La suba del dólar y el precio de la nafta: contrarreloj, el Gobierno define si avala el reclamo de las petroleras

Sin saberlo, estaba tomando una de sus últimas medidas. Dos semanas antes de ser despedido, Juan José Aranguren se encargaba de desarmar el convenio con las petroleras que habí­a acordado a principios de mayo.

Lo hizo a raí­z del aumento del precio internacional del crudo y ante la disparada del dólar en la Argentina, que fue tan repentina como su alejamiento de la función pública.

En cambio, negoció dos subas: una en junio, del 5%; y otra en julio, del 3%. Lo hizo luego de varias reuniones de urgencia convocadas a fines de mayo en su despacho de las que participaron las principales productoras, refinadoras y distribuidoras de combustibles del paí­s.

Bajo el argumento de que el acuerdo inicial (que congelaba el precio de los combustibles hasta julio) habí­a quedado desnaturalizado, los empresarios le pidieron a Aranguren un nuevo convenio "más realista".

Fue en ese marco que acordaron esas dos subas, para así­ neutralizar el incremento de costos producto del alza del barril de crudo, la devaluación local y el nuevo valor de los biocombustibles.

También se incorporó al nuevo precio de las naftas y del gasoil la suba del impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC) del 6,7% dispuesta por AFIP para cumplir con los cambios previstos en la reforma tributaria.

En el caso de los productores, Aranguren les permitió tener un barril "criollo" más barato (u$s69.75) que el internacional (u$s77) para el trimestre, con el objetivo de que esa cifra pueda mantenerse cuando la cotización global disminuya.

Pero, además, les prometió un tema clave y altamente reclamado por las petroleras: una compensación por la demora en el traslado de la suba de costos a los precios de los combustibles.

¿De cuánto? Si el mercado estuviese verdaderamente "liberado" (tal como se anunció a fines de septiembre pasado), ese aumento deberí­a ser por lo menos del 30%.

En realidad, se trata del mismo pacto firmado en mayo por el que, para equilibrar esas "pérdidas", se creó una cuenta compensatoria. La misma considera:

- El atraso acumulado a julio (12% sobre precio de venta al público).

- El aumento de costos (petróleo, dólar y biocombustibles).

- El congelamiento de precios de venta al público.

El cálculo se realiza sobre la facturación neta de impuestos de cada mes. Y el 12% sobre precio de venta al público debe ajustarse de acuerdo con la evolución del crudo, tipo de cambio y los biocombustibles.La complicada fórmula del equilibrioEl convenio suscripto obliga a las refinadoras a informarle al Gobierno los montos a sumar en la Cuenta Compensatoria de mayo y junio.

Para realizar el cálculo, se utiliza una fórmula compleja que contempla el 12%, además del valor del Brent y del dólar.

El monto resultante se establece en moneda norteamericana y se supone que, a partir de agosto, las refinadoras podrán aumentar el precio de sus combustibles.

¿Cómo? sumando el resultado de la Cuenta Compensatoria en seis cuotas mensuales consecutivas. Es decir que, a partir de agosto, arrancarí­a el cronograma de aumentos consecutivos de las naftas.

Según expertos del sector, será de entre el 5% al 6% mensual. De este modo, el Gobierno estará compensando el "no traslado" a precios de los incrementos de costos que las compañí­as debieron soportar hasta ahora.

Esto, claro está, si el flamante ministro de Energí­a mantiene el convenio firmado entre Aranguren y las petroleras de mayo. Por lo pronto, a partir del mes que viene, puede darse uno de estos dos escenarios:1.- Que el incremento de los costos (dólar, crudo, biocombustibles, impuestos) sea menor al aumento permitido por el Gobierno para naftas y gasoil (5% a 6% mensual): en este caso, las refinadoras reacomodarán sus precios para así­ generar compensaciones parciales.2.- Que el alza de costos corra por encima del aumento oficial avalado: en este caso, el Gobierno se compromete a que las refinadoras recuperen esa diferencia mediante mecanismos que aún no fueron acordados.

Por lo pronto, el compromiso oficial es acordar la metodologí­a de manera urgente y girar los fondos antes del 31 de marzo del año próximo.El dilema de IguacelDada su importancia, este convenio mantiene en vilo a todo el sector. Vence en menos de dos semanas y entre las empresas la gran pregunta es una sola: qué postura tomará Javier Iguacel.

Es decir, qué hará ante los reiterados reclamos de previsibilidad y certidumbre de las compañí­as a su antecesor sobre el precio al que deben comercializarse en Argentina tanto el petróleo como los combustibles, a partir de julio.

Además de eso, qué opinión tendrá sobre el margen que tiene el Gobierno para avalar más aumentos en el marco de escenario de caí­da de consumo, recesión y elevada inflación como el que se espera para el semestre.

Las empresas necesitan contar con elementos claros que les permitan ser competitivas y poner a resguardo las millonarias inversiones en Vaca Muerta, que ya han encarado o tienen en carpeta.

Todas esperan que Iguacel mantenga el precio del barril "competitivo". En especial, firmas como Exxon, Chevron, Pan American Energy (PAE), Shell, Winterstal, YPF o Vista Oil, que prevén desembolsos por más de u$s2.500 millones para los próximos años.

Son las que advierten sobre la necesidad de saber a qué precio podrán vender lo que producen, qué tipo de acuerdos con gremios se concretarán y cuál será el esquema fiscal para el sector.

Se trata, dicen, de premisas básicas para quienes anuncian inversiones en volúmenes millonarios, y que no pueden vender con valores diferentes todos los meses, afectadas por los vaivenes de la coyuntura local.

También buscan definir alcances y mecanismos de esa compensación, para así­ tener en claro el modo de distribuir los costos entre productoras, refinadoras y distribuidoras y el Gobierno.

No parece haber muchas opciones. Así­ lo admiten los empresarios del sector consultados por iProfesional, para quienes las posibilidades se reducen a tres:

- O se extiende el acuerdo y los precios vuelven a subir en agosto y septiembre.

- O se libera el mercado de manera verdadera y definitiva.

- O se halla una fórmula intermedia que beneficie a las productoras, refinadoras y comercializadoras.

Saben que no será fácil renegociar el convenio, si bien admiten que las conversaciones con Iguacel no deberí­an complicarse. Más que nada, por el pasado "petrolero" del ahora ministro, quien ejerció cargos en YPF y en Pluspetrol.

Los empresarios aseguran que no hay demasiado tiempo para alcanzar un nuevo esquema de precios internos, tanto para el crudo como para las naftas y el gasoil.

Es decir, un convenio que posibilite, por un lado, amortiguar el costo que afrontarán los automovilistas en los surtidores pero, a la vez, contemplar el pedido de las compañí­as de vender su petróleo en el mercado local a precios cercanos a los internacionales.

Algunas quieren que se les permita considerar el valor de referencia del Brent que, por estos dí­as, cotiza por encima de los u$s75 y mantiene su tendencia alcista. Otras, en cambio, se resignan a que el Gobierno las obligue a ofrecer un "barril criollo" en la segunda mitad del año, al estilo de lo que ya ocurrió durante el kirchnerismo.

La idea serí­a evitar los saltos bruscos en los precios minoristas si el dólar sigue su carrera ascendente (su repunte supera el 50% desde diciembre).

Por lo pronto, en lo que va del año, las naftas subieron 16% (sin contar con el próximo incremento de 3% en julio), para una inflación acumulada del 11,9% durante el primer semestre.

Con todo, habrá que esperar las definiciones que partan desde Energí­a y, claro está, la postura de Iguacel, quien ya mantuvo reuniones clave con funcionarios y asesores.

Más que nada, porque el tema de los combustibles no es el único frente abierto con el que deberá convivir a partir de ahora.

También deberá tomar definiciones sobre las tarifas de los servicios públicos y el precio -en dólares- que podrán cobrar los productores de gas a futuro, entre otros tópicos.

En el caso del petróleo, tampoco está claro si el acuerdo de estabilidad de precios con Cuenta Compensatoria firmado en mayo quedará descartado de manera definitiva y se contemplará un nuevo convenio o si volverá a ser renegociado para extender las subas por otros dos meses.

El compromiso de Aranguren con las petroleras fue seguir muy de cerca la evolución del mercado para evaluar la continuidad o no del último acuerdo, su eventual modificación y monetizar posibles compensaciones que requiera.

Pero las definiciones que tome Iguacel no serán del todo propias. En el Gobierno se sostiene que tendrá contacto fluido con Jefatura de Gabinete y con el Ministerio de Hacienda para controlar el impacto fiscal de lo que pueda decidirse.

También en la inflación, que luce desbocada y apunta a una suba de casi el 30% en 2018, con todo el mal humor que genera en la sociedad.