Con los votos del macrismo, el Gobierno logró media sanción para el proyecto que le permite reestructurar la deuda

Minutos antes de las 18 de este miércoles, la cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que permite al Gobierno nacional encarar la reestructuración de la deuda externa.

La iniciativa del Ejecutivo, que lleva la firma del ministro de Economía, Martín Guzmán, fue aprobada por 224 votos a favor, dos en contra y una abstención.

De esta manera, el llamado proyecto de "Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa", será tratado el próximo miércoles en Senadores.

El proyecto contó con el apoyo de Juntos por el Cambio, que no obstaculizó el tratamiento ni la votación. De hecho, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió "cuidar las palabras" en el recinto y destacó la importancia de respaldar al Gobierno en la negociación de la deuda, al señalar que el proyecto de restauración debe aprobarse "por unanimidad", y pidió a sus pares "no ser mezquinos" y "estar unidos" en esta cuestión.

"Es nuestro deber tener cuidado porque los abogados de los bonistas anotan cada palabra que uno dice y eso después figura en las sentencias", aseguró en el Congreso, al recordar que le pidió a los presidentes de los bloques "que se vote en general rápidamente".

Consideró que si se llega a una "conclusión de respaldo al Gobierno, esto tiene que ser cerrado" y después entonces se podrían discutir en particular los puntos del proyecto.

"Tengamos mucho cuidado con lo que decimos; es para dar respaldo a nuestros negociadores", insistió.

Para la diputada, a los organismos internacionales "no les importa la Argentina" porque es "el país del fin del mundo". "Votemos por unanimidad si es posible, porque lo necesitan los que están en Washington", al mencionar erróneamente al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en lugar del de Economía, Martín Guzmán, que encabeza las negociaciones.

Antes, había pedido la palabra para recordar que en 2001 presidió la comisión investigadora de lavado de dinero, que realizó un pormenorizado y polémico informe e incluyó duras imputaciones a ex funcionarios, bancos y a directivos de empresas del más alto nivel de la Argentina y el mundo.

"Hicimos un informe completo sobre la deuda junto con Mario Cafiero y presentamos la denuncia también del Megacanje", recordó y planteó: "Lo cierto es que no fue la Izquierda la que investigó la deuda sino un grupo de gente, radicales, transversales, pero ninguno de la izquierda".

Previamente, desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá había asegurado en el recinto que "lo que se está haciendo en la sesión es debatir el sometimiento nacional al FMI, a los banqueros y especuladores y hundiendo y sometiendo a los trabajadores y al conjunto de la población a esa situación".

"Vamos a defender incondicionalmente los derechos de los trabajadores y vamos a reclamar la ruptura con el FMI y el desconocimiento de esta deuda fraudulenta y usurera", aseveró Del Pla, al adelantar el rechazo de la izquierda al proyecto para renegociar la deuda externa.

Las claves del proyecto

El proyecto que el Gobierno envió al Congreso bajo el título de "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa", pide autorización para negociar la reestructuración de la deuda, y pagar comisiones y vencimientos, entre otros puntos.

Al 31 de diciembre último la deuda pública total sumaba u$s323.127 millones.

Según un informe extraoficial que dejó la anterior administración, a diciembre último la deuda con organismos privados y multilaterales de crédito llegaría a u$s195 mil millones y la del sector público a u$s115 mil millones, cifras que deberán ser ratificadas en el próximo informe oficial que elabora el INDEC.

El proyecto consta de siete artículos y dispone que el Congreso autorice "las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros", por lo que los títulos que se reestructuren seguirán bajo legislación extranjera, como está en los contratos originales.

Por el artículo cuatro se establece que quedan excluidos "los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable" para evitar las controversias judiciales surgidas en el pasado cuando los fondos buitres quisieron embargar bienes del Estado nacional.

El proyecto reconoce que es "indispensable" una reestructuración de la deuda pública bajo legislación extranjera, para que el país pueda "recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica".

"Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional, por el plazo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 27.541, a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera", plantea el texto del "mensaje" que acompaña al proyecto en cuestión.

Según dice el texto que presenta el proyecto que deberán debatir los legisladores, el objetivo es "crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos".

El mensaje firmado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el presidente Fernández, justifica la idea de la nueva renegociación en el éxito de los anteriores canjes llevados a cabo por la Argentina.

"Este proceso de reestructuración de la deuda pública externa, implementado mediante estos dos canjes de títulos públicos (el "Canje 2005" y el "Canje 2010", y en conjunto los "Canjes") obtuvo el acuerdo de un noventa y tres por ciento (93%), quedando un siete por ciento (7%) por fuera de ellos (los acreedores "holdouts")", explica.

"A partir del mes de abril de 2018, en el contexto del colapso del modelo económico imperante, la República Argentina comenzó a experimentar graves dificultades para acceder al mercado de crédito internacional. Esta situación se vio agravada por un perfil de vencimientos de las mencionadas obligaciones altamente concentrado en el corto plazo", argumenta el documento.

Y luego agrega que el problema de sostenibilidad de la deuda pública "requiere -para su resolución- de activas políticas de deuda pública, como parte de un programa macroeconómico integral que permita recuperar un sendero de crecimiento sostenible".

"Resulta imperioso contar con las facultades legales específicas para llevar adelante los actos jurídicos propios de las operaciones que se autorizan en el presente Proyecto de Ley, designándose al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación, a efectos de agilizar los procedimientos tendientes a alcanzar dicho objetivo", propone el documento.

Movilización de la Izquierda

El Frente de Izquierda (FIT) realiza durante la jornada una movilización al Congreso en rechazo al debate del proyecto de renegociación de la deuda que impulsa el Gobierno, mientras que denunció "un pacto que tienen los bloques mayoritarios para legitimar y legalizar esta estafa".

 

Dirigentes y militantes del Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas y la Izquierda Socialista (las fuerzas que componen el FIT) se concentran desde las 17:30 en la sede del parlamento y realizan allí un acto.

"Este proyecto para nosotros implica un doble salvataje: por un lado a los bonistas y los especuladores, pero también es un salvataje político a Macri y a Cambiemos que fueron los que llevaron adelante este nuevo ciclo de endeudamiento fraudulento", denunció antes de la marcha el diputado del FIT Nicolás del Caño, al tomar la palabra en la reunión de comisión de Diputados.

Y agregó: "Mientras nosotros discutimos acá, el ministro Guzmán está en Estados Unidos negociando con los bonistas y el FMI y se pretende que firmemos un cheque en blanco para una negociación de la que no conocemos absolutamente nada".

"Nosotros no somos parte de este pacto que tienen los bloques mayoritarios para legitimar y legalizar esta estafa, que no solamente tiene que ver con los bonistas privados, sino con el acuerdo con el FMI", insistió Del Caño.