Efecto veto: las provincias peronistas suben el "precio" de garantizarle la gobernabilidad a Macri

La cuestión de si Mauricio Macri salió fortalecido o debilitado tras vetar la ley que frena los aumentos de tarifas es, por estas horas, el gran tema de análisis entre los seguidores de la actualidad polí­tica.

Explota en las redes sociales, acapara los principales titulares de los medios en Internet y ocupa horas de espacio en la TV, prematuramente sintonizadas en "modo electoral".

Sin embargo, el debate en el Congreso y la previsible conclusión del veto ha dejado otras señales que van más allá del eventual "costo polí­tico" del Presidente y su mala performance en las encuestas de opinión pública.

Para empezar, si una primera conclusión puede sacarse del tema tarifas es que el "gran acuerdo nacional" reclamado por Macri se candidatea a ser una de las iniciativas menos exitosas de la historia.

Lejos de mostrarse conmovidos por la convocatoria del Presidente, los dirigentes peronistas dieron una clara señal en el sentido de que ya no habrá espacio para tejer los acuerdos que le permitieron a la coalición Cambiemos un buen margen de gobernabilidad.

El nuevo escenario es muy diferente y está plagado de acusaciones cruzadas.

- Para el peronismo, la culpa es del propio Gobierno, que no se muestra dispuesto a dar el espacio de diálogo.

- Para Macri, el peronismo ya está haciendo cálculos electorales y toma actitudes "irresponsables" con tal de mejorar su posicionamiento con vistas a 2019.

En este sentido, fueron explí­citas las intervenciones de los senadores en el Congreso.

Miguel íngel Pichetto, que acuñó el concepto de la convivencia con el peronismo dialoguista -que le garantiza "gobernabilidad" al Ejecutivo a cambio de una buena relación con las gobernaciones provinciales-, se mostró inusualmente rupturista.

Si bien no afirmó que el bloque peronista fuera a boicotear la agenda legislativa pendiente del macrismo (con temas importantes, como la reforma laboral), insinuó que el "precio" a pagar por el consenso en el Congreso ahora será más caro.

La alusión del jefe del bloque peronista a "la señal polí­tica en el sentido de que no se puede avanzar con el ajuste" apunta en ese sentido. Además, marca un fuerte contraste respecto de la actitud que ese sector habí­a tenido hasta el momento.

El peronismo, con Pichetto y los gobernadores provinciales a la cabeza, le habí­an dado un apoyo crucial a Macri en momentos difí­ciles.

Los ejemplos de esa ayuda son elocuentes: gracias a los votos peronistas se revirtió la ley que rebajaba el Impuesto a las Ganancias. Y durante un mes muy caliente como fue diciembre, se logró una fórmula de consenso para el nuevo cálculo de ajuste jubilatorio.

Antes de eso, la gestión de los gobernadores habí­a hecho posible dos hitos del macrismo, como el acuerdo con los "fondos buitres" y la aprobación de la ley de reparación histórica a los jubilados y blanqueo fiscal.

Los gobernadores y las señales del fin de una etapa

En ese sentido, el debate por las tarifas significó un punto de inflexión.

Por parte del Gobierno, se notó un apego más férreo a la disciplina fiscal, lo cual se evidenció en un mayor protagonismo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encargado de ponerle números a la "irresponsabilidad" de la oposición.

Calculó en $115.000 millones el costo de la iniciativa planteada y afirmó que, sin veto presidencial, ello implicarí­a retroceder un punto en el déficit estatal, justo cuando se intenta mostrar resultados en el tema más sensible para el Fondo Monetario Internacional.

Por el lado de los gobernadores provinciales electos por el PJ, también se notó un cambio notable. Estos lí­deres son, de hecho, los hacedores de las mayorí­as en el Senado, gracias a su influencia directa sobre legisladores que les responden en forma personal.

En cada situación de conflicto, el Gobierno hací­a valer ante estos lí­deres su carta más persuasiva: la "billetera" fiscal para repartir premios y castigos por la ví­a impositiva.

Muchas provincias, además, salieron en los últimos dos años a tomar deuda en dólares en el exterior, aprovechando el momento favorable de crédito para el paí­s.

En ese contexto, el macrismo (por lo general a través del ministro del Interior, Rogelio Frigerio), logró consensos que dieron oxí­geno financiero a las jurisdicciones con mayores dificultades de caja, a cambio de sostener la "gobernabilidad".

Ese es el pacto que parece haberse lesionado en esta última votación. A pesar de las reuniones en Olivos que mantuvo Macri, los jefes provinciales no cambiaron su postura, a excepción del salteño Juan Manuel Urtubey.

Luego, el Presidente les cobrarí­a caro el giro al acusarlos públicamente de mantener una actitud hipócrita al impulsar un proyecto de ley en el que, admití­an en privado, no creí­an factible.

"Tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho. Me pedí­an que les asegure que lo iba a vetar", afirmó Macri en la conferencia de prensa "del dí­a después".

"¿Para qué lo hicieron? ¿Querí­an hacer una demostración de poder? Ya sabemos que tienen mayorí­a en cada cámara. Pero no se equivoquen, el poder lo tiene la gente", enfatizó.

La frase conlleva otra acusación implí­cita: atribuirle a los mandatarios provinciales (que hasta hace poco fueron sus aliados) una motivación claramente electoral.

Sea cual fuere el cálculo polí­tico de los gobernadores, hay algo que quedó en claro: hasta hace apenas seis meses era impensada la negativa de ellos a "ablandar" el proyecto (más aun con la rebaja temporaria del IVA que estaba dispuesta a ceder Macri), al igual que la firme tesitura de "bancar" una ley con destino seguro de veto.

Siempre el macrismo se las ingeniaba para generar fisuras internas en el peronismo y mostrarse más amable hacia quienes se alejaran de las posiciones defendidas por el kirchnerismo.

Es por eso que los principales encuestadores y analistas de opinión pública atribuyen la nueva actitud de los gobernadores a la caí­da en la aprobación popular sobre la gestión Macri.

Números para probar eso hay de sobra: según una encuesta de Ipsos, ocho de cada 10 familias admite haber recortado gastos del presupuesto hogareño como consecuencia de la inflación y la mayor presión tarifaria.

Asimismo, un contundente 64% afirma que la polí­tica económica "va por mal camino".

Igualmente expresivo es el resultado de una encuesta de Hugo Haime: un 94,5% se mostró de acuerdo con que las "tarifas de los servicios públicos, como la luz y el gas, no puedan aumentar más que los salarios".

Los analistas consideran un error estratégico de Macri el haber intentado forzar un cambio del peronismo moderado por la ví­a de agitar el "fantasma" de Cristina Kirchner.

"Puede tener sus ventajas tácticas a corto plazo, pero estratégicamente es muy peligroso, sobre todo en momentos de tensión económica", señala Rosendo Fraga, director de la consultora Nueva Mayorí­a.

"Al usar a Cristina como la otra opción frente al actual Gobierno, si alguien tiene dudas sobre la economí­a argentina, esas dudas van a aumentar", afirma.

Y así­ lo explica: "Al Macri polarizar y decir si a mí­ me va mal lo que viene es Cristina, el que tiene que decidir una inversión lo que va a hacer es frenar todo y esperar a que aclare. De modo que una estrategia de este tipo puede complicar aún más la crisis, en lugar de ir resolviéndola".

Por lo pronto, los gobernadores demostraron esta vez haber sido inmunes al intento de polarizar el debate entre "responsables" y "populistas".

Es cierto que a Pichetto se lo notó algo incómodo al coincidir con la ex presidenta, y por eso en su discurso repartió crí­ticas tanto hacia a la gestión macrista como a la kirchnerista.

Pero aun así­ mantuvo su tesitura de que fuera el peronismo (y no el Gobierno) el que fijara los términos bajo los cuales serí­a posible un "gran acuerdo nacional".

El nuevo precio de la gobernabilidad

Los próximos meses serán intensos para el macrismo, que no sólo tiene temas pendientes en su agenda de reformas estructurales, sino que tiene que persuadir al FMI de que mantiene autoridad polí­tica para cumplir un programa de dureza fiscal.

Y, como si esto fuese poco, luego deberá convencer a la opinión pública de que el acuerdo con el Fondo Monetario no implicará un costo social.

El gran interrogante es la actitud que adoptará el "peronismo dialoguista": ¿será el debate tarifario el que marque la tónica de lo que vendrá o, por el contrario, se abrirá un espacio para la negociación bajo nuevas condiciones?

El escenario que viene no es difí­cil de imaginar: el acuerdo con el FMI es un aliciente poderoso para que la oposición dura vuelva a ganar la calle con protestas.

Incluso, como quedó demostrado el 25 de mayo, es una consigna lo suficientemente atractiva para que se unan sectores con poco en común, como el sindicalismo moyanista, la izquierda tradicional, los piqueteros y la clase media simpatizante con el kirchnerismo.

Ese contexto, sumado al escenario económico complicado por la inflación y el dólar -y en plena cuenta regresiva para las urnas-, sólo puede traer una consecuencia: el "precio" del apoyo de los gobernadores peronistas a Macri será más alto de lo que fue hasta ahora.

Para el Presidente, que está embarcado en la cruzada por el recorte del gasto público, se limita la posibilidad de ceder a las demandas económicas de los mandatarios.

Sin embargo, no parece tener muchas opciones para garantizar un año más de gobernabilidad.