La Policía Federal allanó el edificio donde vive Cristina Kirchner: buscaban una bóveda en un entrepiso
Efectivos de la Policía Federal entraron en la tarde del lunes al edificio de la calle Juncal al 1300, en el barrio porteño de Recoleta, domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner mencionado en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Claudio Bonadio, juez interviniente en la causa de los "cuadernos de las coimas", dictó el procedimiento aunque se tratarían de "trabajos de observación", pues el departamento de la exmandataria están protegidos por sus fueros como senadora.
Gregorio Dalbón, abogado defensor de la exmandataria, rápidamente se presentó en el lugar y argumentó que se trata de un "circo" para "tapar que el país se está cayendo a pedazos con el dólar a 31" pesos.
"Están armando un circo porque están allanando el primero y el cuarto piso que no pertenecen al matrimonio Kirchner", señaló el letrado.
"Se acaba de armar un gran circo, porque están allanando el primer y cuarto piso, que no pertenecen a Cristina", precisó poco después el letrado ante la prensa y luego de contactarse con el jefe del operativo.
Además, Dalbón consideró que el operativo "es violencia pura" y que "quieren amedrentar" a la ex mandataria nacional para "tapar realmente lo que está pasando en el país".
"Como los servicios la investigan en el Instituto Patria, quizás también la investiguen acá. Yo voy a tomar fotos de todos los autos", cuestionó.
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Y agregó: "Esto ya no es arbitrariedad, sino que es ilegal. Ningún domicilio de la senadora Cristina Kirchner puede ser allanado sin permiso del Congreso de la Nación".
Los departamentos allanados por la Policía estarían a nombre de un familiar o amigo de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López en Grupo Indalo, que actualmente se encuentra preso en la cárcel de Marcos Paz.
En efecto, el domicilio de la expresidenta puede ser allanado, ya que está protegida por sus fueros como senadora. Aunque Bonadio ya exigió no sólo explorar ese domicilio, sino también el Santa Cruz y el de Calafate.
Por su parte, Cristina no se encuentra en su domicilio ya que luego de presentarse en los Tribunales de Comodoro Py se refugió en el Instituo Patria.
En Tribunales
Este lunes por la mañana, Cristina Kirchner pidió la nulidad de la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio por presuntas coimas en obras públicas, negó los cargos en su contra y hasta reclamó que sea citado como testigo el primer mandatario, Mauricio Macri.
Lo hizo a través de tres escritos que presentó en la audiencia en la que fue convocada para prestar declaración indagatoria, y en la que no estuvo presente el juez Bonadio.
En uno de los escritos, la exmandataria cuestionó que Bonadio -a quien calificó de "juez enemigo"- y el fiscal federal Carlos Stornelli estén al frente de la investigación y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.
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En la causa Los Sauces, Cristina Kirchner está imputada también como jefa de una asociación ilícita junto a sus hijos Máximo y Florencia, y en esa investigación también se sospecha de irregularidades con la obra pública.
En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa por el origen que tuvo la misma: "a partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional".
Según la exmandataria, ante una supuesta connivencia entre el presidente, Mauricio Macri; el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici; el fiscal Stornelli y el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente e imputado en el caso.
"Según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana. Concretamente, en distintos medios se publicó que Ángelo Calcaterra habría mantenido reuniones con Daniel Angelici, así como también con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos con la presencia del propio presidente de la Nación, llegándose a conocer algunos de los diálogos que habrían tenido lugar en dicha reunión", señaló Cristina Kirchner.
En ese sentido, reclamó que se obtegan las imágenes de ingreso y egreso desde el 8 de enero a la fecha para saber qué personas visitaron la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Justicia.
En ese planteo, pidió la declaración como testigos de Macri, Angelici, el chofer Oscar Centeno y quien fuera su abogado al momento de la detención, entre otros.
En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornellli: fueron "elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas".
"En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta", evaluó.
Tras denunciar "graves arbitrariedades" por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la exmandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.
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"En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida", señaló.
La senadora señaló que desde que asumió el presidente Mauricio Macri se dictaron en su contra "cinco procesamientos" y subrayó: "increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015".
Subrayó también: "pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa".
"Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio", añadió.
Para Cristina Kirchner, "estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI".
"A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política", señaló.
Cristina Kirchner dejó este lunes por la mañana su domicilio a las 9:25 y 10 minutos después arribó a los tribunales federales de Retiro.
Poco menos de una hora y 40 minutos después, la exjefa de Estado salió del edificio de tribunales y tras saludar a algunos de sus seguidores se retiró en el mismo automóvil que la había trasladado desde su domicilio.
Hasta los tribunales también habían llegado los dirigentes peronistas Juan Grabois y Eduardo Valdés, ambos ligados al Papa Francisco.