Para cumplir con el FMI, el Gobierno frena millonarias obras energéticas y arriesga su credibilidad internacional

Después de la firma del acuerdo con el FMI y producto de los compromisos asumidos por el Gobierno con ese organismo internacional para reducir gastos, importantes y millonarias obras de infraestructura prometidas por las autoridades nacionales parecen haber ingresado en una nebulosa.

Los últimos casos son los de dos centrales nucleares y de una represa para generar energía. Se trata de las centrales Atucha III y Sierra Grande y de Chihuidos.

En el primer caso, se dejaría de lado un acuerdo ya firmado con China para financiar la construcción de ambas presas en la provincia de Buenos Aires, mientras que Chihuidos se localiza en Neuquén y se basa en un proyecto para construir una represa y una central hidroeléctrica que ya fue adjudicada a un consorcio multinacional liderado por una de las empresas de Eduardo Eurnekian.

En su momento, las obras fueron calificadas como prioritarias por el Gobierno y, en conjunto, comprometen inversiones por casi u$s12.000 millones. De esos fondos, u$s9.900 millones estaban destinados a las represas y otros u$s2.200 millones a Chihuidos.

Si bien la cancelación de las centrales no fue anunciada formalmente, funcionarios del Gobierno ya lo hicieron saber a personal jerárquico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a los gremios que representan a los trabajadores involucrados en las obras. La medida se toma como parte de la promesa del Gobierno al FMI de reducir los gastos y a pesar de que el acuerdo con China no implicaba una importante erogación para el Estado en términos de divisas, garantizaba la construcción de dos centrales y la continuidad del plan nuclear.

Además, la decisión va a contramano de los planes para aumentar la generación de energía con proyectos que pueden aportar una cantidad importante al sistema interconectado. En el caso de Atucha III agregaría 800 MW a la red eléctrica y la segunda central otros 1.200 MW.

Acusaciones cruzadas

Al respecto, las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Cambiemos han sido ambiguas. Algunos confirmaron la intencón de avanzar con las obras, mientras que otros se refirieron a "reprogramación" de los plazos, tanto para las dos centrales financiadas con aportes chinos como para la que se pretende construir en Río Negro, con fondos rusos.

En el caso de Chihuidos están involucradas empresas alemanas e italianas junto a Helport, la constructora de Eduardo Eurnekian, y Eleprint, de Gustavo Weiss, a su vez presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Sin embargo y a pesar del carácter de "estratégico" que se le dio al emprendimiento, hace unos días, representantes del consorcio empresario junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se reunieron con el vicejefe de Gabinete de la Nación, Gustavo Lopetegui, quien les comunicó la decisión del presidente Mauricio Macri de ponerle freno a Chihuidos por entender que, como parte del acuerdo con el FMI, el país no puede tomar más deuda.

Esto ocurre debido a que, gracias a las gestiones del propio Eurnekian, el consorcio había logrado aval para un préstamo del gobierno alemán, con apoyo de la propia Angela Merkel, por u$s1.600 millones para desarrollar el emprendimiento en Neuquén. Durante el encuentro, el funcionario dejó entrever que ese dinero debería ser pagado por el Estado y advirtió que en la actualidad no estaban dadas las condiciones para incrementar el gasto público cuando se prometió lo contrario. Es decir, reducir el rojo de la Nación.

De todos modos, las palabras de Lopetegui luego fueron en parte desmentidas por otro funcionario de Cambiemos. En este caso, fue el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartua, quien negó que la obra se frene por cuestiones presupuestarias. Y le echó la culpa al consorcio liderado por Eurnekian al sostener que no avanzó en los términos esperados y no obtuvo los fondos necesarios para iniciar la construcción de la represa.

Pero en lugar de aclarar la situación, las declaraciones del funcionario pusieron en alerta a las empresas extranjeras que forman parte del grupo adjudicatario de la licitación y también de sus respectivos gobiernos. También generó malestar en el seno de la Corporación América, holding dueño de Helport, y que comanda Eurnekian. Fuentes cercanas a las empresas involucradas aclararon a iProfesional que el dinero para financiar la totalidad de la obra ya está disponible y que las diferentes explicaciones de los funcionarios no hacen más que limar la credibilidad que los inversores extranjeros tienen en el Gobierno.

De hecho, esperan que los términos del contrato sean cumplidos a pesar también de que el propio gobernador neuquino ahora reclama dar de baja la concesión y volver a licitar la construcción de Chihuidos. Una opinión incluso contraria a la que tiene su propio vicegobernador, Rolando Figueroa, para quien la decisión de congelar la obra demuestra que el Gobierno "tiene una visión miope y centralista", además de ser "un papelón diplomático".

Ocurre que los enviados del gobierno alemán llegaron al país con la idea de que se anunciara la obra de manera oficial, por lo que se mostraron sorprendidos por el anuncio que les hizo Lopetegui y así también se lo hicieron saber a las autoridades locales. 

Entre las empresas no se entienden las razones ya que sositenen haber cumplido en tiempo y forma con todos los compromisos que surgen del contrato de licitación. Incluso, con los cambios de socios extranjeros que, por razones de política internacional, se le fueron pidiendo al grupo Eurnekian.

De hecho, Helport en un principio tuvo de socio a una firma rusa, luego a una china y ahora a los alemanes de Voith Hydro, que hasta tiene el respaldo de la propia Merkel.

"Queremos seguir adelante porque no hay razones para frenar nada", anticipan desde el consorcio. Incluso aseguran que si se anula el contrato, generará un problema diplomático con el gobierno alemán.

En cuanto a los fondos, queda claro que hay u$s1.600 millones ya comprometidos por Alemania, y otros u$s600 millones por el lado de Italia, de donde proviene otra de las empresas que forman parte de la obra. Los u$s300 millones restantes los debe aportar el Gobierno e incluyen intereses y serían los fondos que todavía no están comprometidos, más que nada por el acuerdo del país con el FMI.

Queda claro entonces que más allá de que sea cierta la necesidad oficial de achicar sus gastos, la estrategia elegida para poner en práctica esta determinación, en lugar de brindar certezas a los capitales extranjeros, los aleja por darse a entender que se pueden realizar cambios o hasta anular contratos ya firmados y obras ya comprometidas argumentando razones de fuerza mayor.

Una decisión que también lastima la credibilidad no sólo del Gobierno y del país sino también de la relación del empresariado argentino con los grupos extranjeros que confían en armar sociedades para invertir parte de sus fondos en la Argentina. Incluso abre incógnitas sobre los pasos legales que podrían adoptar esas empresas internacionales y también las locales para defender sus inversiones y hacer cumplir los contratos ya firmados por los funcionarios de Cambiemos.