El Gobierno reclama $23 M a organizadores del paro por el operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, denunció este martes a los sindicatos que organizaron el paro, movilización y acto en la Plaza de Mayo por "22 hechos delictivos".

Además, pidió a la Justicia que los gremios paguen $23,1 millones que supuestamente gastó el Estado en los operativos de seguridad.

En su presentación, el funcionario Pablo Noceti, secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales, señaló a: "Pablo Moyano (camioneros), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA), Omar Plaini (canillitas) y quienes suscribieron junto con ellos la convocatoria que culminó con la sucesión de hechos delictivos ocurridos entre el 29 y 30 de abril y que tuvieron por única finalidad la de forzar un fallido paro general a través de hechos de violencia".

Además, les atribuye ser "quienes habrían actuado como autores mediatos del delito previsto y reprimido por el artículo 213 bis del Código Penal que significó para el Estado un gasto de $23,1 millones erogados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para mitigar las consecuencias directas de los hechos registrados". 

Según el Gobierno, el Ministerio de Seguridad destinó $18 millones para movilizar a 6.000 agentes de las fuerzas federales para cubrir 302 puntos sensibles en todo el país y especialmente en los accesos a la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño gastó $,51 millones para disponer 1.700 policías para reforzar la seguridad en el microcentro, particularmente por donde marcharon los trabajadores.

La acusación del Ejecutivo nacional recayó en el juzgado federal 1 de Morón, a cargo de Martín Ramos, porque los dos primeros delitos denunciados ocurrieron en el partido bonaerense de La Matanza.

"Se registraron no menos de 22 hechos delictivos consumados contra el transporte público de pasajeros que comprenden desde daño a unidades, privación ilegítima de la libertad de pasajeros, amenazas a trabajadores y hasta el disparo de arma de fuego contra un ómnibus que llevaba pasajeros en su interior (línea 242)", afirma la denuncia del Ministerio de Seguridad.