Para la UCA, la pobreza multidimensional alcanzó al 37,5% de la población urbana en 2019

Luego de quedar en el ojo de la tormenta por admitir que hubo un "error de comunicación" al evaluar los datos de pobreza que difunde el Indec, la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA).

De esta forma, la UCA advirtió que un 37,5 por ciento de la población urbana -unas 15.750.000 personas- se encontraba en situación de pobreza multidimensional a fines de 2019.

Las cifras implican un crecimiento de seis puntos en el índice de pobreza multidimensional respecto de 2018, cuando se encontraba en 31,4 por ciento, y representa una suba de 8 puntos desde 2010, cuando estaba en 29,7 por ciento.

De todos modos, aunque la cifra conocida ahora es alta, es menor a la brindada por el organismo de la UCA en diciembre último correspondiente al último trimestre de 2019, que daba un índice de 40,8% de pobreza en la Argentina, pero estimado exclusivamente en los ingresos monetarios.

El informe, titulado "La pobreza más allá de los ingresos. Informe sobre pobreza multidimensional 2010-2019", presenta nuevos datos obtenidos a partir de una novedosa metodología de medición, que registra la situación de los ingresos de los hogares así como las condiciones en que se encuentran frente a derechos tales como el acceso a la alimentación y la salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social.

Según el relevamiento realizado entre 2010 y 2019, la cifra de pobreza multidimensional fue variando de la siguiente manera: 29,7 al inicio de la serie; 24,8 en 2011; 24,4 en 2012; 25,5 en 2013; 26,5 en 2014; 27,2 en 2015; 29,2 en 2016; 26,7 en 2017; 31,4 en 2018 y 37,5 en 2019.

Agustín Salvia, el director del ODSA, explicó que en el informe "se analiza la evolución de las condiciones materiales de vida de la población urbana en la Argentina a partir de un enfoque multidimensional fundado en derechos", aplicando una metodología inspirada en la matriz bienestar/derechos que desarrolló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de México.

"En un país que dispone de muy pocas estadísticas sociales para hacer comparaciones fiables sobre cómo estábamos hace diez años, cómo estamos ahora y cómo podremos estar en la nueva década que se inicia, los desafíos asumidos y la tarea realizada son de un gran valor académico y social", afirmó.

El nuevo informe del ODSA revela una tendencia dispar en la que, por una parte, se observan mejoras sustanciales en el acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente saludable pero, por otra parte, se manifiesta un deterioro, claramente marcado a partir de 2016, en las dimensiones alimentación y salud, y en el acceso al empleo y la seguridad social, aspectos ligados de manera directa a los ciclos económicos.

El déficit que se observa a nivel de hogares en la dimensión alimentación y salud "experimentó un descenso inicial y marcando un pico en 2014, se ubicaba en torno al 19% para el año 2015, pero a partir de 2016 las condiciones de privación comienzan a incrementarse hasta alcanzar al 26,6% de los hogares en 2019", según precisa el informe.

"Esta evolución se explica desde 2016 por las dificultades para el acceso a medicamentos y a la atención médica, y desde 2018 por el incremento de la inseguridad alimentaria severa, en un contexto de fuertes incrementos de los precios de medicamentos y alimentos y descenso del consumo en términos generales", agrega.

En relación al acceso a los servicios básicos, los técnicos del ODSA observan una mejora importante a lo largo de todo el período, donde los hogares que presentan privación en esta dimensión pasan de representar el 38% en 2010 al 30% en 2019.

Esta dinámica se explica por el mayor acceso por parte de los hogares a los servicios de agua corriente, y particularmente del descenso de los hogares con déficit en el acceso a conexión a red cloacal. La mejora en estas condiciones se explica por un fuerte proceso de inversión pública cuyos resultados se observan entre 2010-2014 y 2016-2019.

En materia de educación, se observa una evolución irregular, donde la proporción de hogares que tienen al menos una persona que no asiste a instituciones educativas o presenta rezago se mantiene cercano al 30%.

Algo parecido ocurre con el acceso al empleo pleno y la seguridad social, donde se observó un deterioro significativo, particularmente a partir de 2016, donde el nivel de hogares que no perciben ingresos de empleo registrado ni de jubilaciones o pensiones contributivas se incrementó en 5 puntos, pasando del 25 al 30% del total.

Esta dinámica estuvo vinculada principalmente al incremento del desempleo y la precarización laboral, que impactó más fuertemente sobre los sectores más vulnerables, según el informe.

El documento destaca además que la pobreza estructural asume una tendencia decreciente tras 2010, permaneciendo en niveles cercanos al 16% hasta 2015; y a partir de 2016 comienza una etapa en la que experimentó un incremento sostenido -con excepción de 2017-, al llegar al nivel más alto de la serie en 2019, alcanzando a un 21% de la población.

En el caso de la pobreza estructural se verifica una "incidencia marginal o muy baja en los estratos medios"; sin embargo, en los bajos y en marginales, la pobreza estructural alcanzó niveles del 25% y del 44% respectivamente en 2019, lo que marca una tendencia creciente desde 2016.

"Ese incremento se explica fundamentalmente por la evolución que experimentó la pobreza estructural en el conurbano bonaerense", indica el informe.

En 2019, el 65% de los hogares presentó al menos la carencia de un derecho, dice la UCA

El 65 por ciento de los hogares presentaba en 2019 al menos una carencia de derechos básicos como alimentación, salud, educación, empleo o vivienda, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

"En 2019 el 65% de los hogares presentaban carencias en al menos una dimensión (3 puntos menos que en 2010), el 44% experimentaba privación en dos o más de los aspectos considerados (2,5 puntos menos que en 2010), mientras que el 27,6% se veía afectado en 3 o más de las dimensiones de derechos consideradas (3,2 puntos menos que en 2019)", precisa el informe titulado "La pobreza más allá de los ingresos. Informe sobre pobreza multidimensional 2010-2019".

El informe identifica carencias en los hogares en relación a derechos tales como el acceso a la alimentación y la salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social.

Según el documento, "los hogares bajo condición de pobreza por ingresos y carencias no monetarias experimentaron un importante descenso en el inicio de la serie en 2010, para seguir una tendencia levemente ascendente hacia 2015".

Explica asimismo que en 2016 "comienza un proceso que, con la excepción de 2017, expresa un fuerte incremento de la pobreza multidimensional, que alcanzó al 37,5% de la población en 2019", un incremento de 8 puntos desde 2010.

"Esta evolución se explica en gran medida por el deterioro que experimentaron en esta última etapa los ingresos reales de los hogares, como así también el impacto que tuvo en dimensiones clave, como el acceso a la alimentación y a la salud, y el acceso al empleo y la seguridad social", precisa la UCA.

Por otra parte, el documento afirma que "el análisis de las brechas de desigualdad según estrato ocupacional muestran que las personas en hogares cuyo principal aportante de ingresos se encuentra en los estratos ocupacionales más vulnerables presentan 5 veces más posibilidades de encontrarse en situación de pobreza multidimensional que las que forman parte de hogares de estrato medio".

El informe revela que la pobreza multidimensional afectó "de manera central a las personas de estrato ocupacional menos integrado, desde 2015, para los trabajadores marginales, y desde 2016, para estratos bajos, pero con mayores niveles de integración (empleos registrados, semicalificados)".

El nuevo informe fue realizado sobre un dominio de aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más, de un universo de hogares particulares y población que residen habitualmente en los mismos.

El tamaño de la muestra puntual de hogares alcanza los 5760 casos por año, y el tipo de encuesta es multipropósito longitudinal.