Vuelos a Malvinas: imputan a Macri y a cuatro funcionarios del Gobierno

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al presidente Mauricio Macri y a los ministros de Transporte Guillermo Dietrich, de Energía Gustavo Lopetegui, a su antecesor, Juan José Aranguren, y al canciller Jorge Faurie por negociaciones con el Gobierno británico.

El dictamen solicitó evaluar la suspensión del primer vuelo de la empresa Latam hacia las islas Malvinas con escala en Córdoba, que está previsto para el 20 de noviembre, señaló Perfil.

El vuelo parte de la ciudad brasileña de San Pablo y utiliza el espacio aéreo argentino, dado que tiene una escala en Córdoba, y termina en las islas Malvinas.

"Existe una obligación institucional por parte de esta fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional", señala el escrito presentado por Di Lello.

"Así corresponde que VS evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, el que está autorizado por el decreto 602/19, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional", dijo en el dictamen presentado al juez Luis Rodríguez.

El fiscal advierte que el Poder Ejecutivo "no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación".

La denuncia fue presentada por la doctora Valeria Laura Carreras por irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno Nacional en la Gestión 2015-2019.

Allí apunta al decreto 602/2019 que permite vuelos desde el continente, vía Brasil a las Islas Malvinas en aviones de gran porte de Latam "violando la soberanía del espacio aéreo" ya que se avalaría el transporte de material y personas a las islas "sin mínimo control y conocimiento de la Argentina", y beneficiando a Gran Bretaña.

Di Lello argumentó los motivos para avanzar con las imputaciones: "En el escrito, la denunciante manifiesta que existe un daño real, ya que si bien se declarara inconstitucional el decreto que otorgó esa posibilidad, la empresa LATAM podría reclamar los daños y perjuicios por verse privados de los derechos que les fueron otorgados por via del decreto mencionado, siendo prueba de ello, el primer vuelo que perfeccionaría el convenio bilateral".

Y agrega: "Lo afirmado genera una situación fáctica de pronta solución, ya que el Poder Ejecutivo habría dictado este decreto sin efectuar el trámite de aprobación requerido por la Constitución Nacional, respecto al Congreso de la Nación".

"En conclusión entiendo que existe una obligación institucional por parte de esta Fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional", finalizó.