Nervios en el Conurbano, la pelea por los respiradores y la falla en un hospital de avanzada

El Gobierno se prepara para una prueba de fuego: la que librará el sistema de salud ante la expectativa de un pico de contagios de coronavirus. Los últimos días fueron de tensa calma en los hospitales públicos. El temor de la gente a infectarse y la suspensión de hecho de tratamientos ordinarios redujeron la afluencia. Pero en medio de esa tranquilidad pasajera, se encendieron algunas alertas.

La atención empezó a enfocarse en los barrios más pobres de la Ciudad y el conurbano bonaerense, donde se concentra cerca de la mitad de los 589 casos registrados hasta este viernes y donde el Ejecutivo enfrenta grandes dificultades para garantizar la cuarentena.

Por estas horas, el temor es que la pandemia provoque un desastre en una zona de más de 16 millones de habitantes. Con más de un 40% de pobreza, el Gran Buenos Aires concentra una parte importante de los casi dos millones de personas con hacinamiento crítico en el país y de los 20 millones sin acceso a alguno de los tres servicios básicos.

Todo eso, le trasmitieron los intendentes a Alberto Fernández, dificulta el éxito de la campaña "quedate en casa". La respuesta fue el anuncio de nuevas medidas de contención, junto a un endurecimiento de los controles que derivó en hechos de violencia policial y el despliegue del ejército en tareas "asistenciales". Por otra parte, ya es casi un hecho que la cuarentena va a extenderse entre una semana y 10 días.

La delicada situación llevó a que este miércoles se creara un comité de crisis en la Provincia. Los empresarios de la salud lo solicitaron en la reunión que mantuvieron el lunes con el ministro de Salud, Ginés González García, en el salón Carrillo en la planta baja de la cartera sanitaria.

"La provincia tiene que tener un comité de crisis en La Plata, estamos muy preocupados por lo que pueda pasar en el conurbano", dijo Jorge Cherro, el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privado (Adecra). Las cámaras privadas se mostraron preocupadas en particular por la situación epidemiológica en el distrito bonaerense, en donde se concentra un mayor nivel de personas con enfermedades preexistentes, como diabetes o patologías respiratorias, un combo que las expone a mayores riesgos.

El encuentro fue tan concurrido que debió dividirse en dos cónclaves diferentes para evitar la aglomeración de los participantes. Así, a las 11 fueron recibidos los representantes de obras sociales sindicales y de dirección, y prepagas, y a las 12.30 fue el turno de los prestadores (clínicas y emergencias médicas).

La comitiva oficial, en tanto, estuvo integrada por el viceministro de Salud, Arnaldo Medina, el titular de la Superintendencia de Salud, Eugenio Zanarini, el gerente general, David Arruachan, y el de planificación José Bustos -de buena llegada a la Unión de entidades Argentinas de la Salud (UAS), encabezada por Claudio Belocopit-, junto con funcionarios porteños de segunda línea, mientras que la delegación bonaerense se ausentó por dificultades para circular.

El Presidente sigue la evolución del aislamiento obligatorio desde Olivos, en comunicación permanente con todo su gabinete de ministros y en especial con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a cargo del Comando Operativo de Emergencia que organiza la red sanitaria en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La máxima es ralentizar la expansión del virus, una tarea en la que es clave el rol del Ministerio de Salud.

"La principal estrategia es aplanar la curva", reconoció el lunes el viceministro de gabinete de la cartera durante la segunda teleconferencia compartida con los gremios de salud.

Durante la charla virtual, el funcionario ratificó las cifras del documento oficial que convenció a Fernández de extender la cuarentena más allá del 31 de marzo.

Si la curva es leve, se podría llegar a junio con 250.000 infectados, pero si el plan falla los casos podrían alcanzar los 2,2 millones en mayo, con una estimación de 20.000 muertes, un salto que provocaría un colapso inevitable de cualquier infraestructura hospitalaria a nivel mundial. Se quiere evitar llegar a la situación de España, con 49.300 infectados y 3.600 muertos, y la de Italia, con 74.300 y 7.500 respectivamente.

Luces de alerta

El primer obstáculo del gobierno es la fragilidad del sistema sanitario, fragmentado y desfinanciado por décadas de crisis, reformas y ajustes. La descentralización profundizada en los años 90 se orientó a una disminución del gasto e implicó que las provincias y municipios se hicieran cargo del 80% del gasto público en salud.

Así, junto con Nación, la red de centros y hospitales atienden hoy a tres de cada 10 personas. Las otras siete se reparten entre las obras sociales y las prepagas privadas. Lo que se busca por estas horas es unificar ese entramado de instituciones. Pero no es fácil: cada jurisdicción tiene su autonomía, y a su interior ocurre lo mismo con los municipios y los propios hospitales, lo que provoca cortocircuitos y dificulta la posibilidad de instrumentar un comando único.

Los residentes porteños lo comprobaron el viernes pasado durante una asamblea virtual en la que notaron que solo algunos de 34 hospitales de la Ciudad tienen un comité de crisis.

"No hay planificación centralizada, hay mucha improvisación y los laburantes somos los que ponemos el pecho", reveló a iProfesional un profesional del Hospital Argerich, uno de los más equipados en la Capital Federal. Hoy tiene 30 respiradores y espera la llegada de otros 40. Pero así todo se vivieron momentos de incertidumbre.

El personal se desesperó a principios de marzo al enterarse por los medios del ingreso de un paciente con coronavirus. Después de regresar de Francia, el hombre estuvo en la guardia sin barbijo durante varias horas, sin ser notificado a los trabajadores ni a los pacientes. Finalmente, el enfermo falleció y se convirtió en el primer muerto por esa causa en América Latina. La ruptura del protocolo provocó malestar interno, por lo que parte de los empleados fueron aislados en forma preventiva.

Al igual que la Buenos Aires, la Ciudad encara por estas horas una reorganización de la atención. El gobierno porteño ordenó en los últimos días la suspensión de la atención programada en los hospitales públicos, habilitó a los privados a aislar casos sospechosos en sitios extra hospitalarios y analizar hisopados, hoy concentrados en el instituto Malbrán, y este miércoles convocó a profesionales para trabajar 12 o 24 horas semanales asistiendo a pacientes afectados por COVID-19.

Todavía es una incógnita que ocurrirá con los residentes del último año que concluyen su residencia en tres meses y los 1.500 concurrentes, que dejaron de asistir a los hospitales por prevención. Sin salario formal ni ART, deben trabajar en forma privada, lo que los expone a ser vectores de contagio.

Cuellos de botella

El Ministerio de Salud aceleró el ritmo en los últimos días para encarar la falta de insumos, personal y camas. Los "cuellos de botella" asomaron en las reuniones que mantuvo el martes Ginés con los empresarios de la salud privada, las prepagas y los representantes de las obras sociales en el salón Carrillo, en la planta baja de la cartera sanitaria.

Allí, el ministro confirmó la habilitación de nuevas camas críticas y de aislamiento en el conurbano (La Matanza, Cañuelas y Esteban Echeverría), mientras que los hoteles sindicales ofrecieron 4.000, aunque todavía no fueron entregadas. Todos, incluido los clubes, deberán subordinarse al plan de emergencia. Las más necesarias son las camas de terapia intensiva. De un total de 8.600, unas 5.000 están en el sector privado. La idea es llegar a 16.000.

La provisión de respiradores es otro motivo de preocupación. Estados Unidos y Europa absorbieron el stock mundial y la capacidad de la industria nacional es limitada. En ese marco, Ginés le informó a los empresarios que inició gestiones con el presidente chino Xi Jingpin para comprarle 1.500 respiradores y ya encargó su fabricación en tres empresas nacionales, dos de ellas ubicadas en Córdoba.

El costo promedio oscila los u$s10.000. Solo hay un inconveniente: el aparato lleva una plaqueta electrónica importada, difícil de conseguir. Por ello, la cartera sanitaria está trabajando con científicos del Conicet para ver si pueden replicar el dispositivo.En cuanto a los insumos, el Gobierno se comprometió a realizar una compra centralizada de equipos de protección personal y enviar parte del suministro a las provincias. Hoy cada distrito compra sus barbijos, guantes, guantes, camisolines y alcohol en gel. La medida busca así evitar la creciente puja entre el sector público y privado. En Neuquén, por ejemplo, los sindicatos denuncian que la provincia compró respiradores por encima de las camas disponibles en el sector público. La sospecha es que serían derivados a privados.

En la otra vereda, los empresarios se quejan de que el Estado acaparó la compra de esas máquinas, lo que provocó que los fabricantes modificaran las condiciones de pago a las clínicas. Y lo mismo ocurre con los insumos biomédicos, como los barbijos con válvula especial N95.

Por lo pronto, la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) entregará el fin de semana un relevamiento sobre la escasez de equipamiento por distrito. El reporte muestra que las farmacias no recibieron los materiales para distribuirlos en la ciudad y la zona sur de Santa Fe; que en Córdoba se está pidiendo a la comunidad la donación de tela y barbijos, mientras que en Buenos Aires hay lugares como Escobar sin equipos de prevención.

Por otra parte, Salud informó que tampoco alcanzan los reactivos distribuidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para realizar tests en los 35 laboratorios previstos, de los cuales están funcionando cinco. 

"No queda mucho tiempo, muchas provincias están muy desorganizadas, supongo que es problema de gestión interna y repercute en los procesos de trabajo", advirtió la bioquímica y presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti.

En Tucumán, por ejemplo, se cambió de lugar al personal con una o más enfermedades, en lugar de licenciarlos para evitar el contagio a los pacientes. La falta de instrucciones en otros casos llevó a que el personal organice por su propia cuenta equipos rotativos para prevenir el contagio o a administrar los escasos recursos en forma autogestiva, con los jefes de equipos de residentes a la cabeza, que son quienes conocen de primera mano los problemas en cada unidad junto al sector de enfermería. "Es fundamental formar comité de crisis e infecciones con participación de los trabajadores", sostuvo Boriotti.

En respuesta a los reclamos, el Gobierno instruyó este viernes el pago de un bono de $5.000 mensuales para el personal de salud del sector público y privado por las tareas realizadas en abril, mayo, junio y julio. La cifra es menor a los $30.000 que habían trascendido la semana pasada y se ajustará en forma proporcional al nivel de asistencia, un requisito que era rechazado por la Asociación de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).

Las autoridades también resolvieron un aumento salarial para el personal del programa Médicos Comunitarios y definieron que la ampliación de puestos en los hospitales modulares bonaerenses en proceso de construcción correrán por cuenta de Nación. Todas las medidas apuntan a expandir la planta. Por ello se decidió la suspensión del examen de residencias profesionales en agosto, capacitaciones en cardiología y emergencias, y mesas virtuales con expertos para asistir a las guardias las 24 horas.