Directivos de YPF, imputados por contaminación en Mendoza

Dos de los principales ejecutivos de YPF fueron imputados por la justicia federal de Mendoza por contaminación ambiental producida por esa petrolera en los yacimientos La Ventana y Barrancas.

Los acusados por la justicia son Santiago Martí­nez Tanoira, director de Downstream (el área de refinamiento de la petrolera) de la empresa y Javier Sanagua, gerente de Desarrollo, informó el Diario de Cuyo.

Ambos tení­an cargos de alto rango en YPF Mendoza y quedaron implicados de manera "solidaria" por esos hechos. La trastienda de la causa judicial que los tiene como acusados es compleja.

Es que la denuncia original fue realizada en 2012 por el gobierno de Mendoza, entonces a cargo de Francisco Pérez, y se hizo en el marco de la estrategia nacional para expropiar la empresa.

Ese año el gobierno de Cristina Kirchner tení­a la decisión tomada para reestatizar a la principal petrolera argentina. Mendoza, alineado con la gestión K, tomó el pedido y denunció en la justicia penal a YPF (aún en manos privadas) por los pasivos ambientales que habí­a en varios yacimientos, principalmente La Ventana y Barrancas. La denuncia tení­a dos planos.

En lo ambiental, los hechos de contaminación eran y son reales. En lo polí­tico, significó un giro de 180 grados: pocos meses antes el Gobierno de Mendoza habí­a firmado con Sebastián Eskenazi la prórroga de varias concesiones petroleras en el marco de la buena relación que habí­a entre el Ejecutivo provincial y la petrolera privada.

La imputación que pesa sobre los ejecutivos es por violar la ley de residuos peligrosos. En concreto porque el juez considera que YPF hizo un mal manejo de los residuos peligrosos y generó "adulteración o contaminación de un modo peligros para la salud" el ambiente que rodea a los yacimientos. El atenuante es que considera que se hizo por negligencia y no por dolo.

El artí­culo 56 de la ley de residuos peligrosos prevé penas de hasta 2 años de prisión cuando el hecho de contaminación "fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas".

Barrancas y La Ventana son yacimiento petroleros antiguos que igualmente fueron reactivados. La presencia de pasivos ambientales ha sido denunciada hace tiempo y en gran parte se arrastran de varias décadas, cuando los estándares ambientales de esa industria eran mucho menos exigentes. Pero incluso en la denuncia se incluye el ocultamiento de algunos de esos pasivos. Es decir, haber subestimado la contaminación presente en el lugar.

En la resolución del juez Bento se destaca que en 2012 se hallaron hechos de contaminación.

"Se concluyó que la empresa YPF SA tení­a pasivos ambientales no declarados ni en 2008 ni en los informes de situación; como asimismo que no reflejaba la situación encontrada en los respectivos campos. No habí­a declarado pasivos soterrados, ex piletas, desconociéndose su impacto ambiental. Acumulaba chatarra y residuos con hidrocarburos a campo aviento. Acumulaba y mezclaban cutting, tierras empetroladas y fondos de tanque. Incorporaban tierras con bajos niveles de hidrocarburos a piletas con petróleo, incrementando la contaminación y el volumen de pasivos, todo incumpliendo de manera reiterada la ley de residuos peligrosos", describe el escrito donde se confirma la imputación de los directivos de la empresa.

En ese momento Martí­nez Tanoira era Gerente Regional de YPF en Mendoza y Sanagua Director de la Unidad Económica de la empresa.

Desde YPF no se expidieron sobre la acusación judicial porque, explican, no son parte de la causa. Sí­ aclararon que los pasivos de La Ventana y Barrancas están en el plan de remediación que están ejecutando y que ese trabajo es monitoreado por la DPA.

"La empresa lleva adelante un plan de remediación de pasivos ambientales según lo acordado con las autoridades ambientales y es una prioridad. Por eso se realiza una importante inversión", aseguraron.

Según explicaron, en la causa se puntualizan 5 hechos puntuales de contaminación que "ya han sido abordados en el plan de remediación" y al menos dos de ellos ya están solucionados.

La demanda original presentada en 2012 tuvo un extraño raid. Se inició en la justicia provincial, pasó al fuero federal, volvió a la provincia y ahora, tras un incidente en otra causa paralela, la Justicia Federal se hizo cargo.

Incluso ocurrió otro hecho paradójico. De esa causa, presentada por Francisco Pérez cuando era gobernador, se hizo parte el abogado José Rubio (como representante de otro grupo de particulares). Rubio es el abogado que denunció al ex Gobernador por los contratos petroleros.

Walter Bento imputó a los dos directivos y los citó a declaración indagatoria.

Tanoira debí­a declarar hoy en esa causa. El avance de la causa, tras varios años de la denuncia original, llamó la atención en el ambiente petrolero. Y cae en un momento particular: el debate social por la actividad petrolera.