Reforma laboral: los proyectos oficiales que esperan en el Congreso

La tasa de desempleo en la Argentina es actualmente del 9,6%, al borde de los dos dígitos.

Hay muy poca creación de empleo en el sector asalariado privado (con un total de solo 6.239.000 trabajadores) y un incremento del crecimiento vegetativo de la población de alrededor de 300.000 personas por año que se incorporan o quieren hacerlo al mercado laboral. Además, el empleo no registrado suma más de cuatro millones de personas. Hay una cifra para tener en cuenta: son 7.414.000 las personas que no trabajan, pero que podrían hacerlo, además de los 1.652.000 desocupados, señala La Nación.

El diagnóstico es claro y existe desde hace muchos años: hay que crear empleo de calidad e incorporar a mucha más gente en el mercado laboral, incentivando, entre otras acciones, el empleo privado y asalariado en el sector privado.

¿Por qué necesitan incentivos? Porque las condiciones actuales "desmotivan" a los empresarios para tomar gente por los altos costos laborales no salariales, impuestos distorsivos y la litigiosidad, entre otras razones, que llevan a que no piensen en expandir su negocio. Un dato contundente: el 60% del empleo en la Argentina es proporcionado por Pymes de menos de 5 empleados, que tienen las mismas obligaciones y costos que las multinacionales.

"Hoy está todo estancado por razones políticas", dijo un funcionario de alto rango relacionado con la cartera laboral. "Los proyectos pueden modificarse, pero lo peor es que no se traten". Algunos ejemplos:

Primer empleo

Ya en abril de 2016 estaba la intención de hacer cambios en materia de legislación del trabajo y se envió al congreso la propuesta llamada "primer empleo", que nunca salió de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y que buscaba incentivar el primer empleo registrado (o para quien tuviera menos de 36 meses de aportes) de jóvenes de hasta 24 años a través de beneficios fiscales para empleadores. Esta franja es la más vulnerable en materia de empleo.

Estarían exentos del pago de distintos porcentajes de las contribuciones patronales y podrían percibir incentivos económicos durante los primeros 36 meses laborales del empleado.

Para recibir el beneficio, la empresa debía crecer en cuanto a personal: aumentar su dotación sobre la base del promedio del último trimestre de 2015. En la zona del Plan Belgrano, los beneficios habrían llegado el primer año al 34% del salario bruto del trabajador en las empresas de menos de 200 personas, y al 27,2% en las empresas con más de 200 personas.

La idea era que el beneficio disminuyera progresivamente. En el resto del país habría alcanzado el primer año al 25% del salario bruto del trabajador en las empresas de menos de 200 personas, y al 20% en las empresas con más de 200 personas. "Esto, con un tope equivalente a 1,5 salarios mínimos vitales y móviles, quedando a cargo del empleador la diferencia en caso de salarios mayores", decía el proyecto, que quedó en el olvido.

Blanqueo

Se presentó junto con otras propuestas en diciembre de 2017. Hoy el mega proyecto está fragmentado y blanqueo figura solo, pero no se trata.

Exceptuado el personal de casas particulares, el proyecto propone la regularización de por lo menos 4.900.000 trabajadores, de su fecha de inicio de la relación laboral y también de su salario real. Como contrapartida, no habría acciones penales, multas ni sanciones. Se condona la deuda de capital e intereses por aportes y contribuciones impagas. Algunas características de le posible ley son:

Los trabajadores tendrán derecho a computar hasta cinco años o sesenta meses de servicios con aportes calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil vigente, "porque el promedio de tiempo que un trabajador está sin registrar es de tres años y siete meses", dicen en la Secretaría de Empleo.

El empleador que no registre una relación laboral abonará a los organismos de la seguridad social una multa equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil vigente por cada período mensual no registrado.

-También se menciona la posibilidad de establecer un fondo de cese laboral, administrado por un ente sin fines de lucro. Integrado por un aporte obligatorio exclusivamente a cargo del empleador, deberá realizarlo mensualmente, desde el inicio de la relación laboral, y depositarlo en una cuenta bancaria todos los meses. El empleador deberá informar al trabajador el detalle de los aportes realizados.

La indemnización es una parte importante de este proyecto, que intenta unificar criterios para dar previsibilidad al monto. Quedan excluidos de la base salarial el sueldo anual complementario (aguinaldo), los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimientos de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador. Es decir celulares, autos, cocheras y otros beneficios más relacionados con los altos ejecutivos.

"Muchas veces una pyme evita tomar nuevos trabajadores porque un juicio laboral puede significarle cerrar las puertas", afirmas fuentes oficiales. Lo que no está claro en cuanto a compensación lleva a la litigiosidad, detalla La Nación.

Además, el cálculo de una indemnización no puede exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio excluida la antigüedad. Pero cuidado, aquí entra el famoso fallo Vizzoti, que estableció que la base salarial para el cálculo indemnizatorio no puede ser reducida en más de un tercio (33%) del monto total de la remuneración. El proyecto contempla entonces la aplicación de este fallo.

Formación laboral

"Se promoverá la progresiva implementación del proceso educativo formal dual que tiene lugar de manera exitosa en Alemania, promoviendo la realización de prácticas en ambientes reales de trabajo que faciliten la inserción laboral", dicen en Trabajo. Son prácticas formativas con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales o 130 mensuales.

El proyecto estipula que "los practicantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo. Esta asignación se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa". Aclara que son de carácter formativo y no productivo, quizás a modo de "despegue" de los llamados "contratos basura" de los años 90.

Programa empalme

Salió por decreto en mayo de 2017 y hoy están trabajando 15.000 personas, aunque fuentes oficiales esperaban más de los empresarios, algo reticentes a contratar a personas que por su vulnerabilidad tienen una ayuda económica. Las empresas que contratan a beneficiarios de programas sociales obtienen un subsidio (el monto que recibe el beneficiario de algún plan) y tienen la posibilidad de reducir el costo salarial durante dos años, señala La Nación.

Para el trabajador es una suba de ingresos, ya que recibe un salario acorde con el convenio por actividad. Si la relación laboral termina antes de los dos años, el trabajador puede volver al programa en el que estaba. Por ahora son pocos los beneficiados, pero por algo se empieza.