Fuerte protesta contra el G20 intentará llegar al Congreso en medio de tensión y dudas por el operativo

El Gobierno tendrá este viernes su mayor desafío al frente de la presidencia del G20. Por un lado, será el inicio de la cumbre en la que buscará acercar a los líderes del mundo para sellar un acuerdo en un momento de intensos enfrentamientos. Por otro, estará siguiendo minuto a minuto la principal movilización convocada desde hace varias semanas por las organizaciones que repudian la presencia de los jefes de Estado en el país.

Más de 100 organizaciones partirán a partir de las 15 desde avenida 9 de Julio y San Juan pasando por Avenida de Mayo hasta el Congreso. Pero no será una tarea fácil: tendrán que hacerlo en medio de un clima de tensión por el fuerte operativo de seguridad que sitió la Ciudad con 20.000 efectivos, amplias zonas de exclusión valladas y la interrupción del servicio de subte y trenes.

De la convocatoria participarán Confluencia Fuera G20-FMI, un espacio que nuclea a decenas de grupos, sindicatos y movimientos, los organismos de derechos humanos y los partidos de izquierda. La marcha será así el punto culminante de una semana de actividades, contracumbres y protestas, que este viernes coincidirá con acciones similares de solidaridad en otras partes del mundo.

A raíz de la expectativa generada, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Millman, y funcionarios de la Ciudad mantuvieron negociaciones con los referentes de la manifestación desde el viernes hasta el lunes pasado, sin llegar a un acuerdo. “No nos dieron garantías de nada”, dijo Luciana Ghiotto, de Attac, uno de los grupos que integra Confluencia.

El Gobierno buscaba que el titular de Serpaj, Adolfo Perez Esquivel, actuara como una suerte de mediador para evitar eventuales incidentes, pero el premio Nobel de la Paz ratificó que el Estado es quien debe garantizar la seguridad y se quejó por las restricciones al derecho a manifestarse y a la circulación con el supuesto argumento de garantizar la seguridad de la cumbre.

En vísperas de la marcha, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a mostrarse dura ayer frente a posibles hechos de violencia. "No vamos a tolerar la violencia y vamos a actuar si alguien se sale de las normas", subrayó la funcionaria al frente del Comando Unificado. Bullrich estará en contacto permanente con magistrados y fiscales para coordinar la pata judicial del operativo.

Entre ellos figuran el juez federal de turno, Claudio Bonadio, junto a la fiscal Alejandra Mangano, del tribunal N°11 de Comodoro Py. Bonadio estuvo al frente el 14 de diciembre, cuando fueron detenidas 40 personas durante todo un fin de semana por participar de protestas contra la reforma previsional. Ahora estará de turno el sábado y el domingo tomará la posta Sergio Torres, según confirmaron fuentes judiciales.

Una de las dudas que surgió en las últimas hora es si los defensores van a poder acceder a los tribunales federales, ya que quedaron dentro de la zona de exclusión. La Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) elevó un pedido a la Corte Suprema a través del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que encabeza Jorge Rizzo, para que se garantizara el acceso y el derecho a la defensa.

Pero el Gobierno respondió que “no se han dispuesto restricciones para el acceso al edificio de Comodoro Py en el marco del operativo de seguridad del G20”. Así lo informó el secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, en una nota a la que accedió iProfesional remitida por la Corte al Colegio de Abogados.

Pese a la respuesta del Ejecutivo, algunas organizaciones se mostraron disconformes. “Al estar en la zona de exclusión es posible que si hay detenciones no podamos acercarnos a pedir la excarcelación, con lo cual se llega al extremo de que restringen el derecho a la movilización con el transporte y el de la defensa de personas privadas de su libertad”, dijo Claudia Ferrero, de APEL.

Habrá restricciones en Retiro (Madero, Torre Catalina Norte, Alem, San Martín), Recoleta (Avenida del Libertador, Suipacha, Juncal, Guido, Junín), Puerto Madero (Moreau de Justo, Grierson, Giralt, Achával Rodríguez y Dellepiane), Palermo (Cavia, Tedín, Ortíz de Ocampo, Castex), Costanera (Illia, Lugones, Cantilo, a la altura del puerto), 9 de Julio - Colón (Corrientes, Madero, Huergo, Independencia, Entre Ríos y Callao y Córdoba, Pellegrini, Lavalle y Talcahuano).

Otro de los puntos que genera incertidumbre es la indefinición sobre los posibles lugares de detención. Los organismos de DDHH mantuvieron conversaciones con la Defensoría del Pueblo, jueces y fiscales en las últimas horas, pero desde el CELS señalaron que los propios funcionarios judiciales “no saben con exactitud a donde van a ser alojados los manifestantes” en caso de ser detenidos. No es un dato menor: en la cumbre de Hamburgo, en julio de 2017, hubo más de 400 detenidos.