Los empresarios del transporte temen pérdidas millonarias y más conflictividad

La guerra entre el Gobierno y Hugo Moyano empezó a generar preocupación en los empresarios.

Poco a poco, el conflicto por la multa de $810 millones aplicada a Camioneros se trasladó a las compañías de transporte de carga, en donde además de estar alerta por las medidas de fuerza que hoy definirá la entidad sindical en rechazo a la sanción del Ministerio de Trabajo, temen ser afectadas económicamente por la decisión de la cartera a cargo de Jorge Triaca de no homologar el bono de $9.500 y la reducción de los aportes empresarios al sindicato.

"Nos perjudican doblemente y no nos merecemos este trato", dijo a iProfesional el abogado de la Federación de Empresas de Autotransporte de Carga (Fadeeac), Lucio Zemborain.

Pese a que el acuerdo fue sellado en abril pasado, el ministro de Trabajo no lo homologó porque el mismo incluye la ratificación del "libre de deuda", un certificado que exige el sindicato a las empresas dadoras de carga que no adeudan aportes e ítems convencionales, pero que el Ministerio de Trabajo consideró ilegal en una resolución del 14 de junio pasado, que establece que las leyes "no prevén ningún tipo de certificado emitido por entidad sindical alguna de libre de deuda de aportes, contribuciones, obra social ni cuota sindical".

De ese modo, el bloqueo del entendimiento firmado por el titular de Fadeeac, Daniel Indart, y Moyano, puso en suspenso el pago de una suma no remunerativa desde mayo de $9.500 en cuatro cuotas iguales en Capital, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y de $7.167 en tres cuotas iguales en el interior.

Si bien la mayoría de las empresas ya comenzó a pagar parte del bono, el Gobierno ahora no descarta aplicarles el decreto 633 que prohíbe las sumas no remunerativas y que entrará en vigencia recién a partir del 10 de agosto.

"Si el acuerdo no se homologa antes de esa fecha, podría ser alcanzado por el decreto", reconocieron a este medio cerca de Triaca.

Según la resolución publicada el 10 de julio pasado, "el Ministerio de Trabajo no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo". En el caso del transporte de carga, la aplicación de la norma implicaría el pago de cargas sociales extra, ya que el bono era de carácter no remunerativo.

Pero además la no homologación sumaría la erogación de recursos millonarios adicionales para las empresas, por la suspensión de la disminución del aporte privado al sindicato en concepto de "profesionalización".

Se trata de un ítem del convenio (40/89) que se alimenta de una retención a los sueldos los 200.000 trabajadores de la actividad y que Camioneros aceptó reducir del 2 al 1,5%, lo que representa una diferencia a favor del sector empresario de $15 millones por mes. La baja de este punto fue impulsada con fuerza este año por el Gobierno en el sector lechero y bancario, donde se redujo la contribución solidaria que recibían los sindicatos.

La conflictividad es otro de los temas que inquieta a los empresarios. Tal como adelantó este medio el viernes pasado, Camioneros definirá este martes en la sede de su federación, en el barrio de Barracas, un plan de acción que podría incluir un paro.

La entidad rechaza la penalidad impuesta por Trabajo por la supuesta violación de la conciliación obligatoria el 27 de diciembre pasado, cuando el gremio realizó asambleas informativas en seis empresas para exigir el bono de fin de año, cuya vigencia ahora está en suspenso por la falta de homologación de Trabajo.

"Dieron el bono, pero no lo homologaron y algunas empresas no quieren pagar la última cuota por ser sumas no remunerativas", dijo a iProfesional Pedro Mariani, secretario gremial de la Federación de Camioneros y mano derecha de Moyano.

Triaca justificó el viernes pasado la sanción contra Camioneros y detalló que la multa deriva de una sanción de $4.430 por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados, arrojando un total de $809.790.710. La decisión deriva de la ley 25.212 que castiga el incumplimiento de la conciliación obligatoria, constatada por inspectores de la cartera laboral.

Ahora, la cartera laboral convocará a una audiencia para la semana próxima, en la que informarán una segunda multa también millonaria al sindicato, según confirmaron a este medio desde Trabajo.

El abogado del gremio, Hugo Moyano (h), apelará la penalidad ante el Ministerio de Trabajo por considerar nulo el procedimiento iniciado por la cartera labora,l por estar plagado de supuestas irregularidades.

La denuncia sindical apunta al monto exorbitante de la multa, la inaplicabilidad de la ley de procedimiento que data del gobierno de Onganía por la que se prevén sanciones (18.695) a los empleadores, y la incongruencia entre la cantidad de las empresas inspeccionadas y la multa aplicada en concepto por cada uno de los trabajadores del gremio, sin que estos hubieran participado de las asambleas.

"Ya presentamos la nulidad y se les perdió la documentación, si lo rechazan vamos en queja ante la Justicia laboral", dijo a este medio el letrado del sindicato.

Aunque en Trabajo amenazan con embargar al gremio, Moyano no cree que prospere. En 2012 el Gobierno quiso ejecutar un embargo por un paro en la rama de combustibles pero la Justicia lo dejó sin efecto. Ahora, además, el Gobierno está enfrentado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por el intento de juicio político a algunos de sus camaristas y el cuestionamiento de sus fallos.