El Senado aprobó la emergencia alimentaria: qué implica y cómo se utilizarán los fondos
El Senado sancionó este miércoles por unanimidad el proyecto de prórroga de la emergencia alimentaria después de un debate en el que no faltaron críticas al oficialismo, que casi no tuvo expositores.
Con 61 votos a favor, el proyecto fue convertido en ley a menos de una semana de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y establece un incremento al menos el 50 por ciento "de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
De esta manera, obliga al Ejecutivo a reasignar partidas por 10.000 millones de pesos.
La primera senadora en hacer uso de la palabra fue la salteña Cristina Fiore Viñuales, del bloque PARES, quien recordó que de 2014 a 2016 "2,5 millones de personas en la Argentina padecían hambre" según la FAO y que "ése número saltó a 5 millones de 2016 a 2018".
"Esta sesión es una oportunidad para que quienes tiene la oportunidad de decidir vean que este tema no es un eslogan de campaña, existe y es vergonzoso", agregó Fiore.
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La santafesina María de los Ángeles Sacnun, del Frente para la Victoria, apuntó contra la política económica y sostuvo que "estos ciclos de endeudamiento con fuga de capitales son los que terminan poniendo a la Argentina una y otra vez en estas situaciones de emergencia".
A su turno, el formoseño José Mayans, del bloque Justicialista, anticipó que votará a favor del proyecto pese a no estar de acuerdo porque, según dijo, "el 80%" de los fondos destinados a la emergencia "se lo lleva la Ciudad de Buenos Aires".
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año.
Qué implica la ley
El proyecto aprobado ya por Diputados y Senadores, establece que la Emergencia Alimentaria se prorroga hasta 2022 y se dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.
En la iniciativa se establece que deberá otorgar "como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
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Además faculta al Jefe de Gabinete a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias" para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
También se autoriza a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
A lo largo de la ley se establece que "el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada "Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional" que apruebe el Congreso de la Nación.
También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.
Como se instrumentan los fondos liberados por la Emergencia
Movimientos sociales decidieron esperar en la calle la sanción de la Emergencia Alimentaria ya que, según argumentan es la forma de generar la voluntad política para que el Estado actúe y garantice el acceso a los alimentos.
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Desde las organizaciones sociales advirtieron que el Gobierno nacional tuvo fondos extras aprobados y disponibles para Políticas Alimentarias desde 2016, pero no los utilizó. Incluso, este año, el ministerio de Desarrollo Social subejecutó las partidas presupuestarias destinadas al envío de comida a escuelas y redes de contención, mientras la suba de los precios hacía que en los hogares de menores ingresos fuera cada vez más difícil acceder a las cuatro comidas diarias.
Los fondos liberados por la Emergencia estarán destinados a todo tipo de comedores y merenderos, incluidos los escolares, los sostenidos por Cáritas, los de redes municipales y los de movimientos sociales, que motorizaron los reclamos más sostenidos.
En los muchos reclamos que se realizaron durante todo el año, organizaciones sociales plantearon que con el aumento del precio de los alimentos recibieron más demanda pero el Desarrollo Social discontinuaba o recortaba los envíos de insumos.
En las negociaciones, los funcionarios del ministerio admitían el problema, señalando que parte de las compras se vieron afectadas por la "falta de precio".
Otro aspecto puesto sobre la mesa es la baja calidad nutricional de los envíos, que obligan a una dieta pobre en vegetales frescos y proteínas, y excesiva en harinas, grasas y azúcares. Esta cara del problema todavía no fue tomada por las políticas alimentarias, pero es más que probable que terminará siendo una cuestión abordada en los meses que vienen, ya que hay mediciones de peso y talla de los niños que asisten a los comedores que permiten describir la situación.
Los relevamientos muestran que cuatro de cada diez chicos que se alimentan en comedores (escolares o sociales) tienen algún tipo de malnutrición. La preeminencia es de casos de sobrepeso y obesidad. También aumentó el número de niños con baja talla o estatura, una de las señales de la mala alimentación crónica.