Con Triaca cuestionado, ahora el Gobierno avanza con mega auditoría de 50 gremios y la búsqueda de nuevo aliado sindical
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El trato con los sindicatos volvió a foja cero. Esa es la orden que bajó Mauricio Macri a sus funcionarios, convencido de que el triunvirato de la CGT y el propio Hugo Moyano representan un obstáculo para reordenar las relaciones laborales.
Es en ese terreno donde las autoridades siguen sin encontrar la colaboración esperada y se preparan para una nueva etapa de “modernización” del sindicalismo peronista, con la búsqueda de nuevos aliados.
El Gobierno decidió a avanzar en varios frentes. El abanico de iniciativas contempla un cambio en la estrategia de cara a las paritarias del 2018, en las que el Ejecutivo busca fijar una pauta del 15%, un mayor control de los libros contables de los gremios, y una reforma laboral en partes.
El endurecimiento hacia los gremios se da en medio de un clima de tensión, agitado por el caso "Sandra", que puso al ministro de Trabajo Jorge Triaca en el ojo de la tormenta. Pero también, en plena escalada de causas judiciales contra sindicalistas acusados de corrupción.
El funcionario se tomó vacaciones la semana pasada, luego de que se filtrara un audio en el que insultaba a la casera de la quinta familiar, Sandra Heredia, quien denunció maltrato y su despido sin causa. El escándalo destapó designaciones irregulares en el sindicato SOMU y una pelea por la caja del gremio.
En ese escenario, el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, autorizó la convocatoria de un cuerpo de contadores y abogados para que, a partir de febrero, realicen inspecciones en 50 sindicatos para revisar sus cuentas, un terreno inexplorado hasta ahora por el macrismo.
Se trata de una iniciativa que profundiza la etapa abierta tras las elecciones legislativas y contrasta con aquel breve período de diálogo durante el primer año de gestión de Macri, que reunió a funcionarios, empresarios y gremialistas en una misma mesa.
"Siguen todos los procesos iguales, en febrero va a haber novedades", aseguraron a iProfesional en el Ministerio de Trabajo.
La primera señal en esa dirección llegó con un decreto la semana pasada, que anuló la paritaria nacional docente y licuó el poder de CTERA, cuyo secretario adjunto es el titular del Suteba, Roberto Baradel. El preceptor figura en la lista negra de Cambiemos.
En tanto, en el sector financiero, los bancos se mantienen en su oferta de un 9% de aumento. El gremio liderado por Sergio Palazzo, quien le disputa el título de "combativo" a Hugo Moyano, ve detrás de esa propuesta -inferior incluso a la pauta oficial- la mano del Ministerio de Trabajo.
Más controles
Con ocho gremios intervenidos, los controles de las cuentas de las entidades laborales representa un salto en el combate de Macri contra la “mafia sindical”.
“Queremos ver si cierran los balances porque si no, hay que esperar que salte el alerta en la Unidad de Investigación Financiera”, explicó a este medio un funcionario de la cartera laboral.
Así, por ejemplo, los hombres de Triaca podrían anticipar casos como el de Marcelo Balcedo, el ex titular del Sindicato de Municipales, quien fue detenido recién el 4 de enero pasado en una chacra de Uruguay, donde se hallaron armas, fajos de dinero y un zoológico ilegal con animales exóticos.
La UIF detectó que el dueño del diario platense HOY sacó $53 millones del sindicato, que podrían tener un origen en el narcotráfico.
Se trata del mismo organismo que semanas atrás impulsó una megadenuncia contra la familia Moyano por supuesta evasión impositiva y presunto lavado de dinero por unos $4.000 millones.
Entre otras cosas, investiga el cruce de fondos millonarios entre Camioneros y OCA, a cargo de Patricio Farcuh. El organismo además denunció el blanqueo u$s1,1 millones de actividades vinculadas al gremio por parte de los hijastros del sindicalista. Ellos serían los próximos blancos de la Justicia.
La diputada Graciela Ocaña y Elisa Carrió también colaboran con la misión de "democratizar" el mundo sindical, y de paso doblegar a su dirigencia. Las dos denunciaron en su momento el traspaso de uso de fondos de Camioneros para financiar a Independiente, el club que preside Hugo Moyano.
Ocaña, a su vez, tiene en carpeta un proyecto para que los titulares de los sindicatos y obras sociales presenten declaraciones juradas y balances públicos, ahora amenaza con ir a la Justicia.
En tanto, cerca de Triaca sostienen que el control de las cuentas sindicales no es nada nuevo.
En rigor, está contemplado en el artículo 24 de Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que obliga a dichas organizaciones a remitir o comunicar a las autoridades los estatutos y sus modificaciones; la integración de los órganos directivos y sus cambios; la memoria, balance y nómina de afiliados dentro de los 120 días de cerrado el ejercicio; la convocatoria a elecciones; y los libros de contabilidad y registros de afiliados.
La iniciativa -que había adelantado Perfil semanas atrás- recoge el espíritu de las cuatro recomendaciones publicadas en el Boletín Oficial en abril del año pasado por el propio Pitrau, no por casualidad el mismo día que la CGT lanzó un paro general.
Las disposiciones apuntan a transparentar las elecciones sindicales mediante el uso del voto electrónico, el cupo femenino, la inhibición de candidatos con antecedentes judiciales y la adecuación de los estatutos.
El voto electrónico se empleó por primera vez el ámbito gremial el 18 de diciembre pasado. Fue en el Sindicato de Marítimos (SOMU), intervenido desde 2016 y cuyo titular, Omar “Caballo” Suárez, volvió ayer a la prisión, luego de que la Justicia le revocara el arresto domiciliario.
Pero el cambio de reglas le jugó una mala pasada al Gobierno: la nueva conducción electa tiene estrechos vínculos con los Moyano.
Clima "bélico"En el entorno de la familia sindical ven un claro trasfondo político detrás de las causas judiciales y el giro del Gobierno.
Es que las denuncias en contra de Hugo y Pablo Moyano explotaron tan solo un día después de la inauguración del Sanatorio Antártida hace una semana y media atrás. Allí el líder sindical festejó su cumpleaños junto a Triaca; el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el triunviro Carlos Acuña.
En su extenso discurso, Moyano defendió su gestión, dijo que “no todos los dirigentes son malos” y que nunca le gustó “estar atrás de ningún gobierno”. Fue la escenificación de un acercamiento, en el que el camionero reconoció que se viven “momentos especiales”.
“Por eso, aprovechando la presencia del compañero ministro, estamos haciendo el esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo”, se comprometió.
Triaca, en tanto, lo felicitó tres veces al camionero, una de ellas “de parte del Presidente”. Pero el clima de reconciliación duró poco. En los días siguientes, la familia Moyano apareció en tapa de los diarios, denunciada por diversos casos de corrupción.
“El informe de la UIF es una operación y tiene datos del blanqueo, es la primera vez que filtran algo así. Es una ofensiva del Gobierno”, aseguraron fuentes vinculadas a la defensa del camionero.
Cerca de los Moyano creen la movida oficial responde a motivaciones múltiples, que van desde la preocupación por moderar las paritarias hasta el encono personal de Macri con Pablo Moyano.
El secretario adjunto de Camioneros y secretario gremial de la CGT fue el único de los hijos de Moyano que se ausentó por estar de vacaciones a la inauguración del sanatorio la semana pasada. En cambio, estuvieron Facundo y "Huguito", el abogado de la familia.
Pablo es visto en la Rosada como el principal responsable de "torpedear" la reforma laboral y fogonear el paro de la CGT contra la previsional. Y aunque su padre sostiene que no lo puede controlar, los funcionarios ya no le creen.
“¿Qué nos aportó Moyano a la política laboral? Hizo quilombo cuando se discutió la reforma jubilatoria y contradijo a su hermano Hugo con la reforma laboral”, repasan fuentes oficiales.
RecalculandoEn ese escenario, el Gobierno decidió fragmentar la reforma laboral en "varias leyes".
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el macrismo no convocará a sesiones extraordinarias para tratar el tema, ante la falta de acuerdo con el peronismo.
Sin embargo, dejó en claro que el macrismo "no aceptará" que "no haya cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto".
Su decisión tuvo su impacto en la CGT: el triunviro Héctor Daer salió a respaldar la decisión. Lo hizo en medio del endurecimiento de Moyano y Luis Barrionuevo, quienes difundieron un duro documento contra Cambiemos tras su tradicional asado en Mar del Plata.
En medio de la preocupación por los efectos del "caso Sandra", desde la cartera que conduce Triaca dejaron en claro que, independientemente de la normativa, el "trabajo fino" ya comenzó.
Así se refieren al decreto de desburocratización firmado por Macri que, entre otras cosas, reduce las multas por “empleo en negro” y los tiempos de permanencia en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), creado en el 2014 por el kirchnerismo.
La otra pata del plan oficial en materia laboral es la búsqueda figuras para ocupar el cargo de interlocutores “friendly” del macrismo.
La propia Cristina Kirchner alentó al camionero para conducir la CGT y servir de faro en las negociaciones salariales.
La sociedad duró hasta 2010 cuando, fruto de sus diferencias internas, cayó en desgracia y entonces la exmandataria apostó por el metalúrgico Antonio Caló como reemplazante, pero con una central dividida en tres partes.
Ahora, el macrismo sondea a diferentes sectores, pero no parece un desafío fácil de resolver sin un Moyano anotado en la lista de candidatos que confecciona la mesa chica del Ejecutivo. De todos modos, hay una idea: "Podrían estar todos los que no fueron a Mar del Plata", explican.