Sube la tensión: Moyano evalúa convocar a un paro, presionado por OCA y causas judiciales
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El conflicto entre el Gobierno y Hugo Moyano sigue en ascenso. En el marco de la multitudinaria protesta convocada por el camionero, que el Presidente siguió desde la Quinta de Olivos, la tensión escaló en las últimas horas con cruces, amenazas de una profundización de las medidas y presiones oficiales destinadas al camionero.
Las columnas de manifestantes inundaron desde temprano la Ciudad y complicaron el tránsito a los principales accesos. La convocatoria transcurrió en medio de denuncias por parte de Camioneros y ATE, de controles y cacheos de las fuerzas de seguridad para impedir su participación.
Hugo Moyano advirtió el martes por la noche que "si algo llega a pasar, va a ser culpa del Gobierno", mientras que desde el oficialismo salieron a recordarle que la marcha no tendría ningún resultado sobre las causas judiciales que acumula el camionero en su contra.
En ese contexto, referentes de la CTA y la izquierda empezaron a reclamar un paro, una medida sobre la que conversaron la semana pasada Pablo Moyano, sus pares de las centrales alternativas Pablo Micheli y Hugo Yasky, y el líder del sindicato de maestros (Suteba), Roberto Baradel.
"Hablamos de darle continuidad a las acciones, no dejar ningún conflicto solo, el paro es una posibilidad si no cambian las políticas de ajuste", dijo Baradel a iProfesional. "En lo que más se avanzó, es en una nueva confluencia de sectores sindicales y sociales", confirmó.
Para contrarrestar al sindicalismo duro, el Gobierno profundizó en las últimas semanas su acercamiento al ala dialoguista de la CGT. En esa línea, Macri recibió el martes en la Rosada al petrolero Guillermo Pereyra, quien firmó el convenio de Vaca Muerta con menores beneficios laborales.
Sin finCon todo, la conflictividad no parece ceder. El sindicato de camioneros evalúa retomar el jueves el trabajo a reglamento en las ramas de combustible, caudales y logística, en reclamo de un bono de fin de año. El viernes pasado hizo lo propio con la recolección de residuos en toda la Ciudad.
Las señales de endurecimiento de Moyano llegan en medio de las crecientes presiones que enfrenta OCA, la principal empresa de correo postal, con 7.000 camioneros empleados de manera directa y cuyo dueño sería el sindicalista, si bien su gerente formal es Patricio Farcuh.
Después de concederle tres prórrogas a la empresa desde noviembre pasado, el Gobierno le dio el martes cinco días hábiles para que cancele sus obligaciones antes de darle baja en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales.
La intimación llegó justo un día antes de la protesta. Si para el miércoles próximo OCA no logra cumplir con ese reclamo, dejará de prestar servicios de manera casi inmediata. Para evitarlo deberá en el plazo intimado cancelar sus obligaciones impositivas, previsionales y sociales.
En estos próximos días, Farcuh deberá presentar ante los directores del Enacom un plan de pago de sus deudas con la AFIP que tenga el aval del ente fiscal y del juzgado de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora a cargo del concurso preventivo de acreedores de OCA.
Pero el empresario enemistado con Moyano sostiene que la AFIP no libera embargos a cuentas que tienen fondos de OCA por unos $1.700 millones, mientras que las deudas posteriores al concurso abierto alcanzan $1.100 millones.
Sin ese dinero, al que debería tener acceso por ley, Farcuh dijo que se ve imposibilitado de saldar sus compromisos. Por ello presentaría una demanda por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el titular del organismo recaudador.
El otro frente abierto que enfrenta Moyano son las investigaciones en la Justicia por presunto lavado de dinero, evasión impositiva, desvío de fondos de la obra social del gremio y asociación ilícita por fraude a Independiente, el club que preside el camionero.
Por si acaso, el Ejecutivo reiteró su idea de que la convocatoria responde a una presión del sindicalista para frenar las causas que brotaron en la Justicia en el lapso de un mes, desde que boicoteó la reforma laboral.
"Ninguna marcha, por más éxito que tenga, podrá frenar el proceso judicial", dijo el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.