Medidas por el G20: la Fuerza Aérea intervendrá en los aeropuertos ante posibles "amenazas"

El Gobierno empezó a tomar medidas de seguridad ante la proximidad de la cumbre de líderes del G20. A través del Boletín Oficial, la resolución 2 autorizó hoy a la Fuerza Aérea a disponer de personal capacitado en los aeropuertos de todo el país para evitar interrupciones de los servicios. Esto implica que podrá encargarse de las operaciones bajo la dirección de la Polícia de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando el Ministerio de Seguridad o el de Transporte lo requieran.

La resolución conjunta lleva la firma de los ministros de Defensa, Oscar Aguad; Seguridad, Patricia Bullrich; y Transporte, Guillermo Dietrich. En sus considerandos, explica que debido a la presidencia del G20 que ejerce Argentina desde el 1 de diciembre de 2017, es necesario adoptar "medidas excepcionales" que prevean situaciones extraordinarias para garantizar la continuidad de los servicios aeroportuarios, más allá de cualquier inconveniente propio de la actividad comercial.

Por ello, instruye a la dirección general de Líneas Aéreas del Estado (LADE), a cargo de la subjefatura de la Fuerza Aérea, a que "ponga a disposición personal para que, frente a la interrupción, reducción o afectación por cualquier vía de los servicios aeroportuarios, en cualquier lugar del país donde se lo necesite, y a requerimiento de las autoridades del MINISTERIO DE SEGURIDAD, cuando exceda o no pueda intervenir el personal de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, se le proporcione el mismo para que, bajo la dirección de dicha POLICÍA, realice la prestación de todos los servicios y acciones necesarias a su alcance".

El objetivo, según la resolución, es garantizar el normal desarrollo del tráfico de aeronaves que tengan vinculación directa o indirecta con el foro del G20 y sus eventos asociados, o cuando Transporte así lo disponga para satisfacer "necesidades especiales".

La medida apunta a contar con el suficiente personal capacitado para enfrentar posibles situaciones de peligro o imprevistos en el marco de la cumbre que se realizará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires, a donde arribarán los principales jefes de Estado del mundo.

"Frente a la magnitud del G20 en Argentina que vienen personalidades como Donald Trump, Vladimir Putin y Angela Merkel, tenemos que estar preparados para cualquier situacion", explicaron a iProfesional fuentes del Gobierno.

Desde el año pasado, la empresa que opera las rampas Intercargo y Aerolíneas Argentinas mantienen un acuerdo con la PSA para que esta brinde apoyo logístico en caso de "amenaza de bomba o a la seguridad". Con ese antecedente, la idea ahora es que la PSA pueda apoyarse en el personal de la Fuerza Aérea de LADE, señalaron las fuentes oficiales.  

La resolución ordena a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), al Organismo Regulador del Sitema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), PSA y LADE para que colaboren, dispongan el personal necesario y asistan al Ministerio de Transporte y al de Seguridad, cartera que determinará el momento y lugar de ejecución de las actividades.

"No se habla de intervenir sino de priorizar el normal funcionamiento aéreo en cualquier aeropuerto", aseguraron desde el ministerio que encabeza Patricia Bullrich.

Como parte del plan de seguridad, las autoridades ya compraron un sistema antiáreo y prevén restringir el acceso para evitar el ingreso del país de "violentos" con "antecedentes". El Gobierno busca prevenir los conflictos que estallan en cada cumbre del G20. En julio del año pasado, la ciudad alemana de Hamburgo fue sede de campamentos "anticapitalistas" y grandes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Mauricio Macri enfrentó tensiones con la Unión Europea en diciembre pasado, cuando dispuso el blindaje del aeropuerto de Ezeiza en ocasión de la cumbre de la OMC. La medida implicó la prohibición del ingreso de 60 activistas y miembros de ONG por sus opiniones en las redes sociales.

Finalmente, la presión de Noruega forzó a las autoridades a permitir el ingreso del ciudadano de ese país Petter Slaatrem Titland, de la ONG Attac, tras ser expulsado junto a la periodista británica Sally Burch.