Estas son las dos razones que le impiden al Gobierno pensar en una "devaluación exitosa"

Una idea empieza a asentarse entre los analistas económicos: la última devaluación, que en un par de semanas llevó el dólar de $20 a $25, es diferente a las demás.

Y no porque le falten sus aspectos más nocivos -que en el corto plazo podrí­a implicar un salto inflacionario y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios- sino porque posiblemente carezca del "premio consuelo" que muchas veces dejan estos movimientos cambiarios.

Tradicionalmente, las devaluaciones suelen tener un efecto positivo sobre las cuentas públicas.

En general, la súbita alza del dólar le hace un "favor" fiscal a la Nación, ya que el déficit -medido en dólares- se reduce. Además, las fuentes de ingreso en "moneda dura" reciben un impulso.

Los veteranos de la City suelen repetir que, desde el "Rodrigazo" hasta la salida de la convertibilidad, las devaluaciones cumplieron un efecto de "licuación" sobre los desajustes fiscales.

Sucede que, después de una corrección cambiaria:

- Por el lado de los ingresos dolarizados (retenciones a las exportaciones de soja y otros impuestos sobre el comercio exterior), se logra una mejora que tiene su correlato en la recaudación tributaria.

- Por el lado de los gastos, cubrir las erogaciones del Estado en pesos (salarios y jubilaciones), entre otras, requieren de un menor esfuerzo en términos de exportaciones.

Esto último es muy relevante en este momento de la economí­a: $6,50 de cada $10 del gasto público (es decir el 65%) se destinan al pago de sueldos de empleados públicos, jubilaciones y pensiones.

A priori, la ecuación es lineal: una devaluación deja retrasados esos gastos que, en el corto plazo, corren muy por detrás de los ingresos dolarizados.

Deuda más energí­a, fórmula letal

Así­ las cosas, podrí­a pensarse que hay motivos para festejar desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, esta vez la historia luce diferente.

Básicamente por dos motivos: la Argentina enfrenta gastos muy elevados en dólares. ¿Cuáles? La carga de intereses de la deuda, por un lado, y las importaciones de gas, por el otro.

De modo tal que lo que puede ganarse en algunos de los rubros se pierde por el encarecimiento de las importaciones y la cancelación de intereses financieros.

En los próximos dí­as se publicarán informes de varios economistas que plantearán que la devaluación versión 2018 tendrá un efecto favorable pero marginal sobre las cuentas públicas, en el corto plazo.

Harán referencia a un balance fiscal positivo que irí­a evaporándose con el correr de los meses.

Este punto no es menor, en el marco de las negociaciones que el equipo económico mantiene con el staff técnico del Fondo Monetario.

Es sabido que el FMI ve con buenos ojos las devaluaciones, ya que suelen aliviar la "caja" de paí­ses que tienen comprometidas sus cuentas públicas, como sucede con la Argentina.

"Esta no fue una devaluación fiscal", define Marina Dal Poggetto, experta en esta materia.

"No es como en 2002. En ese entonces, los gastos quedaron sin indexación mientras que el fogonazo inflacionario post-devaluación infló los recursos", indica. Recuerda además que reaparecieron las retenciones a las exportaciones agrí­colas.

La directora de la consultora Eco Go (ex Bein) señala que ahora, en 2018, la carga por intereses de la deuda dolarizada es "una mochila muy pesada para las arcas públicas", al igual que los costos en dólares de la energí­a.

Esto, en un contexto en el que el petróleo sigue encareciéndose, lo mismo que el precio del gas que importa el paí­s.

- Se suma un dato clave para el análisis: el rojo de la balanza energética de 2017 alcanzó los u$s3.272 millones, 14% más que el año anterior.

"¿Quién se hace cargo de esas mayores erogaciones?", se pregunta Dal Poggetto.

"Cammesa, compañí­a público-privada que regula al sector energético, tiene sus gastos dolarizados. El Gobierno debe decidir entonces quién afrontará esa factura. Es decir, si los sobrecostos de la devaluación los asumirá el Estado o los trasladará a los precios que pagan los consumidores".

En cuanto al otro aspecto -los intereses de la deuda- el escenario también luce complicado para el Ejecutivo: la "mochila" se hizo 70% más pesada en 2017 respecto del año anterior.

Para 2018, la Argentina tendrá que afrontar vencimientos por u$s17.029 millones por los siguientes conceptos:

- Intereses: u$s9.428 millones

- Pagos de capital: u$s7.601 millones (que serí­an refinanciados)

Ariel Barraud, economista del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), coincide en el diagnóstico que traza Dal Poggetto.

Señala además que "las retenciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones representan apenas el 6% de la recaudación total".

Lejos de lo que se cree, "no aportan una mejora sustancial por el lado de los ingresos dolarizados", advierte en diálogo con iProfesional.

La visión de ambos especialistas coincide en un punto: lo que el Estado puede ahorrarse con la caí­da del salario real de los empleados públicos y jubilados (en pesos), se termina escurriendo por las mayores erogaciones atadas al tipo de cambio (capital e intereses de la deuda).

Fichas puestas en el IVA

Otro de los temores que mencionan los analistas es que, con el correr de los meses, puede incluso quedar erosionada la leve mejora fiscal que surge del "efecto licuación" del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Esto ocurre cuando, producto de la inflación, terminan ajustándose al alza.

El Gobierno intentará que esto no suceda, pero no significa que al final lo logre. En las últimas crisis, la recuperación de los salarios estatales fue rápida.

Donde sí­ se espera una mejora sustancial e inmediata es en la recaudación del IVA, por el efecto inflacionario post suba del dólar. Lo mismo que en el impuesto al cheque.

Eso sí­, la "ganancia" relativa no será total. El Estado no puede apropiarse linealmente de la devaluación por la sencilla razón de que el alza de los precios suele ser acompañada por una menor actividad económica.

Con un consumo más bajo, la recaudación de IVA se resiente. Al menos en el corto plazo.

En otro orden, un reconocido ex funcionario de Economí­a (que prefiere no ser mencionado) aporta su experiencia y le da más claridad al debate sobre el pass through. 

Sus investigaciones revelan que, en la mayorí­a de las devaluaciones, existe -casi de manera inmediata- un 50% de pasaje a precios. Y que la recaudación se ve resentida por la menor actividad.

"Supongamos una devaluación de 10 puntos. Los primeros 5 se trasladan rápido a los precios de los bienes y servicios. Además, el Estado pierde dos puntos por la caí­da en el nivel de actividad", ejemplifica.

Pero esto no es todo ya que, en el actual contexto, "buena parte de los tres puntos que gana desaparece por las mayores obligaciones de deuda y las importaciones de energí­a", completa.

Por el lado del Impuesto a las Ganancias, esa mejora no es viable porque tanto los anticipos como las liquidaciones se pagan recién el año próximo.

En el gravamen a los combustibles gana el Estado, ya que el 53% del precio se explica por los impuestos. Esto, siempre y cuando el precio del litro de las naftas se traslade a los surtidores, hecho que no ocurrirá al menos durante los próximos meses.

"Todo indica que esta devaluación versión 2018 no tendrá un efecto relevante en las cuentas públicas", reafirma Barraud.

Además, subraya: "Hay varias provincias que tendrán complicaciones porque tomaron deuda en dólares en los últimos meses y ahora se les hará más difí­cil cumplir".

Entre otras se refiere a Buenos Aires, Córdoba, Entre Rí­os, Neuquén y Mendoza, que han salido al mercado con tí­tulos dolarizados.

En sentido contrario, hay distritos a los que la devaluación les mejorará el perfil, como es el caso de las provincias petroleras.

En definitiva, entre los analistas locales el ánimo es de escepticismo: no ven otra salida que recurrir a la "tijera" si es que el Gobierno quiere lograr la disminución del rojo fiscal.

En cambio, no está tan claro que esa sea la sensación de los técnicos del Fondo Monetario: su tradicional recomendación de dejar flotar al tipo de cambio y recortar el déficit obedece a una visión económica en la que ambos fenómenos van de la mano.