalmente, como conclusión temprana del caso Vicentin, el kirchnerismo hacer una constatación de que el Gobierno, si quiere avanzar con su agenda, necesita dar un paso más en la lógica de la confrontación. Escribió José Pablo Feinmann en la contratapa de Página 12: "Alberto F. necesitará crear poder para poder enfrentar enemigos tan decididos y poderosos. No alcanza solamente con el poder de las masas, es necesaria la decisión de luchar".

No es precisamente el mensaje más tranquilizador para el Presidente, justo cuando intenta convencer a la clase media –y a la mitad del peronismo- que no busca que el conflicto sea el que marque su agenda. En todo caso, lo que hizo el caso Vicentin fue dejar al desnudo la tensión interna de la coalición gobernante: las críticas a Alberto son un anticipo de los conflictos que vendrán.