El Gobierno dio una muestra más de la urgencia que tiene en desactivar el "caso Sandra". Con el ministro de Trabajo Jorge Triaca alejado de la escena, la cartera laboral difundió ayer el acuerdo al que su hermano llegó con la empleada para indemnizarla por haberla despedido sin causa.
Según los funcionarios, el entendimiento alcanzado entre Sandra Heredia y Carlos Triaca despejó las principales preocupaciones: la sospecha de de que Jorge Triaca había sido su empleador y de que la mujer había estado "en negro".
El hermano del ministro señala en el documento que él fue el empleador, que el contrato fue registrado correctamente y que Heredia ingresó el 1 de octubre de 2015, con un salario de $9.825,50.
Pero en las últimas horas iProfesional pudo conocer un dato que podría complicar la estrategia de defensa de la familia Triaca. Se trata del monto de la indemnización, que alcanzaría los $340.000.
Para el abogado de Heredia, Walter Lasagno, esa cifra -que en el texto aparece borrada- es clave porque demostraría que Heredia estuvo contratada de manera irregular y que su salario era superior a lo que indica la versión de los Triaca.
"Si ella hubiera estado en blanco desde 2015, no le corresponderían más de $50.000. Pero el trato se cerró en $340.000 porque incluye sueldos desde 2012 por un valor mensual de $19.500. Esto confirma que no estuvo en blanco", señaló el letrado a este medio.
Dejando de lado el audio que se conoció la semana pasada, en el que el ministro insulta a la empleada, lo que realmente preocupa al macrismo es el golpe que significan las otras denuncias, que erosionan la imagen del ministro de Trabajo y deslegitiman la cruzada oficial contra la "mafia sindical".
La conciliación es solo una de las medidas dispuestas para contener daños. A la vez que le bajó el perfil al ministro, el Ejecutivo además salió a sostenerlo a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente del Senado, Federico Pinedo.
En sus declaraciones reconocieron que cometió "errores", pero sin considerar que ameriten su renuncia. Una postura que retrucó Pablo Moyano, al exigir en las últimas horas la salida de Triaca de su cargo, en medio de las denuncias judiciales contra él, su padre y el sindicato de Camioneros.
Pero los funcionarios tienen sus motivos. Es que Triaca es una figura clave para el Gobierno: no solo es el encargado de defender la reforma laboral, además es visto como el hombre con más cintura para lidiar con los sindicatos.
Lo que podría parecer una tarea técnica, en realidad es sumamente política y de primer orden para una gestión que todavía no encontró la fórmula para domesticar a la dirigencia sindical. Sin Triaca, todo indica que sería aún más complicado.
El ministro de Trabajo cuenta con la ventaja de no tener prácticamente rivales. No tanto por haber contribuido al armado del PRO, sino por su "diálogo desde la cuna" con el sindicalismo, adonde lo introdujo su padre, quien fuera ministro de Trabajo y sindicalista en el menemismo.
La incógnita por estas horas es si todo ese "background" justifica su continuidad. Sobre todo en una administración en la que los funcionarios miden todo en función de su costo-beneficio.
Las encuestas encendieron alarmas en la Casa Rosada. Si la imagen del Presidente venía en caída, el affair de la empleada de Triaca no hizo más que empujarla un poco más hacia abajo.
Las redes sociales, en tanto, reflejaron otro síntoma de la crisis con los posteos de indignación de tuiteros oficialistas pidiendo la renuncia del ministro o bien la intervención de la diputada Elisa Carrió, la figura del macrismo con mejor imagen junto a María Eugenia Vidal.
Todos esos indicadores agitaron la interna en Cambiemos, en donde aún circulan críticas subterráneas al ministro. "No creo que lo vuelen a Triaca, aunque amerita que le metan una patada en el culo", se quejó un asesor de un funcionario con llegada a Macri.
El cambio de clima sorprendió al Gobierno. Pasó de iniciar el año con un Hugo Moyano acorralado por las denuncias en la Justicia a encontrarse con un ministro en la cuerda floja, la reforma laboral en stand by y los sindicatos enfrentados a la pauta salarial del 15%.
Mientras tanto, la estrategia oficial es apostar a la máxima grondonista de que "todo pasa". Pero todavía no está claro en cuánto tiempo se cerrarán las heridas.
Con la conciliación, Heredia desistió del juicio laboral pero no de su reclamo. Por ello, el abogado de la casera insiste en que "hay una responsabilidad solidaria de la familia y hermanos de Triaca que tenían como oficina a la quinta y de asistente a mi clienta".
La denuncia apunta a Jorge Triaca y Mariana Triaca, quienes recibieron oportunamente telegramas laborales y según el acuerdo ya no podrán ser enjuiciados. Esa fue la condición que exigió Carlos Triaca para indemnizar a la casera.
Pero el trato no limita otro tipo de reclamos judiciales contra la familia, que en su defensa del ministro acusó a Heredia de tener una "enfermedad psicológica" y de haber robado bienes de la quinta.
Esas declaraciones, según Lasagno, violan la vida privada y ocasionan daños y perjuicios. Por ello, su clienta no descarta iniciar acciones legales en ese terreno.
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