Plan contra el hambre: ya hay tironeos por quién hará los aportes y por el manejo de recursos millonarios

El pacto social empezó a generar tironeos alrededor de Alberto Fernández. Con un margen de acción cada vez más acotado por la crisis, la apuesta por sentar en una misma mesa a los principales actores económicos y políticos para definir medidas de urgencia desató fuertes negociaciones. Ese fue uno de los primeros efectos del lanzamiento de "Argentina sin hambre", un plan bajar los precios de la canasta básica alimentaria y llevar alivio en principio a más de ocho millones de personas de los 16 millones que viven en la pobreza.

"No me importa de dónde vienen, no me importa cómo piensan: no podemos vivir en paz con semejante flagelo", dijo Fernández el lunes al anunciar su programa en un predio pelado de la Facultad de Veterinarias y Agronomía.

El llamado a acabar con la grieta entre "poderosos y débiles" fue acompañado de líderes empresarios, sindicales, sociales, de DDHH, religiosos e intendentes. Es decir, un espectro amplio y contradictorio en el que los movimientos resisten el fortalecimiento del PJ producto de la reunificación propiciada por el candidato opositor, y los grandes empresarios temen convertirse en los financistas de los anuncios.

"Alguien va a tener que sangrar", admitió sin vueltas uno de los asesores de Fernández consultado por iProfesional, que estuvo presente en el acto del lunes y apuntó tanto contra los bancos como contra el campo. En su opinión, unos se vieron beneficiados por las tasas al 75% que les paga el Banco Central por renovar las Leliq y los otros, por la baja inicial de los derechos a las exportaciones y la retención de divisas. El diputado Felipe Solá ya había agitado el avispero al plantear la necesidad de resucitar la Junta de Granos, algo que genera escozor en la agroindustria.

En un discurso de tono conciliador, Fernández hizo guiños el lunes a dos bandas: preguntó a viva voz por "Juan" (Grabois), el dirigente de la CTEP que estaba presente en el acto, y le agradeció al presidente de la fabricante mundial de semillas Syngenta, Antonio Aracre, por ofrecerse a donar el 1% de su producción a la causa. De ese modo, trató de congraciarse con el líder social cercano al Papa Francisco luego de desautorizar sus planteos a favor de la reforma agraria.

"Lo que nos dividió fue la política", reconoció Grabois luego del acto, en una charla privada con el diputado Daniel Arroyo. El legislador que suena para ocupar el Ministerio de Desarrollo Social fue el encargado de diseñar el programa junto a los asesores de Fernández, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca, y la concejal de la Plata Victoria Tolosa Paz. El plan prevé la creación de un Consejo Federal bajo la órbita de la Presidencia, integrado por los diversos sectores; así como una Ley de Góndolas y la promoción de ferias populares, junto con una tarjeta alimentaria, una red de promotores nutricionales y un fondo federal para financiar el nuevo sistema.

Pero los movimientos sociales alineados con el Frente de Todos creen que las medidas son "superficiales". Por empezar, en la actualidad ya sostienen ferias populares y sus propias redes de promotores en más de 4.400 barrios del país, por lo que desconfían de que esas propuestas vayan a generar nuevos empleos o una mayor demanda de sus productos. La idea de Arroyo es que las madres que perciben la AUH estén a cargo de los controles nutricionales y que los comedores se conviertan en centros de seguridad alimentaria. Detrás de esa iniciativa está Ginés Gonzalez García, posible ministro de Salud. 

La otra crítica de las organizaciones barriales apunta al rol "desdibujado" que se la asigna en la producción de alimentos a las cooperativas de trabajo y a los 80.000 horticultores familiares que arriendan la tierra. El PDF oficial habla de un "compre argentino" de productos nacionales alimenticios, sin precisar quiénes serían los proveedores ni su funcionamiento, y de créditos a tasas bajas para incentivar la economía social y la agricultura familiar.  

Dentro de la CTEP todavía sueñan con una reforma agraria que les permita reutilizar tierras fiscales improductivas. Cerca de Grabois mencionan el ejemplo de Salta, donde el gobernador Juan Manuel Urtubey recuperó 81.819 hectáreas para generar emprendimientos ganaderos. Las tierras fiscales estaban concesionadas a Eco Desarrollo, pero la provincia declaró lesivo el contrato y a cambio de la devolución le condonó una deuda por $300 millones.

"Molinos tiene seis marcas de fideos y en lácteos hay solo dos o tres, es un monopolio", advirtió Grabois a iProfesional.

Empresarios, en alerta

En el mundo empresario, mientras tanto, el pedido de una ayuda al sector privado y la inclusión de la Ley de Góndolas en el plan alimentario fue suficiente para poner en alerta a varios actores de la cadena. "Si logramos que todos los actores de la cadena alimenticia donen el 1% de su producción, como se comprometió Syngenta, tenemos resuelta gran parte de la situación", dijo este martes Fernández en declaraciones a la radio Metro.

El compañero de fórmula de Crístina Kirchner ya había solicitado un "aporte" en la reunión que mantuvo con la cúpula de la UIA, en la que les adelantó los lineamientos de sus medidas para paliar la pobreza. Ahora, Arroyo retomará las negociaciones este jueves con la Cámara de la Alimentación (COPAL), encabezada por Daniel Funes de Rioja, en cuya agenda las prioridades son el fomento a las exportaciones, la reducción del costo tributario y las señales a la inversión.

Las demandas empresarias plantean múltiples desafíos al equipo de Fernández. Por un lado, los fabricantes de alimentos se resisten a continuar sin cambios con Precios Esenciales, la canasta de 64 productos que fue lanzada en abril pasado. La mayoría, de hecho, aumentó de inmediato los precios en todas las categorías luego de las PASO, por la devaluación y la escalada inflacionaria. Por otra parte, Funes de Rioja advirtió esta semana que el sector está al 50% de sus capacidad y que hoy exporta entre u$s25.000 y u$s27.000 millones en alimentos elaborados, cuando antes llegaban a u$s30.000 millones.

De esa manera, el también vicepresidente de la UIA hizo notar el peso de su sector en la balanza comercial. Los popes de la agroindustria saben que el candidato los necesita para generar dólares, a la vez que busca contener la disparada en los precios y propiciar una mejora en los ingresos que reactive el consumo. La clave reside en cómo resolver ambas cuestiones sin generar un conflicto con los empresarios.

"Esa fuerte orientación a la exportación de nuestra producción en el campo es una bendición para la macroeconomía en varios sentidos: fuente de divisas, generación de empleo, contribución impositiva; pero también nos expone al dilema de la dolarización de los precios que globalmente se pagan por los principales insumos que se usan para la producción de los alimentos más básicos de la canasta familiar", aseguró Aracre en un artículo reciente publicado en las redes sociales.

El CEO de Syngenta salió al cruce de la Junta de Granos y propuso en su lugar un sistema de donación articulado con el Estado, las cooperativas y organizaciones comunitarias para canalizar la producción de alimentos "sin clientelismo". Argentina produce harina, aceite, leche y carne para 150 millones de personas y tiene un potencial para ir por 400 millones. "Destinar el 1% de esa producción a esa población prioritaria y vulnerable (1,5 millones de personas) no debería representar un costo prohibitivo para ningún actor de la cadena", afirmó Aracre.

La propuesta dejó en evidencia la divergencia de visiones entre los empresarios. Por caso, Ercole Felippa, el CEO de la láctea cordobesa Manfrey, afirmó que su empresa y otras del rubro alimenticio ya en la actualidad donan más del 1% de la producción, para programas de asistencia en coordinación con organizaciones no gubernamentales.

Los fabricantes con inserción global también podrían verse afectados por la sustitución de importaciones de alimentos. "Hoy se importan manzanas, cuando la podrían proveer los productores locales", explicó a este medio Tolosa Paz, con experiencia en la asistencia social.

Con todo, los más preocupados por estas horas son los supermercadistas, que mantienen un silencio monacal ante el impulso renovado de una Ley de Góndolas. En el Congreso existen cinco proyectos, de los cuales uno corresponde a Grabois y otro al dueño de de Maxiconsumo, Victor Fera. El objetivo de Arroyo es evitar la "cartelización" y ampliar la oferta para colocar los productos de pyme y cooperativas. Pero en las cámaras de supermercados temen que la intervención estatal genere "distorsiones" en favor de una competencia desleal de sectores en la informalidad.

Tironeo por los recursos

Uno de los temas que genera mayor tensión es la definición de los recursos. La propuesta elaborada por Arroyo prevé financiar el nuevo sistema mediante un fondo federal de alimentación conformado por un porcentaje del Presupuesto 2020 que se discutirá después del 27 de octubre, junto con transferencias de Nación, provincias y municipios, y el compre estatal a los productores de la economía social.

"En 2019 se presupuestaron $27.000 millones en política alimentaria y hay 8 millones de personas bajo algún programa alimentario o social", explicó el diputado a iProfesional.

La readecuación del presupuesto será clave. Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que este año se ejecutaron un 46% de las partidas destinadas al rubro alimentario. 

La pelea involucra a los intendentes y gobernadores, con quienes Fernández se mostró este martes al visitar la sede del PJ. En la actualidad la distribución geográfica de las políticas alimentarias revela una concentración en los distritos más poblados, así como en los más pobres y cercanos al Gobierno (Jujuy recibió un 447% más de lo asignado en un principio). La intención del candidato es que las provincias y municipios aporten recursos por fuera del presupuesto.

Pero no será una tarea fácil. El fallo de la Corte que ordenó compensar a las provincias por la baja del IVA a los alimentos y en Ganancias dispuesta por Macri es una muestra de la capacidad de presión de los gobernadores. Los intendentes aliados, en tanto, sostienen que su principal aporte es la información que pueden brindar para evitar la superposición de la ayuda y aseguran que ya vienen haciendo un esfuerzo. 

"Supuestamente los municipios vamos a poner por fuera de lo que ya aportamos, pero si es una emergencia debería tener un principio y un fin", advirtieron cerca del intendente de San Martín, Gustavo Katopodis, que el lunes estuvo en el acto de Fernández y cuyo municipio triplicó en los últimos dos años los fondos destinados a programas de asistencia social.

En la discusión también entran en juego las partidas en viandas a los comedores comunitarios y 15.000 establecimientos educativos. En el último caso, los movimientos sociales exigen que los recursos vayan a los directores de escuela sin pasar por los consejos escolares, hoy bajo control de los municipios. En definitiva, todos quieren combatir el hambre, pero todavía resta definir de dónde van a salir buena parte de los recursos.