Pese al plan de Macri para frenar el paro, Moyano retoma la calle con la mira en CGT y elecciones

Hugo Moyano buscará revalidarse este martes como el dueño de la calle. Lo hará con un paro general de 24 horas que afectará aviones, colectivos, bancos y recolección de residuos, entre otras actividades, y que además incluirá desde las 13 una movilización con un acto resonante a metros de la Casa Rosada, tan solo un día después de la demorada puesta en marcha del acuerdo de precios.

La medida será impulsada por un arco amplio de organizaciones del sindicalismo duro, las dos CTA y los movimientos sociales, pero también por un centenar de regionales, sindicatos y seccionales díscolas de la CGT, una jugada con la que el camionero apuesta a vaciar de poder a la cúpula de Azopardo y a la vez desgastar a Macri en el último tramo de su mandato previo a las PASO de agosto.

El sector del transporte será clave para el éxito de la medida. Sin el apoyo de los dos pesos pesados de la Confederación del Transporte (CATT) Omar Maturano (choferes de trenes) y Roberto Fernández (colectiveros) que encabezarán por su cuenta un quite de colaboración el miércoles del 1 de mayo, el número dos de Camioneros, Pablo Moyano, se mostró el viernes rodeado de los dirigentes aeronáuticos Pablo Biró (Pilotos), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Marcelo Ulrich (Personal superior).

Los dirigentes participaron del acto en la sede de La Bancaria donde Moyano ratificó la convocatoria al paro, al que también se plegarán personal de tierra, controladores y técnicos. "No va a haber ningún vuelo", anticipó a iProfesional Biró. Y retrucó: "Si la CATT dicta el paro, vamos a parar el miércoles también".

Los aeronáuticos son una de las puntas de lanza de la huelga, tanto que sus efectos ya empezaron a sentirse: las líneas aéreas se vieron forzadas a reprogramar en forma anticipada el arribo y salida de vuelos. Pero también participarán los cuerpos de delegados y seccionales opositoras de los colectiveros (UTA), lideradas por el exsecretario de organización, Miguel Bustinduy, que en los últimos días se sumaron a la protesta.

"No va a haber colectivos en toda la Capital Federal y Buenos Aires", adelantaron a este medio los laderos del sindicalista, que el año pasado desafió en elecciones la continuidad de Fernández. También se sumarán los ferroviarios de la Línea Sarmiento, encabezados por Rubén "Pollo" Sobrero, y la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles, conducida por José Adrián Silva, el único sindicato ferroviario que adhirió a la medida.El camionero además aspira a traccionar el eventual descontento que percibe entre las bases del gremio de Antonio Caló (UOM), el "gordo" Armando Cavalieri (Comercio) y el "indepediente" Gerardo Martínez (Construcción), todos de buen diálogo con el Gobierno. "Muchas organizaciones se van a llevar sopresas por que sus laburantes van a parar", desafió el viernes Moyano.

Consultado por iProfesional, el secretario adjunto de Camioneros, descartó cualquier negociación con el Gobierno, al que calificó como "un muñeco, un muerto que no reacciona", y volvió a desafiar a la cúpula de la central obrera al señalar que "lo importante es que hablamos con los trabajadores de los dirigentes que están en la CGT". El miércoles, por lo pronto, el sindicalismo duro convocó a realizar ollas populares en el marco de las medidas de los gremios del transporte.

El plan de Macri para frenar el paro de Moyano

En ese escenario, el Gobierno puso en marcha un operativo de control de daños. La ANSES adelantó los pagos de salarios y jubilaciones previstos para el 30 de abril mientras el ministro de Producción, Dante Sica, y su mano derecha, Lucas Fernández Aparicio, enviaron inspectores a las obras sociales y advirtieron de manera informal a los sindicatos adherentes a la huelga que les aplicarán multas millonarias si se pliegan a la protesta, según denunció el viernes el camionero.

Pero la principal herramienta para desinflar la medida de fuerza será el dictado de una batería de conciliaciones obligatorias preparadas por la cartera de Sica, que empezarán a llegar este lunes desde temprano a algunos de los principales gremios.

El gremio de ceramistas y publicidad fueron los primeros en recibir las notificaciones, según pudo saber iProfesional. De no cesar las acciones, las entidades se expondrán a duras sanciones, incluidos sus representantes.

Por un lado, la estrategia oficial apunta a hacer valer las medidas de arbitraje vigentes, como es el caso de la actividad aeronáutica. "Todos aquellos que las tengan prorrogadas y la incumplan, serán objeto de multas", confirmaron en el entorno de Aparicio. Por otro, si alguna empresa lo solicita, también lo evaluarán en Trabajo.

Este último caso es el de la actividad bancaria. El dictamen del Gobierno al que accedió en exclusiva este medio dispone "dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el plazo de diez (10) días, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 de dicha normativa" a la vez que "intima a la asociación sindical mencionada y por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto, durante el período indicado en el Artículo anterior, toda medida de acción directa".

Eso sí, las autoridades dependen de que las cámaras empresarias soliciten su intervención. En el caso de Abappra, la entidad pública encabezada por el titular del Banco Nación, Javier Gonzalez Fraga, no habría mayores problemas.

Fraga encendió el viernes pasado la ira de Palazzo cuando en una reunión a solas a las 14 en el Nación le trasmitió que "la paritaria no puede tener un dos adelante". Dos horas después, en la audiencia en Alem al 650 el banquero propuso la incorporación de subcategorías (rebajar la escala inicial), convertir el beneficio del Día del Bancario en suma fija y aumentar la jornada laboral. Una serie de cambios que fueron leídos como una provocación por el sindicalista.

En ese contexto, el Gobierno esperaba anoche que Adeba (banca privada nacional), ABA (extranjera) o ABE (especializada) se alinearan con el Estado y pidieran la conciliación, una medida que podría exponer a las entidadades financieras a la reacción del gremio.

Según pudo reconstruir este medio, el secretario de Trabajo, Fernández Aparicio, repasó este fin de semana en forma minuciosa junto a sus asesores los vericuetos legales para declarar la ilegalidad de la huelga y encuadrar el conflicto dentro del arbitraje obligatorio (ley 14.786), un dispositivo legal creado en 1958 por el gobierno de Arturo Frondizi para controlar la creciente conflictividad sindical en la época que el peronismo estaba proscripto. La idea de las autoridades es "garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes".

En Argentina, la única entidad facultada por ley para convocar a un paro general es la CGT. Sin el respaldo legal de la central obrera, Pablo Moyano gestionó el apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (IFT, por su sigla en inglés), en donde ocupa la vicepresidencia de la regional de América Latina, mientras que el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, arrimó el paraguas de la Confederal Sindical Internacional, la principal entidad a nivel mundial con sede en Bélgica, y la Confederación Sindical de las Américas. Ambos movimientos apuntan a generar una cobertura internacional en torno al derecho de huelga, reconocido y protegido por el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical.

Pero los técnicos de Aparicio alegan que varios de los sindicatos convocantes y las dos CTA no cuentan con personería gremial (si bien el fallo Orellano las autoriza a ejercer el derecho de huelga), la autoridad de aplicación no fue notificada por los gremios 48 horas antes de la medida de fuerza como establece la ley 14.786, y por último, entre las demandas, figuran las "paritarias sin techo", por lo cual los funcionarios creen que estarían en condiciones de dictar la conciliación por actividad.

La huelga de Moyano, de esa manera, pondrá a prueba también al "círculo rojo". Es que los empresarios tendrán que demostrar si están dispuestos a protagonizar un conflicto que por el momento solo tiene como blanco inmediato a Macri. O si, por el contrario, el último bastión de apoyo a Cambiemos prefiere mantener un cauteloso silencio.

La paradoja de esta postura "derrotista" es que podría representarle un beneficio económico a las empresas. "Puede que alguno se juegue si el Gobierno opera, sino no, con esta recesión algunas actividades prefieren no pagar salarios ese día", reconoció un asesor de la Rosada.

Mientras que la confrontación directa con el sindicalismo duro podría significarle al Ejecutivo la apertura de otro frente de batalla en momentos que encuentra dificultades para controlar la inflación y frenar la suba del dólar.