Agenda recargada: deuda "sostenible", fórmula jubilatoria y revisión del pacto fiscal llegan al Congreso

El Gobierno avanzará esta semana en el Congreso con la renegociación de la deuda externa y posiblemente con la conformación de la comisión parlamentaria encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Se trata de dos temas clave y muy sensibles para el oficialismo por su impacto en la agenda política, pero también porque lo siguen de cerca los acreedores y el FMI, quienes aguardan nuevas señales de Alberto Fernández en medio del impasse abierto por el intento de Axel Kicillof de patear pagos de capital en la provincia de Buenos Aires.

La cámara de Diputados se concentrará desde el mismo martes en el tratamiento del proyecto de ley de reestructuración de la sostenibilidad de la deuda externa. Ese día se realizará un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas, que serán encabezadas por los legisladores kirchneristas Carlos Heller y Fernanda Vallejos, en cada caso. El paso siguiente será la presentación del equipo del Ministerio de Economía, Martín Guzmán, liderado por su viceministro Horacio Montagú.

El jefe de Economía no estará presente en el debate porque viajará a Estados Unidos para participar del Consejo de las Américas en Nueva York. Allí, Guzmán expondrá el martes sobre la política económica de Fernández y será su debut en Wall Street. Además hay expectativas de posibles reuniones con fondos y bancos internacionales, en medio de las luces de alerta que se encendieron la semana pasada, cuando las principales calificadoras de riesgo le bajaron la nota a la deuda argentina, tras el lanzamiento de las nuevas Lebad y su canje por Lecap.

En ese marco, la idea del oficialismo es aprobar el proyecto de ley este miércoles y obtener así un amplio respaldo para sentarse con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional en marzo.

La estrategia fue acordada el jueves último en el Salón de Honor en Diputados, en donde se convino en darle máxima prioridad a la iniciativa de Guzmán. El encuentro fue encabezado por el titular de la cámara baja, Sergio Massa, y el jefe de la bancada oficialista Máximo Kirchner, quienes recibieron a la vicejefa de Gabinete Cecilia, Todesca, y a Montagú, por Economía.

Una fórmula "superadora"

Se prevé que el impulso del proyecto eclipsará otros temas de la agenda legislativa. En un principio se incluía en el temario el tratamiento de la reforma judicial y jubilaciones de privilegio, junto con el freno al pacto fiscal y la discusión de la movilidad jubilatoria.

De todos estos temas, se avanzaría con los últimos dos. La revisión del pacto fiscal de 2017 forma parte importante del relacionamiento entre la Casa Rosada y las provincias, dado que el nuevo régimen implicaría la posibilidad de que los gobiernos puedan hacerse de recursos fiscales por la vía de incrementos en tributos tales como Ingresos Brutos. 

Tampoco se descarta la inclusión del régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos. "Esta semana se debe conformar la comisión (para elaborar la fórmula de movilidad) para empezar el tratamiento", confirmaron desde la Rosada a iProfesional.

Dicho espacio estará integrado por funcionarios del Ministerio de Trabajo, Desarrollo Productivo, Economía y ANSES, junto a legisladores del oficialismo y la oposición, cuya designación sería un mero trámite parlamentario. Todavía no está confirmado si además participarán representantes de sindicatos, empresarios y movimientos sociales.

El titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, estuvo punteando la semana pasada algunos nombres para definirlo luego con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el alter ego de Alberto Fernández, quien el sábado regresó al país de su viaje a Israel.

El objetivo en palabras del propio Moroni es encontrar "una fórmula superadora" a la que estuvo vigente hasta diciembre, que fue suspendida por el Congreso por seis meses. Así, se busca desenganchar las jubilaciones de la evolución de los precios.

Es que la fórmula suspendida estableció aumentos cuatro veces por año en marzo, junio, septiembre y diciembre, ajustados un 70% por la inflación del INDEC y un 30% por la variación de los salarios medidos por Trabajo (RIPTE). Y se aplicó con un rezago de seis meses respecto al período de cálculo, lo que implicó de conjunto la pérdida de 20 puntos a los jubilados.

Ahora, las autoridades proponen un cálculo a mitad de camino entre la movilidad de Macri y la del kirchnerismo. La ley aprobada en 2008 con la firma de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Carlos Tomada fijaba dos aumentos al año, en marzo y en septiembre en función de los salarios y la recaudación de la ANSES, alimentada por aportes y contribuciones y rentas generales. Los cambios en debate contemplan la reducción del rezago a dos meses y un mix de índices que estaría atado a las remuneraciones y la recaudación.

"Lo correcto es acercarse a la fórmula previa que tenía salarios e ingresos públicos, ahí se tomaba en cuenta salarios e ingresos del Estado", adelantó el Presidente.

De esa manera, el jefe de Estado dejó en claro su preocupación por las cuentas públicas y advirtió sobre el deterioro de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que según el mandatario tiene "casi el 70%" de sus fondos en títulos públicos. Una cartera que ahora se vio engrosada con la emisión de deuda y la refinanciación de compromisos al gobierno bonaerense por parte de la ANSES.

Jubilaciones especiales y fondo de ANSES

La discusión sobre el mecanismo para actualizar los haberes cobró protagonismo la semana pasada, al confirmarse la intención del Ejecutivo de otorgar en marzo aumentos superiores a la suspendida fórmula de movilidad para los haberes más bajos y subas iguales o inferiores para las escalas restantes, tal como lo adelantó iProfesional.

Así, de aplicarse este modelo, el haber mínimo, de $14.067 obtendría un aumento del 15%, por encima del 11,56% correspondiente a la movilidad previa; un jubilado que cobra $30.000, un 10%; y el que percibe la máxima, de $103.000, un 2%.

Fuentes del Gobierno confirmaron en las últimas horas que una de las alternativas es incorporar, además de sumas fijas, montos variables, de modo de aminorar el achatamiento de la pirámide jubilatoria y contener una eventual ola de amparos judiciales impulsada por abogados y representantes de los jubilados.

La cuestión de la fórmula despertó inquietud en los gremios de la Corriente Federal de Trabajadores, liderada por Sergio Palazzo, que la semana pasada estuvieron reunidos con el titular de ANSES, Alejandro Vanoli, para tener mayores detalles de la nueva fórmula que elaboran los funcionarios.

El cónclave sirvió para conformar una comisión de diálogo que seguirá los resultados que vaya arrojando la auditoría que comenzó a realizarse sobre el FGS y el tratamiento de los distintos regímenes especiales de jubilación. El Ejecutivo intentó suspenderles la movilidad en diciembre, pero finalmente se resolvió postergar la discusión ante la presión de los sindicatos de maestros, entre ellos la principal central educativa CTERA encolumnada en la CTA de los Trabajadores que lidera el sindicalista kirchnerista Hugo Yasky.

La intención de la Rosada es avanzar con las denominadas "jubilaciones de privilegio" en el Poder Judicial, un sector en el que conviven diferentes regímenes. Además de los jueces que perciben pensiones superiores a los $200.000 sin correspondencia con sus años de aporte, el proyecto oficial que todavía no se conoce podría afectar a los empleados, lo que genera preocupación en los gremios judiciales.

Ese es el caso del Sitraju, encabezado por la diputada oficialista Vanesa Silley, pero también del sindicato de docentes privados Sadop y el personal del INTA (Apinta). Los tres integran la corriente de Palazzo y gozan de regímenes especiales.