Peronismo tradicional vs kirchnerismo: la pelea interna que llevó al Presidente a revisar la estatización de Vicentin

Primer objetivo, logrado. Anoche no hubo cacerolazos ni protestas masivas por la eventual estatización de Vicentin. Alberto Fernández no resolvió la crisis política pero, al menos puede considerar que empezó a descomprimir una crisis con potencial de escalar hasta convertirse en un nuevo motivo de "grieta" nacional.

Y ahora está embarcado en una misión difícil, porque debe transitar un equilibrio delicado que deje contentas a facciones con intereses contrapuestos. Para empezar, no puede dar un giro que a sus socios kirchneristas les suene a claudicación. En los corrillos políticos ya lo dejaron entrever desde el círculo de Cristina Kirchner: por cuatro cacerolas que suenen no se va a dar marcha atrás con una decisión política a la que se le pegó la etiqueta de "defensa de la soberanía alimentaria".

Pero, al mismo tiempo se debe mantener la buena relación con el peronismo tradicional ligado a las gobernaciones provinciales. Y no fue casual que la persona elegida para hacer las veces de mediador haya sido el gobernador santafecino, Omar Perotti.

El propio gobernador fue el encargado de comunicar a la prensa la tregua de 60 días en la que se buscará que la intervención indague "alternativas superadoras" a la estatización lisa y llana. Y tampoco es casualidad que el mandatario provincial haya enfatizado en el concepto de "rescate" por encima del de "expropiación".

La protesta popular llevó a Alberto Fernández a revisar su postura inicial sobre Vicentin.

Con su alusión al arraigo de las empresas familiares y al aprecio que le tiene la población del interior rural, Perotti dio todo un mensaje político: no hay una condena sino una visión comprensiva sobre las protestas que se generaron esta semana y se procurará aventar los fantasmas del kirchnerismo en su faz más agresiva.

Horas antes de la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había adelantado el tono con el que Alberto Fernández quiere manejar el tema: se trata de un caso excepcional y no de la avanzada de una ofensiva estatizante. Y, por si quedaban dudas, no vamos camino a ser Venezuela

Señales políticas preocupantes

Las señales políticas de las últimas horas le dejaron en claro a Alberto Fernández que el mayor riesgo que conlleva el caso Vicentin no es solamente el del malhumor social en el interior rural y la reinstauración de un clima que recuerda a la crisis de "la 125". Hay también otro riesgo más concreto y menos simbólico, que acaso al Presidente le resulte más preocupante: la posibilidad de una temprana fisura política en la coalición de gobierno.

Porque, lejos de la situación que plantea el kirchnerismo y sus medios afines, el movimiento de protesta va mucho más allá de un piquete armado por la intendencia radical de Avellaneda y un cacerolazo esponsoreado por el canal TN. Más bien al contrario, los principales signos de preocupación vinieron desde el propio peronismo.

Empezando, como es lógico, por el peronismo santafecino, que debe dar respuesta a los miles de pobladores rurales de la zona norte, cuya vida personal y productiva está ha estado íntimamente ligada a Vicentin desde hace varias generaciones.

Fue así que el gobernador Perotti, no pudo evitar que desde su propio gabinete surgieran protestas luego del anuncio de la intervención y probable estatización. Su ministro de producción, Daniel Costamagna, rechazó abiertamente la iniciativa. Ya en la previa se había mostrado explícitamente en contra, y luego del anuncio se quejó de haber sido "puenteado" por el ministro Matías Kulfas.

El gobernador santafecino, Omar Perotti, fue el elegido por Alberto Fernández para mediar en el conflicto.

Y Perotti, sin desautorizarlo, intentó un equilibrio mediante el apoyo al salvataje estatal y el gerenciamiento en manos de YPF Agro, pero evitando pronunciarse sobre la conveniencia de una estatización lisa y llana.

Más explícito fue el ex presidente Eduardo Duhalde, quien realizó declaraciones con cierto tono de "apriete" para con Alberto Fernández. Dijo que, a pesar de no haber hablado con el Presidente, igualmente lo felicitaba por adelantado porque sabía que habría de resolver el problema sin que Vicentin terminara en un proceso de estatización.

Duhalde suele reflejar el punto de vista del peronismo tradicional del interior, ligado a las gobernaciones provinciales. Y su declaración fue leída en el ámbito político como una advertencia en el sentido de que si el tema de la expropiación llegaba a un debate parlamentario, podría sufrir el rechazo de parte del peronismo no kirchnerista.

Y, por cierto, la eventual expropiación generó el rechazo en el ámbito empresarial, y muy especialmente entre los industriales de la alimentación, que hasta se quejaron de que el comunicado de la Unión Industrial no haya sido más duro aun.

Para estos empresarios, la "soberanía alimentaria" que el Gobierno adujo como justificación de la estatización es algo que el sector privado puede garantizar mejor que el Estado: "Lo ha demostrado tanto abasteciendo al mercado interno como en su vigoroso rol exportador de productos alimenticios con valor agregado de gran potencial", establece el informe de la Copal.

Los gobernadores toman nota

Otra crítica destacada fue la de ocho ex secretarios de energía, que firmaron un documento conjunto, en el que advierten sobre las consecuencias negativas para la inversión en el área petrolera, a la que los funcionarios del Gobierno ven como la palanca que traerá divisas al país.

"Es perjudicial disponer medidas gubernamentales arbitrarias, es decir que no pueden ser validadas de acuerdo a las leyes vigentes; por esta razón, las decisiones oficiales como las adoptadas recientemente con la empresa Vicentin, que además involucran a YPF S.A –la principal empresa energética argentina- son negativas para el futuro del país, ya que aumentan la inseguridad y la incertidumbre del proceso genuinamente inversor requerido para la expansión de la producción energética.

Y los gobernadores provinciales de la zona agrícola empezaron a tomar nota de esa alarma. Por lo pronto, el cordobés Juan Schiaretti –un peronista que nunca ocultó su mayor afinidad con el macrismo que con el kirchnerismo- vio cómo el llamado "G6", un grupo de cámaras empresariales de la provincia, salieran a exigir una toma de partido.

Con cartas personalizadas a los tres senadores y 18 diputados nacionales de Córdoba, expresan que una eventual expropiación atentaría contra "las reglas institucionales y marcos de regulación propios de los negocios, poniendo en vilo la confianza y la seguridad jurídica, tan necesarias para la inversión".

Y el texto recuerda que "existe una gran cantidad de ejemplos donde las empresas controladas por los Estados son ineficientes, generan abultados déficits que luego se deben financiar con recursos estatales y afectan la competitividad de los sectores en los que participan".

La situación pone en una situación incómoda a Schiaretti, el jefe político de la bancada legislativa cordobesa, que así se ve, como muchos de sus colegas, obligado a hacer equilibrio entre el alineamiento político con el Gobierno nacional y la satisfacción al reclamo de sus bases provinciales.

En definitiva, los antecedentes políticos le dejan entrever a Alberto Fernández el verdadero riesgo político al que se expone si no logra una fórmula de consenso para el caso Vicentin: en las condiciones en que se hizo el anuncio original del lunes, el debate del Congreso podía desnudar las diferencias internas del peronismo y terminar en votos contrarios a la expropiación. Un remedo de la noche del "voto no positivo" que el presidente no quiere revivir.