Ya son 3.000 los cesanteados en el Estado y el tema amenaza convertirse en la primera crisis polí­tica del 2018

La decisión del Gobierno de avanzar con las cesantías en la mayoría de sus dependencias asoma como la primera tormenta política para el macrismo en el arranque del año.

La poda, impulsada por ministerios y organismos en apenas poco más de un mes, acumula no menos de 3.000 puestos laborales y, como es de prever, semejante recorte ya originó la primera medida de fuerza de envergadura.

El jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un paro nacional, y la protesta también incluye movilizaciones hacia el obelisco y ministerio de Modernización.

"Hay que poner freno a esta situación, que es producto del autoritarismo de este Gobierno y que se traduce en un hostigamiento permanente y en miles de despidos", afirma Hugo Godoy, secretario general del gremio.

En la vereda de enfrente, el macrismo reconoce los recortes de personal y alega que la magnitud es consecuencia directa de "un Estado que ha sido sobredimensionado por demás durante el kirchnerismo".

"Se dieron de baja muchos puestos vinculados con acuerdos políticos. Y la mayoría de los contratos que no fueron renovados se debe al exceso de recursos para la operatoria de los ministerios", señala a iProfesional una alta fuente del Gobierno.

A la situación anterior se le suman la de convenios temporarios, que si bien existen desde hace varios años, el oficialismo quiere recortar.

El crecimiento del número de despidos va en línea con lo anticipado por el propio Macri quien, tras la victoria electoral de octubre, reparó en el exceso de personal estatal y adelantó que iba a ser uno de los temas a atacar en la segunda etapa de su mandato.

Muchos recordaron en estos días cómo el mandatario había señalado a la Biblioteca del Congreso como un caso sintomático de la sobrepoblación injustificada de empleados.

"Tiene más empleados que las bibliotecas más grandes que el mundo", señaló el Presidente, quien además detalló: "En los últimos años pasó de menos de 500 a más de 1.700 trabajadores".

Además, se había referido a la Legislaturas provinciales: "Han ido aumentando su dotación en más de un 10% cada año, al tiempo que advirtió que "hay legisladores que tienen más de 80 empleados".Alta sensibilidadEn el arranque de 2018, las cesantías se dan en un contexto híper sensibilizado, a raíz de las discusiones sobre el cambio de fórmula de ajuste previsional y en pleno debate por la futura reforma laboral.

De hecho, a juzgar por las reacciones que está generando, esta nueva ola de desvinculaciones se presenta como la primera conflictividad política del año.

Los funcionarios no niegan los despidos, pero prefieren recurrir a otra terminología: la "no renovación de contratos".

"Con el cambio de Gobierno, se otorgó a cada ministerio la potestad para definir las renovaciones. Antes, esa tarea dependía exclusivamente de la jefatura de Gabinete, lo que alentó las renovaciones automáticas", añade la fuente del ministerio de Modernización.

"Ahora, en cambio, cada dependencia decide a partir de su presupuesto y de las tareas asignadas cuánto personal va a requerir para cumplir con sus metas anuales", completa.

Desde el macrismo también señalan que, en caso de que alguna de ellas necesite más recursos, estos sólo podrán ser tomados "para proyectos o iniciativas muy puntuales". Es decir, de haber incorporaciones, quedarán atadas a iniciativas previstas, como la concreción del G20 u otras anunciadas como el Plan Belgrano.

El modo en que se lleva a cabo la no renovación de contratos depende de cada cartera. Lo decide el área de recursos humanos del ministerio y hay autonomía en esas decisiones.

La fuente consultada, que pide reserva de identidad, recuerda que "hace poco estalló la polémica por los ex contratados en Radio Nacional, tema sobre el que decide Hernán Lombardi. Y así en cada caso. Las distintas dependencias aplican el método que creen conveniente", aclaró la fuente.La lista La decisión del Gobierno adquiere mayor relevancia cuando se repara en la abultada cifra acumulada en poco más de un mes.

Concretamente, los contratos no renovados en el Estado rondan los 3.000, y todo indica que esa cifra se irá engrosando con el correr de las semanas.

A modo de referencia, este es el cuadro de las cesantías en varias dependencias:

La ola de despidos irá en aumento. De hecho ya están previstos 1.700 despidos en el Correo Argentino. Se sumarán a las desvinculaciones en Acumar (se ocupa de la limpieza de los ríos Matanza y Riachuelo), Río Tercero, entre tantos otros.

En este marco, voceros de los sindicatos advierten que "los gremios reaccionarán ante un Gobierno que está dejando miles de personas sin trabajo para que le cierren los números".

"Los despidos y cesantías forman parte de la profundización del ajuste de Macri. Todo se asocia a una tercera reforma del Estado y al pacto firmado con la complicidad de los gobernadores", afirma Godoy, de ATE.

"Ni jefatura de Gabinete ni desde el Ministerio de Trabajo respondieron a nuestros reclamos. Entonces, la única opción que tenemos es la medida de fuerza. Esta política económica no acierta en darle soluciones a la gente", completa.

Los directivos gremiales creen que el Estado fue en estos últimos años un empleador plagado de situaciones irregulares, lo cual relativiza la visión gubernamental sobre contratos que no se renuevan tras haber llegado a su fin.

Para ejemplificar, mencionan tres casos tipo:

- Los contratados que trabajan años sin ser formalmente incorporados a planta permanente

- Los incluidos en plantas "transitorias" que permanecen dentro de esa categoría mucho más tiempo del plazo legal

- El abuso del sistema de contratos "tercerizados" mediante convenios con otras entidades

En consecuencia, el reclamo de los líderes sindicales se focaliza en que la gran mayoría de los contratados, en realidad, son empleados en relación dependencia "encubierta".

"No se trata de convenios no renovados, como dice el Gobierno, sino de miles de despidos sin causa que, para peor, en muchos casos no están sujetos al pago de una indemnización", indica una fuente consultada.Planta transitoria y permanenteA diferencia de los empleadores privados, que están amparados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el Estado se rige por la Ley de Empleo Público.

En la primera ola de despidos del macrismo, muchos de los reclamos incluyeron un adicional por daños y perjuicios (además del resarcimiento por desvinculación sin causa o el pedido de reincorporación).

Los empleados públicos "de planta permanente" están a resguardo por el principio de inmovilidad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional (siempre que muestren buena conducta y que no haya razones objetivas para el cese de la relación).

¿Qué ocurre cuando hay conflictos? No son dirimidos en la Justicia laboral sino ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincial o nacional) según corresponda.

El régimen de contrataciones por tiempo determinado (denominado "de planta transitoria") comprende la prestación de servicios de carácter estacional que no puedan ser cubiertos por el personal de planta permanente. 

De acuerdo con los convenios colectivos, el total de contratados bajo este régimen no puede superar el 15% respecto de estos últimos.

Además, bajo la figura de locación de servicios (Monotributo) no gozan de la estabilidad propia de los asalariados públicos. Carecen de la protección de leyes laborales y de la propia del empleado público.

Son contratos a término, generalmente de un año, en los que se especifica que cualquiera de las partes -con 30 días de preaviso- puede rescindir el vínculo sin derecho a indemnización alguna.

Durante el kirchnerismo, surgió la polémica por la "triangulación" que el Estado realizaba a través de las universidades con las que firmaba convenios.

Esto dio lugar a gran cantidad de problemas, ya que muchos contratos luego se perpetúan y muchos quieren ser incorporados a planta permanente, o al menos transitoria.

Puede suceder que el Estado decida rescindir el acuerdo y prescindir de sus servicios sin motivo alguno, amparándose en que el dependiente aceptó esas condiciones al momento de firmarlo.

Si bien algunos pudieron pasar a planta transitoria, tuvieron que resignar antigüedad y allí quedaron al no haber vacantes en planta permanente. 

Frente a ello, se entendió que, o bien estaban protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo o por el estatuto del empleado público.

En el primero de los casos, se exigía el pago del resarcimiento por despido injustificado, más vacaciones no gozadas, la parte correspondiente al SAC y demás requerimientos propios del derecho laboral.

En el segundo, el reclamo venía por el lado de una indemnización por daños y perjuicios (ante la desvinculación sin causa) o la reincorporación como empleados de planta permanente.

Hubo muchísimos ejemplos de contratados que excedieron el requisito de transitoriedad o estacionalidad, lo que genera una situación contractual irregular.

Hasta el caso D'Atri, en 2013, la Corte Suprema se había expedido a favor de indemnizar a los "contratados" (monotributistas que emitían facturas). A partir de allí, avaló el resarcimiento de planta transitoria.

En los precedentes "Ramos", "Martínez" y "Maurette", el máximo tribunal ordenó indemnizarlos con un mes de sueldo por año trabajado. Y, en el último caso mencionado, le sumó una compensación o preaviso.

Las cesantías en el Estado se multiplican y dividen las aguas. Cada caso involucra a personas empujadas a buscar nuevos horizontes laborales, mientras los economistas siguen reparando en si está bien o mal el "gradualismo" del Gobierno para ajustar las cuentas públicas.