Ante el deterioro social, Macri recurre a la "fórmula Stanley" para volver a tener a los piqueteros como aliados

Elisa Carrió volvió a generar polémica y memes en las redes sociales. Fue a partir de su pedido a la clase media para que dé "propinas y changas".

Pero más allá de las burlas, su mensaje reflejó la preocupación existente en el Gobierno, en donde por estas horas buscan despejar cualquier posibilidad de un desborde social con el relanzamiento de un plan de contención para los sectores más carenciados.

La iniciativa contempla desde anuncios de fondos de distintos ministerios hasta la convocatoria a piqueteros, sindicalistas y empresarios. La Iglesia también figura entre los invitados a la mesa de negociaciones.

Con esa idea, la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, recibirá este miércoles al denominado "triunvirato piquetero", compuesto por el Movimiento Evita-CTEP, Barrios de Pie y CCC, que mantienen buen diálogo con el Papa.

La funcionaria convocó de urgencia a la reunión para frenar la jornada nacional anunciada por las organizaciones para este jueves, con ollas populares frente a los principales supermercados del paí­s, tal como lo adelantó en exclusiva iProfesional la semana pasada. La protesta ahora quedará supeditada a los resultados de la negociación.

Después de medio año sin verle las caras, Stanley volverá a sentarse con el lí­der del Evita, Emilio Pérsico; el de la CTEP, Juan Grabois; el de Barrios de Pie, Daniel Menéndez; y por la CCC, Juan Carlos Alderete.

Desde la Pastoral Social, en tanto, evitaron confirmar si va a estar presente el obispo de Moreno, Fernando Maletti, quien fue invitado a último momento y autorizado por la entidad eclesiástica. Pero en su entorno informaron que se encuentra desde el lunes encabezando un retiro en Córdoba.

Consultados por las próximas medidas, en el Gabinete reconocieron ante este medio que "se está evaluando todo" frente a lo que los propios funcionarios pronostican como un agravamiento del escenario.

En Desarrollo, analizan otorgar un bono extraordinario a los beneficiarios de planes. La idea de fondo es reconstituir la relación con los movimientos sociales con que el Ejecutivo avanzó en la implementación de la Ley de Emergencia Social durante el año pasado.

Hoy se calcula que unos 100.000 beneficiarios reciben un salario social complementario de $5.000, la mitad del mí­nimo, vital y móvil.

Esa alianza circunstancial, sin embargo, entró en crisis después de las elecciones de octubre, que envalentonaron a Cambiemos para avanzar sobre las jubilaciones, reducir su dependencia de las organizaciones en el territorio e incluso pasar la tijera por algunos programas.

Desde entonces, la devaluación de más de un 50% y las perspectivas recesivas de la economí­a profundizaron el malestar en las agrupaciones territoriales, que ahora reclaman un aumento del 30% en todas las polí­ticas sociales y un paquete de cinco leyes, con más presupuesto para diferentes programas.

En concreto, las organizaciones reclaman la Ley de Emergencia Alimentaria -un refuerzo presupuestario para los comedores-, la disposición del doble de fondos para los centros de adicciones y una iniciativa para garantizar que las cooperativas de trabajo accedan al menos a un 25% de las obras públicas.

Además, exigen una norma que permita a los horticultores comprar en cuotas las tierras a través de fideicomisos y este miércoles esperan la aprobación en Diputados de la ley de expropiación de tierras para urbanizar más de 4.000 barrios populares, villas y asentamientos de todo el paí­s. Una medida que, según la oposición, "carece de herramientas y presupuesto para llevar certezas a las familias".

"Vamos a terminar con un Gobierno con 50% de pobres en término de ingresos y 30% de hogares pobres estructurales. La Argentina está al borde del caos y de que ellos se vayan", dijo a este medio el lí­der del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

La cifra del deterioro está atada, según el dirigente barrial, a otro indicador de carácter polí­tico: el de la gobernabilidad. "Un economista dijo que la cifra para que caiga un gobierno era más o menos del 30% de pobreza, más allá de eso empieza a tener problemas, pero nosotros queremos que terminen", advirtió.

El "tridente" de San Cayetano, como también se conoce al grupo de movimientos afines a la Iglesia, presentará hoy un informe sobre la situación preocupante en los barrios pobres. El estudio realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Polí­tica Ciudadana, vinculado a Barrios de Pie, muestra un incremento del 33% en la cantidad de niños y adolescentes que concurren a los comedores: pasaron de 17.414 en el segundo semestre de 2017 a 23.168 en la primera mitad de este año.

Uno de los datos más dramáticos es que sobre un total de 20.662 niños y adolescentes de 2 a 19 años, el 42% presentó signos de malnutrición, siendo mayorí­a los casos de sobrepeso (20%) y obesidad (19%), seguidos por bajo peso (5%). Asimismo, se encontró que un 13% sufre baja talla o riesgo de baja talla, lo que implica un retardo en el crecimiento por falta de nutrientes o por enfermedades recurrentes.

¿Alcanzan las medidas de contención?

En su memorándum entregado al FMI, el Ministerio de Hacienda proyectó para este año un PBI sin crecimiento (0,4%), un piso mí­nimo de inflación del 27% y un fuerte recorte del gasto, cercano a los $200.000 millones, incluida la obra pública.

Por primera vez, el organismo aceptó en un acuerdo "stand by" una salvaguarda social que apunta a reforzar los fondos destinados a programas y asignaciones, con una partida de $13.500 millones para el 2018, y un 0,2% en los años siguientes en caso de situaciones de emergencia.

Por otra parte, el plan acordado con el organismo contempla un piso del 1,3% del PBI en la asistencia social enfocado en las familias con hijos, especialmente de las de mayor vulnerabilidad. Así­, se prevé un aumento de los programas de asignaciones familiares del 59,4% en los próximos tres años.

Pero desde el Instituto de Pensamiento y Polí­ticas Públicas, dirigido por Claudio Lozano, ya advirtieron que las medidas no serán suficientes para compensar el fuerte recorte previsto en el resto del gasto.

"Los escenarios que permitirí­an cumplimentar esta meta llevarí­an a una reducción de las prestaciones cercana al 40% o bien, a una expulsión de 3,5 millones de la cobertura social", indicó el instituto.

Pero también advirtió sobre la reducción del gasto en salarios estatales, que "implica un recorte de la masa salarial pagada del 18,8% que se traducirí­a en una caí­da equivalente del salario".

Por otra parte, el estudio tachó a la salvaguarda social como un "premio consuelo" que "apenas compensa el deterioro ocasionado por el propio Gobierno" en la pérdida de poder de compra de las asignaciones y desde el inicio de la gestión en 2015.

Foco en la provincia

Como suele ocurrir en situaciones de tensión, uno de los principales blancos de las medidas de contención previstas por el Gobierno es la provincia de Buenos Aires.

La gobernadora Marí­a Eugenia Vidal fue la encargada de reconocer la semana pasada que la economí­a atraviesa "momentos de dificultad", y anunciar el anticipo del aguinaldo y aumentos de las jubilaciones provinciales y las asignaciones familiares.

Asimismo, adelantó que volverá a citar a negociación paritaria a los docentes, que este martes realizaron su quinto paro a nivel nacional por la represión de los maestros de Chubut.

En cuanto a los sectores más vulnerables, la Provincia garantiza un servicio alimentario en las escuelas para 1.700.000 chicos de los 135 municipios.

Desde mayo pasado, el monto destinado a las raciones es de $18,85 por almuerzo y de $11,85 por desayuno o merienda, lo que implica una inversión total de $5.244 millones para 2018. Estos valores representan un aumento del 14% y el 15%, respectivamente, en relación al año pasado, por debajo de la inflación interanual medida por el INDEC en mayo, que en el Gran Buenos Aires fue del 26,4%.

Por otra parte, en el último tiempo se produjo el achique de Unidades Ejecutoras, los organismos que diseñó el equipo de Stanley asesorado por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, para desarmar la estructura de "punteros" heredada de gestiones previas y tener sus propios ojos sobre el territorio, tal como lo reveló este medio el año pasado.

La iniciativa derivó en la creación de entes estatales, manejados por los municipios, y de carácter civil, a cargo de ONGs, el radicalismo y los organizaciones cercanas al Gobierno. En ambos casos, financiados y controlados por Nación.

Esa red que se extendió por todo el paí­s se encargó de administrar el plan Argentina Trabaja, un conglomerado de cooperativas de trabajo creadas durante el kirchnerismo para contener el desempleo en los principales bolsones de pobreza, con epicentro en el conurbano. Pero todo cambió a fines del año pasado, cuando la gestión de Macri decidió integrar todos esos planes junto con "Ellas Hacen" y "Desde el barrrio" en el nuevo programa "Hacemos Futuro", que dejó al frente a la Anses, quitándole recursos y poder de negociación a los intendentes como a las organizaciones.

Una de las principales modificaciones fue la incorporación de nuevos requisitos, como la finalización de estudios primarios y secundarios, junto con la actualización de datos y certificados a presentar ante la ANSES.

El giro derivó en la caí­da de convenios con los municipios y la baja de miles de beneficiarios. Por caso, en La Matanza, el distrito más grande del paí­s, la CCC registró la caí­da de 3.500 beneficiarios de un total de 12.000 que cobran un ingreso de $5.000 por sus prestaciones en cooperativas de trabajo.

"Muchos dejaron de cobrar porque los obligan a terminar de estudiar y era lo único que les entraba de plata. Y todo esto mientras echan y suspenden gente en la industria", advirtió el lí­der de la CCC, Juan Carlos Alderente, con domicilio en La matanza.

El otro componente del distanciamiento es polí­tico: en junio pasado, el "triunvirato piquetero" presentó en público su frente electoral en un acto del que participaron los diputados Felipe Solá, Daniel Filmus y Juan Cabandié; el exsenador nacional Juan Manuel Abal Medina; y el exgobernador de Santa Fe y referente del Partido Socialista Antonio Bonfatti. Los impulsores del espacio, como Pérsico, no descartan su eventual participación en una alianza peronista contra Macri.

Cortocircuitos con la Iglesia

Los cortocircuitos con la Iglesia también complican los planes oficiales para disminuir la conflictividad social.

El titular de la Pastoral, Jorge Lugones, viene de protagonizar el último cruce entre la cúpula eclesiástica y el macrismo durante la Semana Social organizada por dicha institución en Mar del Plata, donde describió un escenario alarmante en el que "se agravan las desigualdades".

"La inequidad es enorme y cada vez se acentúa más. La desigualdad de los ingresos. El 60 por ciento de los trabajadores gana menos de 15 mil pesos. Por eso como Iglesia decimos que el ajuste no lo tienen que pagar los pobres", sentenció durante el encuentro, bajo la mirada seria de Vidal.

Las palabras de Lugones fueron leí­das como una provocación dentro la mesa chica de Cambiemos. Vidal y Stanley vení­an de visitar al Papa en el Vaticano.

El Gobierno se ganó el recelo de la curia por el activo rol que jugó el bloque del PRO en Diputados en el impulso a la Ley del Aborto. Si bien la Iglesia se cuidó de mantener un perfil confrontativo, por lo bajo sostiene una fuerte pulseada para frenar el avance de la normativa en el Senado. La Iglesia apuesta a que el peso del interior "conservador" vuelque la votación en contra del resultado en Diputados.

Las presiones intensificaron la interna oficial. El fin de semana enfrentó a Daniel Lipovetsky, uno de los principales legisladores macristas que militó la campaña verde, con la vicepresidenta Gabriela Michetti, a quien cruzó por defender la maternidad forzada incluso en casos de violación en declaraciones similares a las que habí­a hecho Carrió.

Pero los tironeos con el macrismo van más allá del aborto. Las parroquias y organizaciones amigas del Papa trabajaron con esfuerzo para impedir la reforma previsional sancionada en diciembre pasado. No lo consiguieron, pero lograron que se aprobara por menos votos de los que esperaba Cambiemos.

Asimismo, Francisco designó en Mendoza a Marcelo Colombo, un arzobispo "antifracking", que rechaza ese sistema de explotación de gas y petróleo no convencional impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, miembro de la alianza Cambiemos, y Macri.

Otra señal llegó la semana pasada con la asunción del congoleño León Kalenga Badikebele como nuevo nuncio apostólico en la Argentina. El nuevo interlocutor de las autoridades y el Vaticano se propone defender los derechos de los inmigrantes, en particular a los senegaleses. Esta comunidad inició una campaña de denuncia contra la persecución y brutalidad de las fuerzas de seguridad en Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, la Iglesia pidió mediar en otro conflicto: el de Télam. Los hombres del Papa recibieron a los delegados de la principal agencia de noticias del paí­s, que está ocupada desde la semana pasada en protesta por 354 despidos.