Causa de los cuadernos: confirman procesamiento de Cristina con prisión preventiva pero dan respiro a empresarios

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de la corrupción.

En el mismo fallo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron atenuar la calificación penal que pesa sobre los empresarios involucrados en la causa que se abrió con los anotadores del chofer Oscar Centeno.

A la mayoría, se los dejó afuera de la asociación ilícita por la que estaban procesados como miembros. Entre ellos, se encuentran Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; Aldo Roggio, Luis Betnaza (Techint), Juan Chediack y Enrique Pescarmona, por citar algunos ejemplos.

De esta forma, la instancia revisora de Comodoro Py en un fallo de 89 páginas confirmó lo dictado por el juez federal Claudio Bonadio en torno a la exmandataria, ya que la consideró jefa de una asociación ilícita y le adjudicó 27 hechos de cohecho, y rectificó la situación de los ejecutivos.

La sala I del Tribunal de Apelaciones ratificó además el procesamiento y prisión preventiva para el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública José López y el exfuncionario Roberto Baratta, todos considerados organizadores, según el fallo.

Con esta decisión, y a las puertas del año electoral, Bonadio quedó en condiciones de insistir ante el Congreso de la Nación con el pedido de desafuero de la actual senadora nacional, como anticipó que haría cuando la procesó.

En el fallo se validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido, determinante para el avance de este caso; se confirmó a Bonadio en la investigación; y se consideró como "prueba válida" a los ocho cuadernos que escribió el chofer de Baratta, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado. Fue considerado miembro de la asociación ilícita.

El Tribunal de Apelaciones, a su vez, confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, como miembros de asociación ilícita.

Los empresarios

En cuanto a los empresarios procesados por Bonadio, los camaristas Bruglia y Bertuzzi agravaron la situación únicamente del arrepentido Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, y del detenido Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, al entender que actuaron como "organizadores" de la asociación ilícita y no como miembros.

Lo mismo ocurrió con otro arrepentido, el financista Ernesto Clarens, quien quedó procesado como "organizador" de la asociación ilícita.

Respecto de una veintena de empresarios procesados, la Cámara dictó la falta de mérito por el delito de asociación ilícita y los dejó acusados solamente "por cohecho", lo que implicó un alivio para los ejecutivos.

En la lista de beneficiados aparecen desde Angelo Calcaterra (el primo del presidente Mauricio Macri y ex CEO de la empresa Iecsa), Aldo Roggio, Luis Betnaza (Techint) y Hugo Antranik Eurnekian a Juan Carlos de Goycoechea, Gabriel Romero, Juan Chediack o Enrique Pescarmona.

Distinto fue el caso de las segundas líneas que habían declarado como arrepentidos y se habían beneficiado con la falta de mérito con Bonadio.

La cámara revocó esa decisión y procesó a los ejecutivos Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti como partícipes necesarios de cohecho, al hacer lugar a una apelación al respecto de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo.

Sánchez Caballero es el histórico gerente de la firma IECSA, quen perteneció al grupo Macri. La decisión de volver a involucrarlo en el caso no deja de ser un dolor de cabeza para el Presidente. 

En cuanto a Luis Betnaza, el fallo de la Cámara Federal revocó su procesamiento por asociación ilícita, al dictar su falta de mérito por este hecho, y confirmó su procesamiento por cohecho activo, aunque instruyó al juez de primera instancia “a transitar los canales probatorios necesarios para dotar de la mayor definición a los escenarios denunciados por las partes”.

Específicamente, la Cámara solicitó que sean “profundizadas” y “analizadas” las pruebas aportadas por la defensa que darían razón al pago “por razones de emergencia”, ante la crítica situación que atravesó el Grupo Techint en 2008 al momento de repatriar argentinos que debían salir de Venezuela, tras la expropiación hostil de Sidor por parte del régimen chavista”.

Además, la Cámara consideró que no existe ningún elemento para sostener su prisión preventiva – que de todos modos no era efectiva- y dio de baja esta medida cautelar. Finalmente, la Cámara reajustó el embargo decretado a Luis Betnaza de $4.000 millones a la suma de $80 millones.

Otros de los beneficiados por el fallo fueron el exjuez Norberto Oyarbide y los exfuncionarios kirchneristas Oscar Parrilli, Javier Fernández y Jorge Mayoral, cuyos procesamientos fueron revocados y quedaron con falta de mérito.

El Tribunal, por otra parte, ordenó liberar a ocho detenidos: Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas, Hernán del Río, Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos con prisión domiciliaria hasta el momento.

La pelea por el desafuero

Tras conocerse la decisión de la Cámara, el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo que el interbloque Cambiemos insistirá con el desafuero de Cristina Kirchner.

“En el interbloque Cambiemos fijamos una posición para todos los casos similares: no acceder al pedido de desafuero de un juez de Primera Instancia, pero sí hacerlo cuando la prisión preventiva fuera confirmada por la Cámara”, anticipó el senador porteño.

Pinedo añadió que el juez federal Claudio Bonadio “dictó la prisión preventiva de la senadora, pero dijo que no iba a hacerla efectiva ni iba a pedir el desafuero hasta tanto la Cámara no confirmara su procesamiento, y eso fue confirmado hoy”.

El legislador vaticinó que el magistrado “va a pedir el desafuero rápidamente”.

Al respecto, recordó que cuando Bonadio solicitó que Fernández de Kirchner fuera desaforada por su situación en la causa del Memorándum con Irán, el Senado no actuó porque la causa estaba en primera instancia y la senadora no apeló su procesamiento.

Luego, cuando la Cámara ratificó la libertad de los otros detenidos en esa causa (Luis D’Elía y Carlos Zannini) el pedido de desafuero contra la ex presidenta quedó abstracto.

“Cuando entre el pedido, pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un plazo para expedirse de sesenta días y, si no se expide, el cuerpo debe tratarlo en 180 días”, contó.

Además, indicó que “los plazos van a correr desde que se constituya la Comisión de Asuntos Constitucionales, en marzo”, por lo que el eventual pedido de desafuero debería ser debatido en el recinto en noviembre de 2019, un mes después de las elecciones generales en las que se eligen Presidente de la Nación y legisladores nacionales.

Sin embargo, desde el PJ se mantendrá la "doctrina Pichetto", que previene el desafuero de senadores cuando no pesa sobre ellos una condena firme.

"Esa ratificación de la Cámara no modifica el hecho de que no procede el desafuero hasta que no haya sentencia firme", insistió el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Angel Pichetto.

La doctrina del justicialismo bloquea el desafuero de Fernández de Kirchner, y mantiene, por ejemplo, al ex presidente Carlos Menem en su banca como senador por La Rioja pese a que la Cámara de Casación Penal lo condenó por el pago de sobresueldos cuando era presidente de la Nación.

Para desaforar a un senador se necesitan los votos de los dos tercios de los presentes en el recinto. El interbloque Cambiemos tiene sólo 25 integrantes y necesitaría sumar a otros trece. Algo que, sin el acompañamiento del justicialismo, sería imposible.

En este marco, la expresidenta también se expresó -vía Twitter- y dijo que el agravamiento de su situación procesal "fue a pedido de Macri, Cambiemos y Clarín".

El fallo

Los camaristas validaron lo actuado por Bonadio y desecharon los planteos para hacer caer la causa: "Las pruebas colectadas resultan suficientes para tener por acreditado el suceso que se investiga", sostuvieron.

Y fueron contundentes respecto a los cuadernos de Centeno en su calidad de prueba: "Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década".