Este es el "plan B" del Gobierno para avanzar en la reforma laboral y evitar la pelea frontal con la CGT

Sin el aval del peronismo y con la guerra declarada por parte de la CGT, el Gobierno dividirá la reforma laboral en varias leyes para ir avanzando en aquellos puntos donde hay mayores consensos.

"No es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes", indicó este viernes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien destacó que "van a haber modificaciones normativas que el Congreso definirá".

Además, dejó en claro que el Ejecutivo avanzará en modificar ciertas normas vinculadas con el empleo ya que, según su entender, "lo que no podemos aceptar" es que no haya "cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto".

De esta forma, el presidente Mauricio Macri podría enviar en primer término al Congreso los proyectos para el blanqueo de trabajadores informales, los esquemas de capacitación laboral y otros beneficios, como la extensión de las licencias por paternidad.

Si bien todavía no hay un plan ni un cronograma en concreto, Peña dio algunas pistas en declaraciones radiales. "Para nosotros es importante que avancemos en un blanqueo laboral para que los trabajadores informales puedan ingresar al mercado formal", afirmó.

También explicó: "Nosotros dijimos mucho, el año pasado, durante la campaña y el último año del gobierno que no hay una reforma laboral, que las reformas que hay que hacer, en el mercado laboral, para generar más puestos de trabajo, para formalizar los trabajadores en la informalidad, para generar capacitación para los trabajadores excluidos, actualmente y los que puede quedar excluidos por los cambios tecnológicos, es un trabajo de todos los días, que incluyen acuerdos sectores".

El jueves, la CGT difundió un duro comunicado, con un aditivo especial. En el asado donde participó la cúpula y varios dirigentes de la central, también estuvieron Luis Barrionuevo, como anfitrión, y Hugo Moyano, como invitado especial.

En efecto, la organización gremial afirmó que Cambiemos hizo "más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres", al mismo tiempo que entiende que declaró como enemigo al peronismo y, por extensión, al movimiento sindical.

En este sentido, Peña afirmó que lo que el Gobierno desea es seguir "dialogando con los sindicalistas, los trabajadores, los gobiernos y la sociedad, en general", apelando a los gremios menos duros y no tan cercanos a la central obrera.

Por lo tanto, el oficialismo intentará librar en el Congreso sólo las batallas que hagan falta y presentar los proyectos en un orden lógico: de menor a mayor conflictividad.

En este sentido, el blanqueo de trabajadores informales, una norma que es "indiscutible" tanto desde el Gobierno como desde el gremialismo. Así, se esperan incorporar hasta un millón de empleados a la formalidad.

Esta iniciativa contemplaría la eximición del pago a los empresarios que regularicen la situación de sus trabajadores y el Estado reconocería a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.

Se estima que existen 4,5 millones de trabajadores en negro, que no son aportantes del sistema jubilatorio y no están cubiertos por una obra social. Por ello, el objetivo del oficialismo es que cerca de un millón –especialmente, de los sectores construcción, comercio y gastronomía– puedan ser blanqueados en una primera fase.