Tensión política por tarifas: Macri se niega a presentar el proyecto alternativo que pide el peronismo
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El titular del bloque peronista del Senado, Miguel Pichetto, le dio una semana de plazo a Cambiemos para que presente una propuesta superadora sobre el incremento del precio de las tarifas de servicios públicos. En caso contrario, el próximo miércoles se aprobará la iniciativa que fue sancionada por Diputados.
De acuerdo a las fuentes consultadas por iProfesional, esto es lo que finalmente sucederá, ya que el presidente Mauricio Macri no tiene intenciones de presentar un texto alternativo. "No estamos trabajando en ninguna alternativa. El precio de las tarifas está en un rango y eso ayuda a reducir el monto de subsidios y el déficit", indicaron.
Y remarcaron que ese camino fue ratificado por el Presidente durante la conferencia de prensa que ofreció en la residencia de Olivos al señalar que "no se puede avanzar en una propuesta sobre tarifas que destruya el Presupuesto aprobado".
"¿Quién más que yo no querría tener que aumentar las tarifas? ¿Qué alegría puede generar este esfuerzo adicional que le estoy pidiendo a cada argentino? Si hubiese una alternativa, hubiese sido yo el primero en tomarla", aseguró Macri, quien consideró que cualquier diálogo debe encararse dentro de los parámetros del Presupuesto vigente.
En ese contexto, una vez que obtenga el aval de la cámara alta, la propuesta, que estipula que el monto de los servicios públicos se retrotraiga a noviembre del año pasado y que luego aumente al ritmo de los salarios, será vetada por el Jefe de Estado.
Minutos antes del diálogo de Macri con la prensa, Pichetto, al inicio del plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto, y Energía y Minería, en la Cámara alta indicó que "están a la espera de una propuesta alternativa, razonable, que implique efectivamente una reducción de la tarifa para los ciudadanos, en un proceso paulatino y gradual", planteó.
La presión del kirchnerismo no fue suficiente y la firma del dictamen se pospuso una semana. A más tardar, la propuesta opositora tendrá el aval de ambas cámaras del Poder Legislativo en quince días.
El rionegrino sostuvo que "si la lógica del Gobierno es plantear un 15% de incremento salarial, los servicios no pueden aumentar un 40%". Y avisó que, si la propuesta oficial "no llega o es insuficiente", el peronismo avanzará sin dudarlo.
"Han anunciado en reiteradas oportunidades que vetarían la ley. Por eso queremos fijar una posición de naturaleza política y brindarle al Poder Ejecutivo una oportunidad. Es importante abordar este tema en su integralidad, pero también con un criterio de decisión ligado a los tiempos", argumentó Pichetto, sobre la decisión de postergar la firma del dictamen.
Si bien aclaró que el texto aprobado en Diputados no recibiría cambios, hizo objeciones y puntualizó que "sigue siendo un proyecto con una visión parcial, mirando al escenario del AMBA", por lo que "sería importante que Edenor, Edesur y Aysa se hagan cargo de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires".
"Todo el interior en los últimos 12 años ha venido pagando tarifa plena y sosteniendo los subsidios de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires", insistió el jefe del bloque Justicialista.
Piden convocar a los gobernadores
Los legisladores oficialistas propusieron convocar a gobernadores, a representantes de las empresas distribuidoras y de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Además, pidió esperar el informe de la Oficina de Presupuesto sobre el costo fiscal, que según el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, incluso "es mayor" al calculado cuando se proponía reducir el IVA.
Según un informe del bloque radical en la Cámara de Diputados, dicho costo sería de $75.500 millones de pesos en 2018 y $94.800 millones en 2019, sin contar la devolución de los incrementos desde el 1 de noviembre. Esto arroja un total de $170.300 millones de pesos.
Por su parte, uno de los referentes de Cambiemos en la cámara alta, Luis Petcoff Naidenoff, indicó que "la Corte ya ha dicho que cuando se debe fijar el precio de la tarifa, es jurisdicción del Gobierno nacional", con lo cual el Congreso no tendría facultad sobre el tema.
En este sentido, explicó que "se establece un criterio de retroactividad a noviembre de 2017; se congelan los incrementos que se fueron dando para reducir subsidios en 2018 y 2019; y se establece un mecanismo de compensación de parte de las distribuidoras y concesionarias de servicios públicos".
"Pero si la intención fue congelar incrementos con efecto retroactivo y aplicar una actualización en base al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), estamos beneficiando exclusivamente al AMBA", advirtió Naidenoff.