La UTN aprobó un protocolo contra la discriminación y la violencia de género
El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) aprobó el jueves 28 de junio un protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual.
La ordenanza insta asimismo al Rectorado y a todas las Unidades Académicas de la Universidad a crear los correspondientes órganos de aplicación. Estos órganos deberán ser coordinados por un referente formado en la materia, que será acompañado por un Consejo Asesor.
"El proyecto fue propuesto el año pasado desde la UTN Buenos Aires. La intención fue circular la propuesta, hacerle las modificaciones y los ajustes necesarios, y lograr el consenso de las demás Facultades y de las fuerzas políticas para que este proyecto sea verdaderamente representativo", comentó la Ing. Julieta Martino, consejera estudiantil que presentó la iniciativa en el Consejo Superior.
Martino precisó además que "hasta ahora las distintas Facultades fueron haciendo esfuerzos propios ante situaciones de violencia o discriminación por cuestiones de género y orientación sexual. Algunas crearon comisiones o protocolos, pero no había un criterio unificado de cómo proceder ante algunos casos".
Y agregó que "en muchas ocasiones, y no por falta de buena voluntad sino por ignorancia, resultaba que no se tomaban bien las denuncias, se revictimizaba a la persona, o no se respetaban cuestiones como voluntad o confidencialidad".
Para reparar este tipo de situaciones, la ordenanza define que la Universidad deberá colaborar con la conformación y capacitación de estos órganos de aplicación, a partir de la creación de un írea de Género en el Rectorado que capacite, promueva y asesore a las Unidades Académicas, y que también sea capaz de articular programas regionales de prevención y formación.
Esta iniciativa tiene como objetivo promover y garantizar un ambiente universitario libre de violencia y discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual.
Prevé la creación de un registro de denuncias y la realización de actividades de promoción y prevención de delitos sexuales y actos de discriminación por orientación sexual. También se estipulan medidas sancionatorias a cargo de un órgano sumariante.
Esta disposición alcanza tanto a los integrantes de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, nodocentes, funcionarios), como a personas que, en nombre de la Universidad, desarrollen tareas en otros ámbitos o instituciones. También contempla a organizaciones y empresas que se vinculen con la Universidad, o que desarrollen su actividad en el ámbito de la Universidad.
Se podrán denunciar delitos contra la identidad sexual, enmarcado en lo que se conoce como abuso sexual; hechos de violencia sexual que configuren formas de acoso sexual (todo hostigamiento o asedio que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos); y hechos de connotación sexista, como conductas o comentarios que discriminen, excluyan, subordinen o estereotipen a las personas por razón de género, identidad u orientación sexual.