Jubilaciones y ajuste: cómo es la reforma previsional "silenciosa" que diseña la Casa Rosada

El Gobierno envió nuevas señales sobre su voluntad de avanzar en un ahorro fiscal en medio de la extendida negociación de la deuda. El último gesto fue el proyecto oficial enviado el jueves de la semana pasada al Congreso para prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta fin de año y volver a fijar por decreto los próximos aumentos en los haberes. De esa manera, el Ejecutivo dispondrá de un mayor margen para manejar los recursos y liberar fondos para otras finalidades, como el pago de la deuda.

Una de las prioridades por estas horas es desindexar el gasto en jubilaciones y pensiones, junto con los salarios del sector público. Justamente, la fórmula suspendida a fines de 2019 se ajustaba un 70% por inflación y un 30% por el índice de remuneraciones RIPTE. La extensión de los ajustes discrecionales en los haberes y la postergación de las paritarias estatales -ya sin cláusulas gatillo- permitiría desenganchar cerca de la mitad del gasto público respecto de la inflación y eventualmente reordenar las cuentas en función de los vencimientos.

El oficialismo reconoció esa preocupación el lunes de la semana pasada durante la reunión de asesores en simultáneo a la comisión de movilidad, encargada de definir el nuevo cálculo.

"La emergencia (previsional) se declara porque no se puede hacer frente a los vencimientos de deuda externa, después vino la pandemia; si no venía era lo mismo, la suspensión de esta movilidad es previa", señaló la técnica designada por el Ministerio de Trabajo, Adriana Micala. "Este parámetro, que algo de ahorro debe haber generado, tenía el objetivo de cumplir con compromisos", agregó.

Los aumentos por la emergencia fueron de entre el 10,1 y el 19,8% en el primer semestre, por debajo de la suba del 23,7% devengada por la Ley de Movilidad. El esquema "solidario" implica la pérdida de entre $541 y $14.022 mensuales en las jubilaciones, dependiendo la escala, y representa un ahorro de $34.000 millones, según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Así, los ajustes afectaron más a los haberes medios y altos, cuyos ingresos aumentaron en menor medida en relación a la mínima, agravando la pérdida de 20 puntos en los últimos cuatro años.

¿La garantía de pago?

En diciembre pasado, cuando se aprobó la Ley de Emergencia, el Congreso congeló la actualización automática por seis meses y dispuso la creación de una comisión para elaborar una nueva fórmula antes del 20 de junio. Pero ahora el oficialismo busca estirar esa definición hasta el 31 de diciembre. El argumento es que en el marco de la volatilidad impuesta por la pandemia "resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses".

De esa manera, el Ejecutivo otorgará nuevamente por decreto los incrementos previstos en septiembre y diciembre, una decisión que generó el rechazo de la oposición. Desde ese sector emitieron un dictamen de minoría proponiendo que se aplicara la fórmula suspendida hasta tanto se definiera una nueva.

"Ellos saben que el aumento devengado de septiembre es de 9,88% y si mantienen la suspensión de la movilidad pueden ajustar por menos. Quieren consolidar el ahorro en septiembre y diciembre", dijo a iProfesional el diputado radical y miembro de la comisión de movilidad, Alejandro Cacace.

Para los críticos del Gobierno, se está usando la Anses como "garantía de pago" de la deuda.

De replicar ese esquema en el segundo semestre, el Ejecutivo ahorraría otra masa importante de fondos frente a un déficit primario que hasta abril acumuló $385.311 millones, equivalente a aproximadamente un 1,4% del PBI. Ese mes fue el peor por el impacto de la recesión en la recaudación, la disminución o postergación de las contribuciones patronales y las medidas destinadas a sostener familias y empresas. Y si se suma el pago de intereses de deuda de $205.938 millones, el rojo en los primeros cuatro meses fue de $590.750 millones.

En ese marco, la prórroga del congelamiento de la movilidad fue interpretado en algunos sectores como una nueva señal hacia los acreedores, después del aumento de marzo del 9% en promedio y el del 6,12% en junio, inferiores al 11,56% y 10,9% ya asignados por el cálculo suspendido.

"Son varias coincidencias: durante el primer aumento por decreto (anunciado en febrero) el FMI estaba en el país, y este proyecto se envía la semana que venció el plazo con los bonistas para mostrar a la ANSES como garantía de pago de la deuda", dijo a este medio el defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino. "Con estas medidas, se le siguen recortando los reajustes que les corresponden a los jubilados", advirtió.

En el oficialismo no descartan un incremento de los juicios previsionales, pero por ahora no prevén una "ola". La semana pasada se presentó un reclamo en la Justicia en rechazo al incremento de junio. La medida fue una ampliación de la demanda colectiva que ya había realizado en febrero un grupo de 7.000 jubilados, auspiciados por Semino, para declarar la inconstitucionalidad del primer decreto. Ahora, el defensor presentará en la comisión de movilidad su pedido para que el proyecto oficial sea rechazado.

Estrategia fiscal

En campaña, Alberto Fernández había prometido un aumento de emergencia del 20% a los jubilados y su financiación con los "intereses de las Leliq". Pero a poco de asumir el Gobierno avanzó en un esquema de recomposición de la jubilación mínima y la AUH financiados con el aporte "solidario" de los que ganan por encima de ese piso. El abandono de la movilidad implicó a su vez el desenganche de esos ingresos respecto de la inflación del año pasado, que cerró en torno al 54%.

Ahora, el Ejecutivo dio un paso más en su estrategia de desindexación, en un contexto en el que las prioridades del ministro de Economía, Martín Guzmán, parecen estar enfocadas en el manejo de los costos de la pandemia y la "sustentabilidad" de la deuda. "En ese escenario es razonable no incluir una indexación hacia el pasado de las jubilaciones y el aumento de junio también fue una señal positiva en términos fiscales", señaló Martín Vauthier, economista jefe de EcoGo.

En tiempos de descuento para el canje, el mercado ve a Guzmán preocupado por dar señales de sostenibilidad fiscal.

Ya en diciembre, el economista Emmanuel Álvarez Agis advirtió que si la movilidad aprobada en 2017 seguía vigente "el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos". El economista que integró los equipos de Alberto Fernández apuntó así a los recursos generados con el impuesto PAIS al ahorro de dólares. Pero esa readecuación de las cuentas fiscales se vio rápidamente sobrepasada por las medidas de contención dispuestas para enfrentar el coronavirus.

El endurecimiento del cepo cambiario para controlar la escapada del dólar paralelo y la suba de los alimentos sumó presiones adicionales a los desequilibrios macroeconómicos. En ese marco, Guzmán envió nuevas señales la semana pasada: el mismo día que pateó el pago de la deuda con bonistas para el próximo 12 de junio, se suspendió el inicio de la paritaria de los empleados públicos, cuyo convenio expiró el 31 de mayo tras acumular los salarios una pérdida del 35% del poder adquisitivo en los últimos cuatro años.

El anuncio se conoció en medio de las presiones del sector privado para pagar el aguinaldo en cuotas, una intención que ya les comunicó la provincia de Mendoza a sus empleados.

El otro proyecto que cobró impulso es el análisis y tratamiento de los regímenes especiales, incluido en la agenda de la comisión de movilidad. Se trata del esquema jubilatorio de docentes, docentes universitarios, investigadores y científicos, Luz y Fuerza, que tienen aportes adicionales y una edad de retiro más temprana.

El Gobierno había intentado suspenderles la movilidad en diciembre pero finalmente desistió tras los reclamos de los gremios docentes. En su defecto, avanzó en marzo con la reforma de los regímenes jubilatorios de jueces, fiscales y diplomáticos, al fijar un aumento escalonado de la edad mínima para jubilarse a 65 años y un incremento de los aportes del 11 al 18%, manteniendo el 82% móvil sobre la remuneración de los últimos 10 años en lugar del último sueldo.

La revisión de los regímenes especiales es uno de los puntos en los que habría coincidencias con la oposición. De hecho, el secretario de seguridad social, Luis Bullit Goñi, era partidario de derogarlos en el caso de jueces y diplomáticos.

Pero dentro del oficialismo bloquearon esa posibilidad. Ahora, la idea es analizar el resto de los subsistemas. "Lo que se busca es lograr un equilibrio vía el aumento de aportes y contribuciones, y cambiar el cálculo de haberes y remuneraciones", dijo una fuente de la comisión de movilidad.

Dentro de la agenda oficial, también figura la "armonización" de las 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a la Nación en los años 90. Estos sistemas previsionales comprenden a casi el 50% de los empleados públicos del país y desde 1999 son objeto de tironeos con el poder central. En mayo, Córdoba se puso a la cabeza y aprobó la reforma de su caja jubilatoria, con una poda del 15% en los haberes más altos que el pasado viernes fue rechazada por nuevas protestas sindicales.

La medida apunta a lograr un ahorro de hasta $7.000 millones anuales en una provincia con un déficit de $35.000 millones. Juan Schiaretti es uno de los gobernadores que sigue con atención los pasos de Guzmán. Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego y La Rioja, deberán afrontrar en los últimos seis meses del año vencimientos de deuda por u$s1.380 millones, según anticipó Infobae.

La estrategia fiscal se completaría con el demorado impuesto a las grandes fortunas, la reforma tributaria y la ley de coparticipación, junto con el nuevo Presupuesto. Pero los economistas todavía ven contradicciones entre las últimas medidas y los pagos de deuda en pesos ajustados por encima de la inflación, como el Boncer 22.

"De a poco se ve cierta necesidad de desindexación y se avanza en ese sentido con paritarias y jubilados, pero después veo inconsistencias porque construyen la curva en pesos toda indexada", advirtió Guido Lorenzo, director de LCG.