Primera consecuencia de la jugada de Macri: los "gordos" buscan desactivar el paro tras la "represalia" gubernamental

El endurecimiento del Gobierno sorprendió a la CGT y envalentonó al sector dialoguista para desactivar la amenaza de paro lanzada el martes por el moyanismo durante el acto de la central obrera en Plaza de Mayo. La idea cobró fuerza entre los "gordos" y los "independientes", luego de la decisión de Mauricio Macri de desplazar al titular de la Superintendencia de Salud (SSS), Luis Scervino, y al viceministro del Ministerio de Trabajo, Ezequiel Sabor, dos hombres cercanos al sindicalismo.

"No va a haber una mayor confrontación", anticiparon varios dirigentes sindicales consultados por iProfesional que responden a los grandes gremios grandes de servicios, como son Comercio y Sanidad.

A contramano de los camioneros y los bancarios, los denominados "gordos" ya habían planteado sus reparos a la marcha que finalmente se concretó este martes. Pero la reacción del Gobierno terminó por convencerlos de hacer valer su peso en el próximo comité confederal, que el 25 de septiembre deberá definir si van al paro. Allí ostentan la mayoría de votos.

En las últimas horas, se conoció que Horacio Pitrau reemplazará a Sabor. El flamante viceministro de Trabajo, quien tiene un buen vínculo personal con Triaca, es un abogado penalista que en la presente gestión protagonizó varias intervenciones a los gremios. Fue designado como director nacional de Asociaciones Sindicales en marzo de 2016, y es presidente del Foro de Abogados Argentinos (FORJAR) y especialista en derecho penal.

Por otra parte, Taricco, también del riñon de Triaca, reemplazará a Scervino, quien había sido director médico de la obra social del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y por tanto mano derecha de José Luis Lingeri. A cargo de la SSS, manejaba un presupuesto de $7.000 millones y era el encargado de regularizar la devolución de los $29.000 millones retenidos por el gobierno anterior a las obras sociales.

En ese contexto, el cambio de fusibles en el Gobierno fue interpretado como un intento de "marcar la raya" al sindicalismo. Al igual que buena parte de la cúpula, los "gordos" comparten el temor a una reforma laboral que flexibilice las condiciones de trabajo y además le quite poder de fuego a los sindicatos.

"Los muchachos le hicieron una demostración en caso de que quieran aplicar un modelo como Brasil y el Gobierno respondió más fuerte", señalaron en el sindicato mercantil, que lidera Armando Cavalieri. Y desde Sanidad aseguraron que van a seguir poniendo "límites" a cualquier propuesta que afecte a los trabajadores, aunque "sin hacer manifestaciones al cohete".

Entre los independientes tampoco hay ánimos de confrontación, aunque la medida adoptada por Macri fue considerada un "error".

"Piensan que el movimiento obrero está comprado por un cargo, pero el funcionario (Scervino) no tiene relación con todos sino con un sector", dijeron desde UPCN, el gremio de estatales. Así hicieron referencia a Lingeri, quien tuvo un rol protagónico en el acuerdo para la devolución de fondos retenidos de las obras sociales a los gremios el año pasado y que integra el núcleo de los "independientes" junto a Gerardo Martínez (UOCRA) y Andres Rodríguez (UPCN).

Rodríguez fue uno de los que el martes subió al palco y se mostró junto a una veintena de miembros del Consejo Directivo, incluido Pablo Moyano, mientras que Héctor Daer (Sanidad), Cavalieri y Martínez se mantuvieron fuera de escena, al igual que los líderes de la UOM y los del transporte. En la UOCRA leyeron la reacción oficial como una "respuesta" al sindicalismo, pero también descartaron un clima de mayor confrontación. "El paro se va a analizar en las diversas instancias, es la medida de máxima y una alternativa más", explicaron.

Mientras tanto, la dirigencia aguardará a que baje la espuma y se reunirá la semana próxima para evaluar los acontencimientos en frío. Desde el fracaso de la mesa del diálogo de la que participó la CGT el año pasado, el triunvirato entró en una crisis que aún no pudo resolver, oscilando entre la cautela y la movilización sin encontrar en ningún caso eco a sus reclamos en las autoridades. Ahora, la llegada de nuevos funcionarios y la señal de un endurecimiento de Macri despierta incertidumbre.

"Acá rompieron los lazos de conversación que había", señalan.

A los tironeos con el sindicalismo, se suman las internas dentro de Cambiemos. Ese es el caso de Sabor, quien venía de la gestión macrista en la Ciudad pero mantenía diferencias recientes con el Presidente sobre cómo relacionarse con los gremios, además de tener buena llegada al gastronómico Luis Barrionuevo -uno de los dirigentes que fogoneó la marcha del martes-, y al secretario general del Sindicato de Camioneros y ex jefe de la CGT, Hugo Moyano. El funcionario era un promotor de los cursos de capacitación para acercarse a los sindicalistas, a los que llegó a denominar de manera amistosa como "comebilleteras".

El desplazamiento de dos funcionarios cercanos al movimiento obrero tampoco cayó bien en el moyanismo.

"Es de manual político sentir que puede tomar un tipo de represalia", sostuvo el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola. Para el referente sindical, Macri "quiere dar una muestra de que puede disciplinar a través de esto: lo que criticó de la ex presidenta" Cristina Fernández "lo pone en marcha ahora", subrayó.

Pero aclaró que Scervino "no es alguien que milite gremialmente" sino que "tiene buen diálogo, y lo ha tenido, con nosotros, y es el que le ha permitido a Macri obtener $8.000 millones de las obras sociales para poner en marcha su plan nacional de salud".

El programa en cuestión fue anunciado en agosto del año pasado y tuvo como plato fuerte la transferencia por resolución administrativa de $2.714 millones a las obras sociales para pagar unos 100.000 expedientes por tratamientos médicos de alto costo ya brindados. Se trata de apenas un 9% del total de los recursos que acumuló el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), compuesto por los aportes de los gremios y que les fueron retenidos desde el Gobierno anterior.

Pero en ese entonces el gesto bastó para acordar una tregua implícita con el sindicalismo, la que sin embargo empezó a resquebrajarse a fines del año pasado en medio de los crecientes conflictos por despidos y cierre de empresas.