La "letra chica" del acuerdo con FMI: venta de fondos de ANSES y puntos polémicos

Finalmente, este viernes se conocieron los detalles del acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario para acceder a un programa de asistencia "stand-by" por u$s50.000 millones que permitan "proteger" el sistema financiero argentino. Y ya comenzó la polémica.

En el "staff report" que los técnicos del organismo elevaron al directorio se recomienda "vender tierras" y amortizar el Fondo de Garantí­a de Sustentabilidad de la ANSES para financiar el pago de reclamos jubilatorios.

Para lograr disminuir el déficit primario y llevarlo a 2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019, proponen retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria aprobada recientemente hasta 2020 como un medio para preservar los ingresos.

También sostienen que habrí­a que "mantener la tasa promedio de impuestos a la exportación en productos de soja en 25,5%", a pesar de que Mauricio Macri adelantó que no se iba a modificar el cronograma de las retenciones. Hoy, están en 26,5% para la exportación del poroto y de 23,5% para los subproductos y derivados.

La divulgación de este punto, seguramente resulta espinoso para el Gobierno, que -tras idas y vueltas- deberá definirlo cuando faltan pocos dí­as para la apertura de la Exposición Rural de este año, que comienzará el miércoles 18.

Los técnicos del FMI recomiendan, además, "vender tierras y amortizar los activos de los fondos de pensiones que actualmente tiene el Gobierno para financiar parcialmente el pago del Gobierno de los reclamos de pensiones pasadas".

Además, pide acelerar la reducción de subsidios y recortar el gasto, aunque da detalles de que habrí­a que disminuir "la masa salarial mediante la reducción del empleo público a través del congelamiento a los ingresos en la administración nacional (excluyendo universidades) para 2019 y 2020".

Los puntos principalesEntre las recomendaciones enumeradas por el Fondo Monetario, se destacan las siguientes:

- Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos del Fondo de Garantí­a de Sustentabilidad de ANSES. Esto tiene como finalidad financiar el gasto público en causas judiciales por jubilaciones.

- Fijar las retenciones a "la exportación de productos de soja" en 25,5%.

- Seguir bajando "subsidios ineficientes a la energí­a y el transporte"

- Bajar 15% el gasto público en bienes y servicios en términos reales este año, además de continuarlo en 2019.

- Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)

- Poner un "techo" a la suba nominal de los salarios estatales al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.

- Reducir la nómina de trabajadores estatales recortando, prescindiendo de los "empleados no prioritarios" en 2018. Y frenar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, salvo en las universidades.

- Ajustar las transferencias a empresas del Estado un 15% el año próximo.

- Bajar las transferencias a las provincias 1,2% del PBI en 2019. Pero este ajuste deberí­a completarse con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios, es decir, una profundización del ahorro fiscal en las provincias.

- Bajar 0,6% del PBI el gasto en capital. En este caso, el FMI espera que los proyectos de Participación Público-Privada conserven el nivel de actividad de la obra pública.

Ya empezó el ajusteTal como adelantó iProfesional, ya se "bajaron" proyectos de obra pública para cumplir con las recomendaciones del Fondo. Los últimos casos son los de dos centrales nucleares y de una represa para generar energí­a. Se trata de las centrales Atucha III y Sierra Grande, más el proyecto hidroeléctrico de Chihuidos.

En el primer caso, se dejarí­a de lado un acuerdo ya firmado con China para financiar la construcción de ambas centrales en la provincia de Buenos Aires, mientras que Chihuidos se localiza en Neuquén y se basa en un proyecto para construir una represa y una central hidroeléctrica que ya fue adjudicada a un consorcio multinacional liderado por una de las empresas de Eduardo Eurnekian.

En su momento, las obras fueron calificadas como prioritarias por el Gobierno y, en conjunto, comprometen inversiones por casi u$s12.000 millones. De esos fondos, u$s9.900 millones estaban destinados a las centrales nucleares y otros u$s2.200 millones a Chihuidos.

Si bien la cancelación de las centrales no fue anunciada formalmente, funcionarios del Gobierno ya lo hicieron saber a personal jerárquico de la Comisión Nacional de Energí­a Atómica (CNEA) y a los gremios que representan a los trabajadores involucrados en las obras.

La medida se toma como parte de la promesa del Gobierno al FMI de reducir los gastos y a pesar de que el acuerdo con China no implicaba una importante erogación para el Estado en términos de divisas, garantizaba la construcción de dos centrales y la continuidad del plan nuclear.

Además, la decisión va a contramano de los planes para aumentar la generación de energí­a con proyectos que pueden aportar una cantidad importante al sistema interconectado. En el caso de Atucha III agregarí­a 800 MW a la red eléctrica y la segunda central otros 1.200 MW.

En el caso de Chihuidos están involucradas empresas alemanas e italianas junto a Helport, la constructora de Eduardo Eurnekian, y Eleprint, de Gustavo Weiss, a su vez presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Gracias a las gestiones del propio Eurnekian, el consorcio habí­a logrado aval para un préstamo del gobierno alemán, con apoyo de la propia Angela Merkel, por u$s1.600 millones para desarrollar el emprendimiento en Neuquén.

El secretario de Infraestructura y Polí­tica Hí­drica, Pablo Bereciartua, fue quien negó que la obra se frene por cuestiones presupuestarias. Y le echó la culpa al consorcio liderado por Eurnekian al sostener que no avanzó en los términos esperados y no obtuvo los fondos necesarios para iniciar la construcción de la represa.

Pero en lugar de aclarar la situación, las declaraciones del funcionario pusieron en alerta a las empresas extranjeras que forman parte del grupo adjudicatario de la licitación y también de sus respectivos gobiernos.

También generó malestar en el seno de la Corporación América, holding dueño de Helport, y que comanda Eurnekian. Fuentes cercanas a las empresas involucradas aclararon a iProfesional que el dinero para financiar la totalidad de la obra ya está disponible y que las diferentes explicaciones de los funcionarios no hacen más que limar la credibilidad que los inversores extranjeros tienen en el Gobierno.

En cuanto a los fondos, queda claro que hay u$s1.600 millones ya comprometidos por Alemania, y otros u$s600 millones por el lado de Italia, de donde proviene otra de las empresas que forman parte de la obra. Los u$s300 millones restantes los debe aportar el Gobierno e incluyen intereses y serí­an los fondos que todaví­a no están comprometidos, más que nada por el acuerdo del paí­s con el FMI.