La Justicia designa veedores en todas las empresas de Cristóbal López, incluyendo a C5N y el multimedios

Siguiendo el mismo camino que Oil Combustibles, la petrolera del ex Grupo Indalo, la Justicia acaba de designar veedores en todos los medios de comunicación controlados por el holding creado por Cristóbal López durante el gobierno kirchnerista.

La decisión fue tomada por Javier Cosentino, a cargo del Juzgado Comercial Nº 5, quien también está al frente del proceso de quiebra de Oil Combustibles.

A través de un fallo de 10 páginas, el magistrado resolvió designar interventores en todas las empresas de Indalo vinculadas al negocio de los medios de comunicación. Es decir, en Ideas del Sur y en las sociedades a cargo del canal de noticias C5N y de las radios AM 710, Pop, Mega y Vale, entre otras emisoras.

La intervención también se extiende al resto de las compañí­as de Indalo que todaví­a no habí­an sido alcanzadas por una medida similar como son Oil M&S, Petrolera Cerro Negro, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, La Salamandra, Oil Construcciones, Esuvial, Ganadera Santa Elena e Iverco del Cono Sur. Sin embargo, muchas de estas empresas ya no operan más, dejaron de funcionar hace varios años o se encuentran disueltas.

En todos los casos, el juez Cosentino nombró veedores que ocuparán sus cargos durante los próximos 90 dí­as. En realidad, se trata de los mismos interventores que actualmente cumplen funciones en Oil Combustibles (OCSA). Es decir, Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva, quienes ahora tienen 48 horas para aceptar o rechazar los cargos.

Con la medida, el juez Cosentino busca extender el poder que los tres interventores tienen en Oil a otras empresas de Indalo que hasta ahora no habí­an sido alcanzadas por la justicia. De todos modos, entre los ejecutivos de Indalo que todaví­a permanecen en sus cargos la medida fue tomada con naturalidad y algunos hasta aseguran que no cambiará el escenario actual, donde las decisiones diarias las seguirán tomando quienes están al frente de cada empresa.

En especial, en el caso de los medios de comunicación, que actualmente se mantienen operativos gracias al management de personal vinculado a Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, hoy presos en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz debido a la causa que investiga el desví­o de fondos del impuesto a la transferencia de combustibles percibo por Oil durante cuatro años y que no fueron transferidos a las arcas de la AFIP.

El fallo de Cosentino le permite a los veedores solicitar documentación y demás antecedentes que consideren pertinentes, "debiendo las intervenidas por medio de su representación y/o administración prestar la debida colaboración bajo apercibimiento de resolver lo que corresponda conforme a derecho". También los avala a pedir las medidas necesarias para acceder a las distintas sedes y demás instalaciones, "a cuyo fin se los faculta a realizar y peticionar las diligencias de rigor, en su caso en los términos de la ley 22.172".

El magistrado adoptó esta medida teniendo en cuenta que Oil Combustibles es la principal accionista de las empresas ahora bajo intervención de la justicia. En su fallo hace referencia a adoptar diversas medidas "destinadas al debido resguardo del acervo falencial e intrí­nsecamente con tal cometido, allanar el camino para el arbitrio de las acciones de recomposición patrimonial respecto de administradores y/o ex administradores, socios, controlantes, terceros y otros".

También advierte que no debe pasar inadvertida la participación accionaria de Oil Combustibles en las empresas ahora intervenidas y otras ya concursadas ante el juzgado de Cosentino.

El magistrado señala que la petrolera "aparece como partí­cipe o controlante - en forma directa o indirecta- del paquete accionario de Ideas del Sur; Editorial Amfin; South Media Investments; Paqariy; IGD S.A.; Votionis S.A.; DH Com S.A.; Radioproductora 2000 S.A.; Imagen Radial S.A". También de Urbanizadora GEA; Inversiones Indalo; Oil M&S; Petrolera Cerro Negro; CPC S.A.; ílcalis de la Patagonia; Establecimiento Santa Elena; Argentina Corre, entre otras.

Y advierte que todas estas empresas le deben más de $3.400 millones a Oil Combustibles, a los cuales le suma otros $2.579 millones incorporados en un informe de administración que figura en la causa "Oil Combustibles S.A. s/conc. prev. s/inc. de informes mensuales sindicatura".

Frente a tal escenario y con miras al pronto recupero del activo, Cosentino justifica la adopción de una decisión cautelar "a través de la cual pueda lograrse, además de una visión integral del interés comprometido, una debida reclamación y eventual ejecución de tan importante adeudo.

Máxime cuando existe una marcada interdependencia económica y un entrecruzamiento de los integrantes de los distintos órganos de administración, algunos de ellos hoy inhabilitados como secuela de esta falencia (Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre)".

Para Cosentino, este escenario "impone necesariamente extremar el control ante la fatal situación patrimonial de quien fuere la matriz del agrupamiento y cuya liquidación aquí­ nos ocupa. Además, tampoco cabe pasar por alto la situación particular actual de los sedicentes titulares del paquete accionario de todo el grupo, López y De Sousa".

Por ese motivo, considera acertado "asumir una decisión preventiva aunque provisoria que, sin desviarse de la debida prudencia, esté direccionada a evitar perjuicios que a la postre, afecten los derechos involucrados".

Aclara el juez que la medida no implica complicar el funcionamiento social de las empresas intervenidas ni colocar a los restantes socios en desventaja, "toda vez que la forma atenuada de injerencia por ahora elegida no solo no producirá un desequilibrio interno de los entes afectados sino que además, otorgará un provechoso ámbito de información adicional generalmente añorado por quienes las integran".

Por eso limita la medida a una veedurí­a que será integrada por los interventores de Oil "por razones lógicas de conveniencia y de economí­a de trámite, ya que es innegable el conocimiento que ya han adquirido acerca del funcionamiento y particularidades de todo el conglomerado". Y les aclara que como veedores, no tendrán injerencia alguna en la administración de las distintas empresas en el marco de una medida dispuesta por 90 dí­as corridos a partir de la fecha.

En ese lapso, deberán presentar informes mensuales de manera conjunta "respecto de las tareas llevadas a cabo en cumplimiento de la función que se les encomienda". Tendrán que informar la participación accionaria de Oil en cada una de las firmas, su valuación actual según último estado contable aprobado; la existencia de créditos a su favor y los mecanismos destinados a su cancelación.