La "Camarita" de la obra pública: cruces telefónicos, delaciones y coincidencia entre pagos y proyectos

Cruces telefónicos, coincidencias entre presuntos pagos ilegales con adjudicación de obra pública, dichos de arrepentidos. Estas evidencias son base de la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli para llevar a juicio oral a los empresarios acusados por la llamada "camarita", eje de la supuesta cartelización develada por el imputado colaborador Carlos Wagner.

Además de la ex presidenta Cristina Kirchner, el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, el arrepentido financista Ernesto Clarens -aportante de listados con el detalle de supuestos pagos ilícitos- y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, van camino a juicio oral decenas de empresarios, muchos de los cuales no estaban implicados en el caso central por los cuadernos del remisero Oscar Centeno. ¿Qué imputa el fiscal?

Por citar algunos ejemplos:

"José Cartellone Construcciones Civiles SA":la acusación alude a 30 pagos supuestamente hechos por José Gerardo Cartellone, María Rosa Cartellone, Gerardo Cartellone, Hugo Alfredo Kot y Tito Biagini "a la organización criminal que funcionó entre los años 2003 y 2015, con el objeto de que funcionarios públicos del entonces gobierno argentino se apartaran de sus funciones objetivas y beneficiaran a la compañía que ellos representaban".

Esta última frase se repite en casi todos los casos.

A los Cartellone, Stornelli les adjudica la presunta entrega de 23.630.00 pesos y 300.000 dólares a Ernesto Clarens. "Justamente Clarens fue quien indicó, en la instrucción, que la compañía, perteneciente a María Rosa Cartellone, Gerardo Cartellone y José Gerardo Cartellone, formó parte del sistema de cartelización de obras públicas, en el cual realizó distintas erogaciones con el objeto de obtener favorecimientos en los proyectos", citó el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio que presentó al juez Claudio Bonadio.

Todos negaron las acusaciones pero "la documentación aportada por Clarens resultó lo suficientemente contundente como para afirmar, en esta instancia, su intervención en los hechos", sostuvo ese dictamen.

Además aludió a comunicaciones telefónicas con ex funcionarios como José López y Sandro Férgola, también procesados.

"Todas las entregas de dinero fueron realizadas en función de los procesos administrativos mediante los cuales se le asignó, a su grupo económico, diez obras, entre los años 2003 y 2015, por un total de $ 2.998.676.514,74. Dentro de ellas, seis fueron adjudicadas directamente a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., por un monto de $ 1.456.236.103,10". Otras cuatro fueron mediante UTE, cita el fiscal.

Rovella Carranza Construcciones S.A: se le adjudican doce presuntos pagos entre marzo y julio de 2011 y entre julio y agosto de 2013.

El imputado en este caso es Mario Ludovico Rovella. Todo figura en el "anexo 6" aportado por Clarens con operaciones por 3.558.074 pesos y otras dos en agosto de 2013 por 1.580.915, junto a otro empresario José Paolini.

"Estos sucesos fueron ratificados, una vez más, a través de los registros telefónicos obtenidos entre ambos. No sólo por haberse comunicado con Clarens, sino también por haber mantenido conversaciones con otros integrantes de la asociación ilícita vinculados al rubro de la obra pública, entre los que se encontraban Germán Nivello", argumenta la fiscalía.

Rovella en su indagatoria admitió hechos y dijo que se le habría ofrecido a cambioagilizar pagos de Vialidad Nacional a la compañía.

"Todas las entregas de dinero fueron realizadas en miras de las treinta y cinco obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad, por un monto total de $6.167.410.969,60". Catorce de ellas fueron adjudicadas directamente a Rovella Carranza Construcciones S.A y el resto medanteUTEs, según la acusación.

Equimac SA. Como accionista y vicepresidenta de esa empresa, Stornelli acusa a Marcela Edith Sztenberg de dos supuestos pagos por 600.000 pesos entre septiembre y noviembre de 2011 con lo que se habría buscado que funcionarios públicos intercedieran en "procedimientos administrativos en trámite". La empresaria es imputada colaboradora en la causa central por los cuadernos del remisero Centeno y reconoció pagos a pedido de Clarens.

La fiscalía vinculó los hechos a 23 obras adjudicadas por Vialidad Nacional por 2.091.048.912,60 pesos

Fontana Nicastro SA.Por esta empresa quedó con pedido de juicio oral Pablo José Gutiérrez. "Es menester destacar que los pagos fueron efectuados en tenor de las diez obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad, por un monto total de $ 1.441.301.835,75. Tres de ellas fueron asignadas exclusivamente a Fontana Nicastro S.A., por un monto total de $ 557.215.149,49" y las"restantes siete, mediante UTE, por un valor de $ 884.086.686,26".

El arrepentido Wagner"identificó a esa compañía como una de las integrantes del sistema de cartelización, aunque en los mismos términos se expidió Ernesto Clarens, quien declaró que "…Fontana Nicastro S.A.: El contacto era con el Sr. Pablo Gutiérrez".

Además se aludió a comunicaciones telefónicas con Clarens y un referente de Vialidad Nacional, Sergio Passacantando.

En su indagatoria, Gutiérrez no reconoció pagos pero habló de reuniones con Clarens "por indicación del Sr. Sandro Férgola de Vialidad Nacional" quien le habría dado el contacto para ir a las oficinas del financista. "Me exhibió una planilla en la que figuraba el nombre de la empresa y un monto que debía ser pagado para obtener una mejora en la periodicidad de los pagos y la velocidad en la aprobación de los certificados de obra presentados para el cobro ante V.N. Si bien no recuerdo con precisión el monto, si recuerdo que se trataba de una suma significativa en pesos que no tenía ningún tipo de justificación ni relación con las obras que tenía…", declaró.

José Eleuterio Pitón SA. El acusado en este caso es Daniel Claudio Pitón, vicepresidente de la firma desde 2003 a 2015. Fue uno de los nombrados por Clarens.

"Además, los pagos encontraron concordancia con las obras adjudicadas en el período investigado -2003/2015-, a la compañía José Eleuterio Pitón S.A. En total se le asignaron trece obras, por un monto de $ 384.335.001,51: siete asignadas exclusivamente a esa compañía, por un valor de $ 44.113.411,10" y " las otras seis fueron realizadas mediante UTE",  sostiene el dictamen.

JCR SA. Stornelli consideró que en la etapa de instrucción se reunieron elementos de convicción suficientes que reflejaron que Jorge Sergio Benolol habría intervenido en 40 pagos por 85.493.691 pesos. Es otro de los mencionados por Clarens.

Además se mencionan "comunicaciones con integrantes de la asociación ilícita y con el propio Clarens, días previos y conexos a las fechas de los pagos. Entre las primeras, se determinó que registró llamadas con integrantes de la agrupación, tales como Ernesto Clarens, Germán Nivello y José Francisco López".

"Se individualizó una clara correspondencia entre los pagos efectuados" desde marzo de 2011 a septiembre de 2012 con registros de llamadas a teléfonos utilizados por Clarens desde un número vinculado a la empresa, sostiene la acusación.

Los 40 pagos habrían sido realizados "en miras de las cuarenta y cuatro obras que le fueron adjudicadas en ese período, por un total de $ 5.294.597.026,18".

En estos y todos los casos de empresarios con pedido de juicio por presunto cohecho en la llamada causa "camarita", el fiscal enumeró los legajos de cada una de las obras adjudicadas y vinculó fechas con presuntos pagos ilegales.

Todos tienen pedido de envío a juicio oral junto a otros empresarios cuyos nombres estuvieron más expuestos desde el escándalo de los cuadernos de Centeno o, incluso, por la causa Odebrecht.