Pacto Fiscal: Macri reordenó impuestos, jubilaciones, ANSES y ganó más que un acuerdo con provincias

En medio de la euforia por el Pacto Fiscal, el detalle menos comentado tal vez sea el más elocuente desde el punto de vista político: el acuerdo al que Mauricio Macri calificó como "histórico" llevó la rúbrica de la provincia de Santa Cruz, donde gobierna la cuñada de Cristina Kirchner.

Si bien la propia Alicia encontró la manera de "zafar" de la foto (se fue a Europa, en uso de su licencia), no puede escapar de la responsabilidad política de honrar la letra del Pacto. Está la firma de su vicegobernador, Pablo González, en su representación.

Lo que ese acuerdo implica, en definitiva, es una extensión a nivel nacional de las condiciones que Macri le había impuesto a Santa Cruz para ayudarla cuando, en abril pasado, se agudizó la crisis financiera y social. 

Es decir, obliga a la provincia a alcanzar el equilibrio en sus cuentas, a cambio de una mayor ayuda central.

Y, contrariando las acusaciones que en aquel momento hizo Cristina Kirchner (habló de discriminación y ahogo financiero hacia su cuñada), el Pacto Fiscal implica todo lo contrario: una menor dependencia de los gobernadores respecto de la Casa Rosada.

A lo largo del período de CFK, los recursos que se repartieron de manera automática por la Coparticipación disminuyeron en favor de los fondos que el Gobierno distribuyó de manera discrecional. 

Un informe de la consultora Economía & Regiones muestra que, hacia fines de la gestión K, sólo el 27% quedaba en las arcas provinciales. 

Esto lo sufrieron muchas provincias. Entre ellas Córdoba, que atravesó complicaciones para el pago de jubilaciones, y muy especialmente Buenos Aires, comandada por Daniel Scioli.

Bajo la gestión de Cristina, pocas veces quedó tan al descubierto la voluntad de un presidente por forzar a un gobernador a tomar medidas impopulares. 

En 2012, Scioli se quedó sin recursos para pagar el medio aguinaldo de los estatales.  Cristina no estuvo dispuesta a "rescatarlo", lo que llevó al mandatario bonaerense a tener que aumentar el impuesto inmobiliario rural.

En la gestión Scioli, se transformó en norma el conflicto con los docentes cada marzo. En 2014, las clases comenzaron cinco semanas después de lo previsto.

De manera que el nuevo Pacto, que cuenta con el visto bueno de todos los gobernadores, supone para Macri una doble victoria política. 

Primero, claro, porque le allana el camino para la aprobación de la ley en el Congreso. 

Segundo, porque le resta argumentos a la oposición kirchnerista para denunciar un plan de ajuste impuesto por el Poder Ejecutivo.

Después de la firma, la foto, la conferencia de prensa y la "bendición" al texto, se hace difícil sostener el mismo discurso acusatorio.

Aprendiendo de los erroresEl pacto dejó también algunas conclusiones sobre el momento político. Uno de las más claras es el poder que aún mantienen los mandatarios provinciales.

A pesar de algunas voces que hablan de la decadencia de la vieja "liga de gobernadores", lo cierto es que siguen siendo actores protagónicos.

Nadie lo puede atestiguar mejor que el propio Macri, quien no quiso arriesgarse a enviar el proyecto de ley al Congreso sin antes contar con el visto bueno de ellos. 

Esa actitud deja en evidencia un aprendizaje: el Gobierno no quiso repetir la experiencia vivida hacia fines del año pasado con el Impuesto a las Ganancias.

En aquel entonces, un error de cálculo político lo llevó al borde de una situación explosiva: toda la oposición se unió e impuso media sanción a una ley que el Ejecutivo consideraba desastrosa desde el punto de vista financiero. 

Era el texto de la famosa fórmula errónea de Axel Kicillof, que había subestimado el costo fiscal del alivio en el impuesto. 

Sólo gracias a la ayuda de los gobernadores, Macri pudo "remontar el resultado" y ganar el partido en la votación del Senado.

Por cierto, no lo hicieron para hacerle un favor desinteresado: más bien, actuaron en defensa propia, ya que el 64% de lo recaudado iba a la masa coparticipable (más otro 10% que embolsaban indirectamente a través del Fondo del Conurbano).

En ese momento, Macri entendió dos cosas: 

-La primera es que las votaciones importantes del Congreso no se juegan en el recinto, sino en el acuerdo previo con los gobernadores

- La segunda es que no podía pensar una reforma tributaria en la que las provincias se vieran a sí mismas como perdedoras

Es por eso que una de las prioridades del 2017 fue la de tejer un trabajoso acuerdo con cada uno de ellos. 

Por cierto, hubo un gran mérito de Rogelio Frigerio, quien se encargó personalmente de recorrer el país para escuchar los reclamos, hacer promesas y calmar ansiedades.

El esfuerzo demandó cintura política, imaginación, paciencia y, claro está, una buena dosis de "billetera". 

Es que, más allá de la buena voluntad del ministro del Interior, quien terminó de convencer a los reticentes gobernadores fue el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Lo hizo al estampar su firma para convalidar el pago de un bono por $80.000 millones para las provincias y hacerse cargo de los déficits de las cajas previsionales. 

A partir de esa rúbrica, los mandatarios provinciales desistieron de los juicios que mantenían contra el Estado nacional.

Sin "win-win" dentro de CambiemosEl Gobierno hizo hincapié en transmitir el mensaje de que el pacto fiscal no dejó perdedores. 

Es decir, insistió en un concepto que en la jerga corporativa se lo conoce como una negociación "win-win". 

Sin embargo, es un secreto a voces que sí hubo un gran ganador y un gran derrotado. Paradójicamente, ambos pertenecen al "riñón" de Macri.

La provincia de Buenos Aires es la que más tiene para festejar, algo que se hizo evidente en las expresiones de María Eugenia Vidal.

"Hoy es un día histórico", aseguró, al tiempo que su ministro de finanzas, Hernán Lacunza, se refirió al día del acuerdo como "el más importante de la gestión". No hubo exageración en estas frases. 

De ser una provincia en crisis financiera crónica y condenada a los cíclicos conflictos con los empleados públicos, pasó a contar con los recursos suficientes como para darle también un fuerte impulso a la obra pública.

Cuando asumió, Vidal se sorprendió de la deuda de $122.000 millones que le había quedado como "herencia". 

Ahora, se encuentra con que el año próximo dispondrá de un apetitoso "premio consuelo" de $40.000 millones por haber renunciado a su reclamo judicial sobre el Fondo del Conurbano. 

Nada mal, dado que la cifra no está tan alejada de los $53.000 millones que habría embolsado en caso de haber obtenido un fallo favorable de la Corte Suprema. 

Pero, además, el acuerdo implica que para 2019 -año electoral-, la provincia recibirá $65.000 millones, cifra que coincide con el tamaño que se proyectaba para el Fondo del Conurbano.

Con esa billetera, Vidal allana el camino para su reelección y, un detalle no menor desde el punto de vista político, podrá transformar a los intendentes en sus socios, al establecer mecanismos de transferencia de los nuevos fondos hacia los municipios.

En el otro extremo, quien no tiene motivos para festejar es Horacio Rodríguez Larreta, ya que tuvo que resignarse a ver reducida una de sus principales vías de captación de recursos.

Se trata del impuesto a los Ingresos Brutos, que le significa más del 60% de su recaudación. A la vez, tuvo que convalidar un argumento irrefutable del Presidente.

Macri, en su paso como jefe de Gobierno porteño, no tenía más remedio que recurrir (hasta el abuso) a ese impuesto distorsivo para sortear las dificultades financieras a las que lo sometía Cristina Kirchner. 

En cambio, Larreta cuenta con un Gobierno nacional "amigo", que le firma avales para endeudarse y realizar obras.

Hasta los gobernadores peronistas tuvieron que admitir que en el Pacto Fiscal rubricado la Ciudad hizo marcadas concesiones. 

"En el acuerdo quedó establecido aquello que planteamos los cordobeses sobre que hay que acabar con los subsidios diferenciales que benefician a los habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires ", señaló Juan Schiaretti.

Concretamente, el documento prevé terminar con los subsidios a la energía en 2019 y al transporte en 2021.

Una victoria en el plano culturalPara el Gobierno, el acuerdo consensuado implica algunas victorias en su "batalla cultural". 

Primero, la de contar con el compromiso de los mandatarios provinciales en el sentido de que mantendrán congelado el gasto público. 

Resta ver si esto se cumple, pero el solo hecho de que hayan firmado la disposición a no seguir aumentando la planilla de empleados públicos ni a usar el déficit como motor económico es todo un punto de inflexión.

Más aun, en un país en el que el rojo de las jurisdicciones representa un punto y medio del PBI. Por si acaso, el ministro Dujovne anunció un esquema de premios y castigos, según los grados de cumplimiento o alejamiento de lo convenido.

Lo que sí queda claro es que la mayor victoria política fue la de haber logrado atar el pacto fiscal a la reforma jubilatoria. 

Al ofrecerles a los gobernadores un acuerdo por el cual:

- Lo que resignan por un lado (Fondo del Conurbano o impuestos provinciales) 

- Se compensa con la pérdida de fondos de la ANSES (que deja de percibir su 20% del Impuesto a las Ganancias)

- Entonces, se hace necesaria la aprobación de la nueva fórmula para el reajuste jubilatorio 

- Temporariamente, la disminución de los ingresos del organismo será compensada con el Impuesto al Cheque, que dejará de existir en cuatro años. 

Bajo esta estructura, la financiación de ANSES (y, por ende, la sustentabilidad de todo el pacto) depende del cambio en la fórmula jubilatoria, ya que de otro modo los números no cierran.

Para Macri, este era un punto fundamental en su plan de corto plazo, ya que el sistema previsional se lleva más de la mitad del gasto público.

No por casualidad, es un tema recurrente en los informes de bancos de inversión y en las reuniones de funcionarios con inversores extranjeros.

El sistema previsional argentino, que ya estaba entre los más caros del mundo, pasó al tope mundial luego de la "reparación histórica" a los jubilados. 

Por encima de los países inventores de la Seguridad Social, como Francia y Gran Bretaña, el peso del sistema local dio un salto que los economistas calculan en un 13% del PBI.

El tiempo dirá si Macri tenía razón o exageraba al calificar como "histórico" el Pacto Fiscal con los gobernadores. 

En un país en el que la puja por el reparto de impuestos se hunde en lo profundo de la historia y llevó a guerras civiles (como la de federales y unitarios), suena algo arriesgado afirmar que las peleas se terminarán.

Sin embargo, la primera sensación es que, cuanto menos, es una gran victoria política para el Presidente. 

Tanto, que se anotó como socios a los gobernadores, que ahora pasaron a ser los principales interesados en que su agenda de reformas siga adelante.

El resto, quedará escrito en los libros de historia.