El dólar y el default selectivo recalientan el debate por el salario mínimo entre la CGT y los empresarios

El debate para definir el nuevo salario mínimo, vital y móvil previsto para hoy quedó envuelto en un escenario de tensiones e incertidumbre, marcado por la nueva devaluación registrada esta semana y que llevó el dólar arriba de $60, así como por las medidas de emergencia del Gobierno, tras estallar la tregua con Alberto Fernández.

En ese marco, el Ministerio de Producción y Trabajo, encabezado por Dante Sica, podría otorgar este viernes una suba unilateral del 30% para llevar el piso salarial a $16.250, frente a la distancia evidente con el incremento del 140% exigido por buena parte del sindicalismo en línea con la canasta familiar, hoy valuada en $31.000.

Atento a las señales de conflictividad, Sica convocó por primera vez a participar del Consejo del Salario a la CTEP, liderada Esteban "Gringo" Castro. Gracias a ese gesto, el dirigente social ocupará un asiento en representación de los movimientos sociales, que el miércoles realizaron una importante demostración de fuerza sobre la avenida 9 de Julio.

Por otra parte, el funcionario también mantuvo contacto en estos días con la CGT, que enviará una comitiva encabezada por los cotitulares Héctor Daer y Carlos Acuña, mientras que por la parte empresaria asistirán representantes de las principales cámaras privadas del país.

Las negociaciones comenzaron a las 8.30 en la sede de la Secretaría de Trabajo, en Alem al 650, con el inicio de las comisiones técnicas integradas por los abogados de cada sector, y por la tarde será el turno del plenario de los miembros del consejo, encabezado por el ministro de Producción y Trabajo.

La jornada se desarrollará en un clima de protestas convocadas por la CTA Autónoma, los sindicatos combativos y los movimientos sociales, liderados por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Polo Obrero. Marcharán al mediodía desde el Obelisco a la dependencia laboral en reclamo de la reapertura de paritarias, el rechazo a los despidos y la declaración de la emergencia alimentaria.

Ese no es el único factor de tensión. La convocatoria para actualizar el mínimo tomó temperatura en las últimas horas con el rechazo tajante de los empresarios a las pretensiones sindicales y el llamado a la "prudencia" a la dirigencia política.

Según pudo saber iProfesional, esas fueron las principales conclusiones del encuentro mantenido el miércoles por el Grupo de los Seis, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio (CAC), Sociedad Rural (SRA), Cámara de la Construcción (Camarco), bancos de capital nacional (Adeba) y Bolsa de Comercio (BCBA).

"Un 140% de aumento es inviable y la ley es muy precisa", dijo a este medio el vice de UIA, Daniel Funes de Rioja, quien advirtió que el país atraviesa "momentos de turbulencia".

Según la Ley de Contrato de Trabajo, el salario mínimo es la menor remuneración que debe percibir un trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo. Su función es asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Pero las centrales sostienen que esa meta no se cumple en la práctica. En la CGT señalan que en otros países el mínimo representa el 60% del salario promedio, mientras que en Argentina es un 20% de la remuneración promedio de los asalariados formales, de $60.851, según los datos difundidos ayer por la secretaría de Trabajo.  

Acercamiento entre las partes

Con todo, el deterioro de la crisis motivó acercamientos sigilosos entre un sector de la industria y el ala más dialoguista de la CGT, integrada por los "gordos" (grandes gremios de servicios) y los "independientes", de buen diálogo con el Gobierno.

Tanto el diputado y dirigente textil, Ignacio de Mendiguren, como Daer impulsan una suerte de pacto social que permita transitar los próximos dos meses en forma pacífica hasta las elecciones de octubre. Los dos hombres cercanos a Alberto Fernández reconocen limitaciones del Ejecutivo para elevar el mínimo al nivel de la canasta familiar y comparten igual preocupación por las reservas de cara a un eventual gobierno presidido por el aliado de Cristina Kirchner.

"Nosotros queremos que el mínimo guarde relación con la canasta del Indec, pero no vamos a llevar una posición testimonial porque no somos la CTA ni trotskistas", dijo un abogado de la central obrera que asistirá al Consejo del Salario.

De ese modo, sugirió la posibilidad de llegar a un entendimiento y evitarle al Gobierno que lo resuelva con un laudo, como en 2018. La conducción cegetista tomó nota de las medidas oficiales para aliviar el impacto de la devaluación luego de las PASO.

Macri anunció una reducción de $2.000 en los aportes personales de los trabajadores privados con sueldos brutos de hasta $60.000, la elevación del piso para tributar en Ganancias y un bono de $5.000 para los empleados de la administración nacional, entre otros puntos.

En contraste con la postura más conciliadora, los gremios del transporte que también integran la mesa chica de Azopardo mantendrán el reclamo original de un incremento acorde a la canasta familiar de $31.000 medida por el Indec. A su vez, anticiparon a iProfesional que llevarán a la reunión de hoy el pedido de un bono para los trabajadores del sector privado, similar al que Macri otorgó a los estatales y que en los ferrocarriles públicos fue otorgado a cuenta de las paritarias.

"Ya que están los empresarios, les vamos a pedir un bono", confirmó un dirigente ferroviario de la mesa chica.

Las centrales alternativas también presionan a la cúpula de la CGT. La CTA Autónoma exigió en un documento mecanismos de actualización automática de la remuneración mínima, la extensión del beneficio a sectores excluidos como las trabajadoras de casas particulares, el sector público provincial y municipal; y la adopción de medidas para cubrir de igual modo a los asalariados que trabajan en la informalidad.

Mientras que la CTA de los Trabajadores alertó en otro estudio sobre la pérdida de poder de compra del ingreso mínimo, un proceso que comenzó en 2011 y se agravó en los últimos años de Macri. Y pronosticó que, de acordarse un aumento del 30% como prevé el Gobierno, el salario mínimo va a quedar nuevamente por debajo de la inflación, que para fin de año podría superar el 55% tras la última disparada del dólar. 

Sica había fijado inicialmente la convocatoria para el jueves pasado pero la renuncia intempestiva del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, reemplazado el fin de semana pasado por Hernán Lacunza, obligó a rehacer los cálculos y posponer la reunión para este viernes. Es que la definición del ingreso mínimo gravita sobre cerca de 2 millones de asalariados, según datos de la Secretaría de Trabajo.

De ese total, una parte son trabajadores privados fuera de convenio, pero además influye sobre los docentes cuyos piso salarial debe ser un 20% superior al mínimo, los beneficiarios de planes sociales que perciben la mitad de la mínima; y los jubilados con 30 años de aportes con un haber mínimo equivalente al 82% del mínimo.

El reperfilamiento de la deuda anunciado por Lacunza y la reacción negativa de algunas calificadoras que las llevó a colocar la deuda argentina en zona de "default selectivo" complicó aún más el panorama fiscal y sumó otro ingrediente a la compleja negociación que se desarrollará hoy en el organismo tripartito.

Entre otras tareas, sus integrantes deberán definir el valor de las prestaciones por desempleo, aprobar lineamientos para definir una canasta básica de referencia para determinar el salario mínimo y constituir comisiones para realizar estudios sectoriales para la reinserción laboral y formación profesional, así como formular recomendaciones sobre políticas de empleo.