Macri, a todo o nada: en "modo populista", empiezan los choques con el círculo rojo

En lo que para algunos observadores, incluso cercanos a la Casa Rosada, significó una incomprensible vuelta de campana. El hecho es que el gobierno nacional anunció en la tarde de este jueves que está dispuesto a aplicar la polémica Ley de Abastecimiento para asegurarse que las petroleras mantengan congelados los precios de los combustibles durante los próximos 90 días.

Y por estas horas hay quienes manifiestan estupor e incomprensión en el sector empresario más cercano a Mauricio Macri, el mentado "círculo rojo".

Resulta entendible: el espíritu de la Ley de Abastecimiento contradice las más básicas posiciones públicas del oficialismo. Y en su momento fue un arma política utilizada por Guillermo Moreno, el repudiado ex secretario de Comercio al que hoy ni siquiera reivindica el núcleo duro del kirchnerismo.

La decisión, tomada por el mismísimo jefe de Estado como la única forma de presionar a las petroleras para mantener a raya los precios de las naftas y del gasoil, se inscribe en un contexto donde la Casa Rosada va acumulando medidas que en los tres años y medio de gestión nunca hubiese ni siquiera imaginado.

Tras la devaluación, las compañías petroleras ya habían dejado trascender una inminente e ineludible alza en los valores de expendio en los surtidores. En el caso de la estatal YPF, esa suba iba a rondar el 5 por ciento.

La posible aplicación de la Ley de Abastecimiento a las petroleras aparece como la medida más conflictiva de todas las anunciadas por el Gobierno en las últimas horas.

Básicamente, porque en el pasado fue utilizada por Guillermo Moreno para presionar a empresas. Y, en particular, para forzar a la empresa Shell, por entonces conducida por el luego funcionario oficial Juan José Aranguren, a frenar aumentos en los precios.

Aquella pelea Moreno-Aranguren terminó en la Justicia, por la denuncia del entonces empresario y posterior funcionario.

Más acá en el tiempo, hacia 2012, fue Cristina Kirchner la que amenazó a los yerbateros con la aplicación de esta ley, también con el objetivo de frenar los aumentos en los precios.

El propio Macri había mostrado una voz híper crítica de esta norma. Hace cinco años, cuando en el Congreso se debatían cambios en la ley, el actual jefe de Estado había dicho: "Ya sabemos que este tipo de medidas y situaciones son pan para hoy y hambre para mañana. Esto no va a traer trabajo para los argentinos ni va a traer el financiamiento que necesita YPF para desarrollar Vaca Muerta. No es cuestión de eslóganes o de consignas. Lo importante es la realidad y esto agrava la recesión, el desempleo y el problema inflacionario".

Cabe recordar que la Ley de Abastecimiento es muy precisa: en su artículo 2, directamente le permite al Estado establecer "márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas".

Está más que claro que nadie, nunca, hubiese siquiera soñado que podría utilizarse durante la presidencia de Mauricio Macri.

Los empresarios no quieren ser variable de ajuste

Las empresas dejaron trascender ayer una carta que tenía como destino al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en la que advertían que la medida provocaría "un daño gravísimo a las empresas productoras de petróleo y por ende a los proyectos" de Vaca Muerta.

Es decir, apuntan a una zona sensible para el Gobierno, dado que el mega yacimiento neuquino es uno de los orgullos del macrismo y uno de los pocos focos de actividad que no han sido afectados por la recesión.

Tras reclamar una mesa de diálogo para toda la cadena de producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, las empresas advirtieron que podrían recurrir a instancias judiciales en caso de que se tomaran medidas "inconsultas e inequitativas".

Para calcular ese congelamiento del precio en pesos de nafta y gasoil en el segmento minorista de combustibles, se implementaría un congelamiento por el mismo plazo del precio del crudo.

Este precio sería el que cada refinería tenía vigente con su proveedor, por lo que se determinó fijar las variables a valores del 9 de agosto, con el dólar a $45,19 y el barril de Brent a US$59, se explicó tras el anuncio desde el Palacio de Hacienda.

¿Un "plan bomba" para Alberto?

Pero la posible aplicación de la Ley de Abastecimiento no fue la única "bandera" arriada por el Presidente tras el duro revés electoral del último domingo.

En las últimas 24 horas, el Gobierno lanzó un plan para que los deudores de créditos UVA no sean castigados por la elevada inflación.

Se trata de un subsidio mediante el cual el Estado pagará a los bancos la diferencia entre lo que surja de la actualización por la inflación y la que salga por el índice salarial que divulga el Indec (CVS).

La iniciativa, de todos modos, tiene un impacto limitado. En total, hay unos 100.000 deudores de créditos UVA. El Gobierno tomó esa decisión a pesar de que la morosidad en esas líneas es de apenas el 0,5 por ciento.

La última medida "populista" abordada por la Casa Rosada fue la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica, hasta el próximo 31 de diciembre.

El propio Macri brindó la información a través de las redes sociales. Los productos incluidos son: pan, leche fluida y UAT, aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar. El pan y harina tributan sólo el 10,5 por ciento.

La discusión en torno de esta iniciativa refiere a la su efectividad. Algunos economistas, como Roberto Lavagna, se oponen a ella con el argumento que la industria y la cadena comercial se quedan con el esfuerzo fiscal del Estado, sin que la mejora en los precios llegue a los consumidores, al menos en su totalidad.

De hecho, cuando Lavagna fue ministro, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, se redujo un par de puntos el IVA de determinados productos en los supermercados, pero la medida fue rápidamente suspendida por su escaso impacto.

En la misma línea argumental puede afirmarse que, en un contexto económico en el cual no existen precios de referencia, donde los valores cambian constantemente, el Estado no podrá observar con eficiencia si la medida es exitosa y cumple con su noble objetivo.

Por ese motivo, algunos economistas prefieren que el Estado haga ese mismo esfuerzo fiscal -de unos $10.000 millones, según lo estimado por Dante Sica-, pero para poner dinero en el bolsillo de la franja social más rezagada directamente, sin intermediarios, y sin beneficiar al sector social más acomodado.

Desde el equipo económico de Alberto Fernández monitorean con atención cada anuncio. "Mientras no malgasten las reservas del Banco Central, no podemos oponernos a nada que supone una ayuda a la gente", cuenta a iProfesional uno de los economistas que acompaña al candidato.

"Eso sí no quiero pensar en el día que estas medidas terminen. Y haya un reacomodamiento automático de los precios de las naftas y de los alimentos básicos. Habrá que pensar muy bien cómo desatar este nudo. El "Plan Bomba" de Macri", agrega.