Alberto busca difícil equilibrio con las ART: mejorar cobertura pero sin tocar la ley macrista

El Gobierno empezó a estudiar el envío de un proyecto de prevención de riesgos laborales. Se trata de un capítulo que quedó irresuelto durante la gestión previa, cuando se elaboró un anteproyecto para reforzar los controles en los establecimientos. La iniciativa fue la prenda de cambio para conseguir el apoyo de la CGT a la reforma a la Ley de ART en 2017, pero después de más de 100 revisiones nunca prosperó por la resistencia empresaria.

Ahora, el proyecto podría tratarse en sesiones ordinarias, aunque con la condición de mantener el marco legal macrista. "No hay idea de modificar todo el esquema, pero sí de generar un sistema de prevención y protección al trabajador", confirmó una fuente cercana a las negociaciones. Mientras que en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) aseguraron que "está todo listo" para que el proyecto pueda ser tratado.

Entre los ganadores de los cambios en materia laboral producidos en los últimos cuatro años se encuentran las aseguradoras y las empresas. A pedido de ese sector, Macri restituyó las comisiones médicas como paso obligatorio previo a la Justicia, con lo que se redujeron los reclamos en los tribunales y, por ende, los costos laborales. La Unión de ART (UART) estima que solo el año pasado los juicios cayeron un 15%.

Así fue al menos hasta septiembre pasado, cuando la tendencia –según la UART- empezó a revertirse por la falta de adhesión a la legislación macrista en 10 provincias y la demora en la conformación de cuerpos médicos forenses en dichos distritos, en donde los honorarios siguen atados a los montos de las sentencias y se utilizan criterios diferentes por región para medir las incapacidades.

El otro motivo detrás del aparente aumento de la litigiosidad son los constantes fallos adversos en la justicia laboral, que piden la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. También está el aumento del 1,8% de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que pasaron de 408.000 entre enero y septiembre de 2018 a 415.000 en el mismo período de 2019, según el último reporte de la SRT. 

Si bien la cifra de muertes se redujo, el volumen de siniestros no refleja la realidad para los abogados laboralistas vinculados a los sindicatos, quienes advierten que las ART reconocen una parte de las enfermedades (un 4% del total, cuando el promedio mundial es del 33%, según la Organización Internacional del Trabajo) y no se contabiliza un 35% de la fuerza laboral que no está registrada. Así, los casos efectivos podrían triplicar el dato oficial.

Un debate que vuelve

La seguidilla de muertes fatales en Vaca Muerta y la asunción de Fernández reavivaron el debate sobre la prevención de los accidentes laborales. La última versión del texto impulsado por la OIT y los sindicatos plantea que las aseguradoras deben informar al empleador sobre planes, programas y la legislación vigente; denunciar a la SRT los incumplimientos de los afiliados; y mantener un registro de siniestralidad por empresa.

Las compañías, a su vez, "deberán implementar el servicio de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación", mediante la adopción de medidas, el suministro de ropas y elementos de protección sin costo para el trabajador, la capacitación, la recepción de inspectores de las ART sin aviso previo y la coordinación con las subcontratistas, que serán responsables solidarias en los establecimientos.

La iniciativa serviría para amortiguar las expectativas sindicales así como las quejas en el ámbito judicial. El fiscal Gabriel de Vedia dictaminó este mes la inconstitucionalidad de las comisiones médicas como instancia administrativa obligatoria y previa a la acción judicial, al advertir que estos organismos integrados por médicos y financiados por el Estado y las ART no cumplen las garantías del debido proceso y derecho de defensa.

En ese sentido, señaló que el diseño de la ley 27.348 representa una "violación del principio de igualdad" ya que una persona que padece otro tipo de siniestro (por ejemplo, un accidente de tránsito) no está obligada a pasar por esa instancia y se le garantiza su derecho a la defensa en juicio.

"Si lo que se pretende es disminuir la litigiosidad en materia de infortunios laborales, no es necesario menoscabar el derecho de los trabajadores al reclamo de sus créditos ante el fuero especializado, sino prevenir los accidentes y enfermedades laborales", advirtió De Vedia.

Por ello, dictaminó que correspondería declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 14 y 15 de la reforma a la Ley de ART y, en consecuencia, habilitar esta instancia de reclamo judicial.

Mantener el status quo

Pese a los fallos en contra de las comisiones médicas y a las críticas vertidas en su momento por el kirchnerismo -que calificó los cambios en el Congreso como una "flexibilización laboral"-, la situación está dividida dentro de la Justicia. En los últimos años, varias salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se declararon incompetentes frente a los amparos contra la Ley de ART, de manera que la Corte Suprema tendrá la última palabra.

La cuestión es que, si bien el tribunal declaró inconstitucionales a las comisiones médicas desde 2004, ahora podría dar marcha atrás en sus pronunciamientos. Esa lectura empezó a circular en los pasillos de Tribunales tras el dictamen en mayo del año pasado del Procurador General Eduardo Casal en el caso Pagonza contra Galeno ART, en el que se inclinó a favor de la constitucionalidad de la reforma macrista.

La Casa Rosada, mientras tanto, ordenó no abrir más frentes en medio de la renegociación de la deuda, con una economía frágil y un clima de internillas. Por ese motivo, la premisa es mantener en pie el marco legal ideado por Macri.

Ya hubo dos señales en ese sentido: la más importante surgió de una reunión hace dos semanas en el Consejo Federal del Trabajo, en donde el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pidió la adhesión a la reforma de Cambiemos a las provincias que aún no lo hicieron. El mensaje apuntó en especial a Santa Fe, que concentra entre el 8% y 10% de los accidentes de trabajo. Este distrito, bajo gestión socialista se negó a acompañar la norma, una postura que ahora revisará el gobernador peronista Omar Perotti.

El otro gesto fue la decisión del Ejecutivo de retener al superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, al frente de esa dependencia desde diciembre de 2015 y uno de los principales impulsores de los últimos cambios.

El funcionario cercano al intendente bonaerense Guillermo Montenegro, y con paso previo por la gestión de la Alianza y el gobierno de Eduardo Duhalde, habría obtenido el espaldarazo de Sergio Massa, su exjefe en la ANSES durante la gestión de Néstor Kirchner. El guiño del presidente de la cámara de Diputados le permitió eludir las presiones de la CTA liderada por Hugo Yasky y los laboralistas vinculados al kirchnerismo, que pedían su corrimiento por su perfil "macrista".

Morón también conservó a su jefe de Gabinete, Pedro Taddei, un exabogado del gremio de la construcción, encabezado por Gerardo Martínez, mientras que el ministro de Trabajo designó como nuevo gerente general a Marcelo Domínguez, un licenciado en administración de empresas que durante los últimos 15 años ocupó diversas áreas en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y, además, fue auditor de la AFA.

El equipo de la SRT se presentó de manera oficial ante la UART a principios de enero durante una reunión en la que se acordó avanzar en la formación de los cuerpos periciales médicos en todo el país, siguiendo el ejemplo de Mendoza, y responder así a uno de los principales reclamos de las aseguradoras.

Con el aval renovado de la cartera laboral, el organismo continúa con el plan expansión de las comisiones médicas diseñado por Cambiemos. Para el primer semestre se prevé la apertura de sedes en Oberá, General Pico, Chilecito, Río Tercero, Meltán y Jachal. Desde la aprobación de la ley, en 2017, se abrieron 42 organismos para sumar un total de 77 a nivel nacional, 25 de los cuales están en la provincia de Buenos Aires.

Todo esto facilitó la contención de los juicios laborales en sede administrativa y redujo el volumen del costo indemnizatorio que deben pagar tanto las ART como las empresas, aunque en la SRT reconocen que la disminución de los litigios se frenó en los últimos meses. "Ahora hay un alto de los conflictos que se resuelven en las comisiones, nuestra pretensión es resolverlo en sede administrativa, lo que es más barato y más rápido", explicaron a iProfesional desde la superintendencia.

Por estas horas, una de las incógnitas es el decreto 669/28 que redujo las indemnizaciones por accidentes laborales. Pese a los amparos presentados por el Colegio de Abogados de la Capital Federal y fallos judiciales que ordenaron su suspensión, Macri reglamentó en septiembre pasado un nuevo cálculo de los intereses para resarcir un siniestro laboral, que reemplazó el uso de la tasa activa de los bancos por los salarios registrados (RIPTE), cuya variación es inferior a los rendimientos bancarios.

La comisión bicameral a cargo de revisar los DNU incorporó el tema en su agenda junto a otra docena de decretos publicados en la era Cambiemos. Se prevé que el oficialismo ratificará sus cuestionamientos y dará marcha atrás con la medida.

El Gobierno se mueve en un escenario de intereses enfrentados. Por un lado, las ART están preocupadas por un eventual retroceso del esquema diseñado en 2017 y las empresas reclaman una baja de las alícuotas acorde con la disminución de la litigiosidad. En ambos casos comparten la idea de dilatar lo más posible la sanción de una Ley de Prevención, una medida que incrementaría sus costos.

Del otro lado, la CGT espera que el proyecto se trate en ordinarias. Los gremios, además, exigen la creación de comités mixtos de higiene y salud, como los que ya existen en algunas empresas. Ese fue uno de los planteos que un grupo de sindicatos de la CTA y la CGT le llevó días atrás a Morón. El documento pide la sanción de una Ley de Prevención y la derogación de la reforma macrista, incluido el decreto 669. Una postura mesurada al lado de aquellos en ese mismo espacio que piden "estatizar" las ART.