El modelo de gestión de crisis de Coca-Cola ya le genera dolores de cabeza al Gobierno

La reestructuración de la embotelladora Femsa, de Coca-Cola, sigue siendo materia de reclamos en la secretaría de Trabajo. El titular del área, Lucas Fernández Aparicio, se reunirá en los próximos días con representantes de la empresa para trasladarles el malestar de un grupo de trabajadores despedidos que cuestionan el acuerdo alcanzado con el Sindicato de Aguas y Gaseosas (Sutiaga) el mes pasado por el que hubo 32 cesantías en la planta de Pompeya, según pudo saber iProfesional.

El funcionario se comprometió a tomar cartas en el asunto ayer ante una delegación de ceseanteados que recibió desde las 18.30 en la sede de Alem al 650. La reunión de una hora se concretó después de las dos protestas protagonizadas por ese sector la semana pasada en el microcentro, que fueron reprimidas por la policía de la Ciudad, y en medio de tensiones con el gremio de Camioneros, en alerta por posibles recortes en la industria de bebidas.

Los visitantes, vinculados a la agrupación Marrón liderada por el PTS en el Frente de Izquierda, negaron que la empresa esté en crisis como alega la misma en los telegramas de despido y denunciaron despidos "persecutorios" a partir del entendimiento sellado el 22 de febrero pasado entre la firma y el gremio encabezado por Raúl Alvarez, un ex hombre de Luis Barrionuevo, hoy cercano a Cambiemos.

Asimismo detallaron que entre los desvinculados figuran empleados con antiguedad, padres de cinco hijos y de menores discapacitados, junto con candidatos de la última elección de delegados. "No vamos a dejar las calles y las protestas hasta conseguir que todos los trabajadores despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo", dijo uno de los cesanteados.

Aparicio aseguró a su turno que desconocía la situación y anunció que mantendría una audiencia con la parte empresaria para "escuchar la otra campana", luego de lo cual les informaría de las novedades. Una de las principales preocupaciones del Gobierno por estas horas es evitar un aumento de la conflictividad en un año electoral. Sirven de antecedente los casos de la alimentica exKraft en 2009, la autopartista Lear en 2014 y la fabricante de papas fritas Pepsico en 2017. En los tres participó la izquierda. 

El conflicto en la mayor embotelladora de América Latina comenzó desde que a principios de febrero solicitó un procedimiento preventivo de crisis con la intención de eliminar más del 10% de sus 600 empleados –unos 80- y pagar las indemnizaciones a la mitad de su valor en su sede de Pompeya. La firma de capitales mexicanos se vio afectada por la caída del consumo, pero el Gobierno finalmente le denegó el pedido, en medio de reclamos similares de Avianca, Atlántida y Fate.

En su lugar, hubo un acuerdo de 32 cesantías, por lo que las autoridades evitaron que la empresa se declarara en crisis y gozara de beneficios fiscales, como los que recibió el año pasado la cadena francesa de supermercados Carrefour.

Con dos plantas de producción y embotellamiento (Pompeya y Monte Grande) y tres centros de distribución (Villa Crespo, Loma Hermosa y Villa Celina), la empresa avanzó en los últimos días en la instrumentación de cambios en las líneas de producción que apuntan a una mayor utilización de las botellas retornables y las bebidas alternativas a Coca Cola en la fábrica de Pompeya.

"Se está trabajando con normalidad", confirmaron desde la empresa. Es más, los directivos otorgaron horas extra para alcanzar los niveles de demanda en el centro de distribución de Villa Crespo, en donde el lunes posterior al acuerdo fueron desafectados otros nueve trabajadores, por fuera de lo que se había convenido en la secretaría de Trabajo el viernes previo. Así, en lo que va del año ya hubo un total de 160 bajas, entre despidos y retiros voluntarios.

Por estas horas, los movimientos en Coca-Cola mantienen en alerta al camionero Hugo Moyano, que hace dos semanas protagonizó un acto con cerca de 10.000 trabajadores frente al mega centro operativo de Villa Celina, un centro de carga y descarga ubicado frente al Mercado Central. Allí, el secretario adjunto de la organización, Pablo Moyano, se reunió con los despedidos de la Marrón, quienes en los próximos días harán lo propio con el maestro Roberto Baradel y el gremio telefónico Foetra. 

Con esa demostración de fuerza que adelantó este medio, el gremio de camioneros manifestó su oposición tajante a la posibilidad de que la embotelladora avance sobre sus afiliados con la eventual reducción de 16 camiones, con dos conductores por vehículo, lo que representaría otros 32 despidos adicionales. En la empresa aseguran que "no hay prevista ninguna reducción ni en unidades ni en trabajadores", pero el sindicato sospecha que hay un plan de achique en carpeta más ambicioso.

Semanas atrás, Pablo Moyano denunció supuestas presiones de la fabricante de gaseosas sobre sus socias para que se declaren en situación de crisis y así facilitar cambios en las plantillas. Solo la compañía de la fórmula secreta emplea a más de 10.000 personas entre empleados directos y externos en 10 plantas y 92 centros de distribución en el país que son operados a través de sus socios Femsa y Regis (Capital y Buenos Aires), Arca (Norte) y Andina (Centro y Sur).

Moyano también está preocupado por las contratistas que proveen el servicio logístico a la cervecera Quilmes, con un centro operativo al lado del de Coca-Cola en el Mercado Central, y la multinacional Danone. La fabricante de alimentos y lácteos despidió la semana pasada a 11 trabajadores en su planta ubicada en la localidad de Chascomús, en provincia de Buenos Aires, donde embotella las reconocidas marcas de agua Villa del Sur y Levité.

Luego de acumular 70 cesantías en el 2018, en enero pasado envió 40 telegramas de despido en los que ofrecía el pago del 40% de la indemnización, a raíz de la caída del consumo en el mercado interno.