La quiebra de la petrolera de Cristóbal López pone en riesgo reclamo de AFIP por $21.000 millones

La quiebra de Oil Combustibles (OCSA) ya está definida por el juez que entiende en el proceso de la petrolera fundada por Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa durante los años de gobierno kirchnerista. El titular del Juzgado en lo Comercial Nº 5, Javier Cosentino, ya tiene la documentación preparada para decretar el default de la sociedad, lo cual será oficialmente anuciado en las próximas horas.

Sin embargo, el magistrado tomará medidas adicionales para permitir la continuidad de las operaciones de la empresa y de las fuentes laborales. En especial, de los 400 trabajadores que cumplen funciones en la refinerí­a de la petrolera ubicada en la localidad santafesina de San Lorenzo. Se trata del mayor activo que posee OCSA, que está localizado sobre la Hidroví­a del Rí­o Paraná y en el corazón agrí­cola del paí­s. Tiene una capacidad para procesar 8.000 m3 por dí­a de crudos livianos y medios, lo que representa el 8% de la capacidad de refinación del paí­s.

Se ubica en un corredor por el que se mueve el 70% de la producción nacional de granos, en una zona privilegiada para el abastecimiento a los remolcadores de la hidroví­a como así­ también para los barcos mercantes que se llevan la producción agrí­cola que se exporta. Acaba de cumplir 80 años desde su creación y hasta ahora procesaba petróleo crudo que proviene por ví­a marí­tima de las cuencas Neuquina, Austral, del Golfo San Jorge y también del exterior.

Posee tres unidades de destilación atmosférica, dos de destilación al vací­o, una de cracking térmico, tanques de almacenamiento de crudos, productos intermedios y finales e islas de despacho tanto para productos livianos (nafta y gasoil) como para productos pesados (fuel oil, IFO y asfalto). Tiene también tres muelles y una playa de 84 tanques para almacenar petróleo crudo, asfaltos, fuel oil, IFO, naftas y destilados medios entre otros productos; lo que brinda una capacidad de almacenaje de 340.000 metros cúbicos. 

Estos activos son los que ahora trata de salvar el juez Cosentino, quien mantuvo el martes pasado una reunión con un grupo de delegados del personal de la refinerí­a donde hasta enero pasado se refinaban naftas y gasoil para abastecer a la red de 450 estaciones de servicio que operan bajo el paraguas de Oil. En ese encuentro, el juez describió cuál será su plan para permitir que, más allá de la quiebra, la compañí­a vuelva a refinar combustibles para, de este modo, poder ser vendida a uno de los tres grupos que, según el magistrado, hasta ahora mostraron intenciones de hacerse cargo de OCSA, entre los que estarí­an YPF y Trafigura.

Pero también admitió que el proceso de quiebra, mas allá de que sea o no con la continuidad de las actividades, licuará la deuda que la petrolera acumula con sus acreedores.  En especial, la de más de $21.000 millones que acumula con la AFIP, entre capital e intereses y que el ente fiscal intenta cobrar desde que se inició la causa judicial por defraudación y estafa que llevó a López y De Sousa a prisión.

Es decir, desde que se descubrió la maniobra por la cual ambos empresarios utilizaron fondos del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) para adquirir otras empresas que fueron cobijando bajo el paraguas del Grupo Indalo a pesar de que debí­an transferir ese dinero a las arcas de la AFIP. Según el organismo de recaudación tributaria fueron $8.000 millones los que desviaron durante cuatro años para comprar empresas en varios sectores, como el de medios de comunicación, construcción y alimentación.

La investigación derivó en una denuncia penal que hoy se tramita ante el juez Julián Ercolini y tiene también al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, como procesado y embargado, al igual que lo están los dos socios de Indalo. Según pudo reconstruir iProfesional, en la charla con los empleados de la refinerí­a de San Lorenzo, el juez Cosentino admite que la quiebra dejará sin efecto el reclamo del ente fiscal para poder cobrar la deuda.  Esto es, quedará sin efecto el pago de los miles de millones de pesos que los fundadores de OCSA desviaron. Por lo menos, no será el proceso de quiebra de la petrolera de donde puedan surgir los fondos necesarios para honrar ese pasivo. 

Y por eso es que la AFIP también inició demandas especí­ficas en contra de López y De Sousa, y la justicia insiste con los embargos a los bienes personales de ambos empresarios. El objetivo es nutrirse del dinero que pueda estar en cuentas propias de los dos empresarios K para recuperar la totalidad, o parte de esos $21.000 millones de deuda que la AFIP reclama y que para la justicia, forman parte de una sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses del fisco y constituyen un delito de administración fraudulenta contra la administración pública.

Lo cierto es que no será de la causa judicial que involucra a Oil Combustibles de donde saldrán los fondos para saldar esa deuda con la AFIP. De hecho, ese pasivo funcionó como un muro de contención en contra del éxito de las ofertas presentadas para quedarse con los activos de la petrolera. En su charla con el personal, el juez Cosentino aclaró que la empresa ya no pertenece a López y De Sousa y que seguirá siendo administrada por los tres interventores que designó en enero pasado.

También aseguró que la deuda con la AFIP hizo fracasar las ofertas y anticipó que con su licuación habrá más interesados en los activos de Oil "porque ya no van a tener que hacerse cargo del pago de ese dinero que la AFIP siempre quiso recuperar.

"La deuda desaparece. El comprador no se hace cargo ni tiene por qué hacerse cargo de esa deuda", les explicó Cosentino a los trabajadores de la refinerí­a. Reconoció que durante periódo de cramdown o salvataje abierto por su juzgado, la AFIP no le permitió a las empresas interesadas cancelar ese pasivo en cuotas. "Por eso les conviene esperar la quiebra y presentarse ahora, sin tener que hacerse cargo de ese dinero", señaló Cosentino.

Además, sostuvo que la quiebra hará caer una serie de embargos dispuestos por la AFIP a cuentas de Oil y explicó que esos fondos pasarán directamente a manos del juzgado. Adicionalmente, informó que se está tramitando ante el Ministerio de Transporte el pago de una deuda por $48 millones que la cartera que dirige Guillermo Dietrich tiene con Oil.

Producto de las denuncias, la petrolera mantiene sus cuentas embargadas, se encuentra imposibilitada de hacer frente a los pagos a sus proveedores y está intervenida judicialmente. En el caso de sus cuentas, fueron embargadas por la AFIP que aplicó una retención de $900 millones y le impidió seguir pagando la materia prima que recibe.

En concreto, y mas allá de las palabras del juez, en el perí­odo de salvataje solamente se estudió la propuesta de Trafigura para quedarse con OCSA y sus activos. Pero el grupo holandés retiró su propuesta ante la negativa de la AFIP de cobrar en cómodas cuotas. Esto llevó a la empresa a dejar de lado su plan en el marco del cramdown para estar ahora a la espera del fallo judicial que decrete la quiebra con continuidad de Oil para volver a la carga.

Sin embargo, no será la única interesada. En YPF también evalúan acercar una oferta, más que nada por la terminal portuaria que posee Oil en la refinerí­a. Incluso, la petrolera estatal se harí­a cargo de cuidar los pasivos ambientales de la compañí­a durante el perí­odo que tarde el juez Cosentino en analizar y decidirse por alguna de las propuestas que reciba para la venta de Oil.

Según sus propias palabras, este lapso serí­a de entre dos o tres semanas luego de decretada la quiebra de la empresa. De todos modos, Cosentino intentó calmar al personal argumentando que el proceso no dejará a ningún trabajador en la calle. También se comprometió a que, si finalmente no hay una propuesta viable, y debe ordenar la quiebra sin continuidad operativa, están resguardados los fondos necesarios para hacer frente al pago inmediato de las indemnizaciones del personal. Los fondos están depositados en una cuenta especial abierta por el juzgado de Cosentino y que es inembargable y que además servirán para seguir abonando los salarios del personal de la refinerí­a.

"Igualmente no es el escenario que estoy evaluando", se sinceró Cosentino para quien lo más probable es que Oil sea vendida y que sus trabajadores se mantengan en sus puestos con el nuevo propietario. Informó además sobre una disposición para frenar la fuga de las estaciones de servicio hacia otras marcas. Lo hizo mediante una medida de no innovar sobre los contratos de abastecimiento de la red comercial por los próximos 30 dí­as. "No pueden bajarse del contrato durante ese lapso de tiempo", dijo.