Dudas en la justicia sobre la solvencia del candidato a comprar la petrolera de Cristóbal López

La suerte de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, sigue escribiendo capí­tulos sin que a estas horas se pueda predecir el final de esta historia que involucra el futuro de 400 trabajadores, una refinerí­a de vital importancia para la localidad santafesina de San Lorenzo y una red de 450 estaciones de servicio que pelea por sobrevivir.

Es que, luego del plan presentado por el grupo holandés Trafigura para adquirir esos activos, la justicia nuevamente parece poner un manto de dudas sobre la viabilidad de la operación. Más que nada, luego de un informe elaborado por los interventores judiciales designados en Oil por el juez Javier Cosentino, a cargo del concurso preventivo de la compañí­a y quien abrió un proceso de cramdown para evitar la quiebra de la empresa más importante que tiene el Grupo Indalo.

En el documento enviado por los tres interventores al magistrado queda claro que los funcionarios ponen en duda la capacidad financiera de Trafigura para hacer frente al pago de las obligaciones de Oil Combustibles que ascienden a cerca de los $17.000 millones.

El monto es el reclamo que impulsa la AFIP, entre capital e intereses, por el desví­o de fondos que Oil debe recaudar en concepto de impuesto a la transferencia de combustibles y que durante la gestión de López y De Sousa habrí­an sido desviados para la compra de otras empresas que fueron engrosando el capital de Indalo durante el gobierno kirchnerista.

En el informe, que lleva la firma de Francisco Carrega, Luiba Lencoba Besheva y Carlos Bianchi, se asegura que Trafigura no acreditó ni adjuntó certificación contable que demuestre que tiene la liquidez suficiente para hacer frente a ese monto. Para los interventores tampoco quedó acreditada la solvencia financiera de su principal accionista, Trafigura Ventures V.B.V ni de su accionista minoritario.

Y a modo de demostración sobre la incapacidad de pagar la deuda, informan sobre los estados contables de la empresa en Argentina que, al 30 de septiembre del año pasado, arrojaron una ganancia algo mayor a los $8,3 millones y una reserva facultativa de $19 millones, así­ como un activo de $243 millones y un patrimonio neto de $44 millones.

Si bien también evidencian ventas por $1.412 millones durante ese ejercicio, advierten que el nivel de rentabilidad y patrimonio "no son suficientes para afrontar el pago, sin quitas, de la deuda fiscal postconcursal que la AFIP estima en $1.800 millones, y mucho menos el preconcursal, sin quitas, que llega a otros $8.000 millones", argumentan los interventores. Añaden otras deudas pre y postconcursales, gastos corrientes de la empresa, capital de trabajo para ponerla en funcionamiento y el dinero suficiente para poner en estado sus activos.

Sin embargo, hacen referencia a la carta presentada por Trafigura durante su oferta a la justicia y en la cual el grupo holandés dueño de la marca Puma Energy que en caso de ser aceptada su propuesta dispondrá de los recursos financieros necesarios para que Trafigura Argentina cumpla con los compromisos que asuma de dicha adquisición".

Para los interventores, esta promesa es insuficiente y, como han venido haciendo durante todo el proceso, parecen volver a poner al juez Cosentino contra las cuerdas para que no tenga otra opción que decretar la quiebra de Oil y disponder de la venta de sus activos por separado para hacer frente al pago de las deudas.

"Sostener que se dispondrá de los recursos financieros no parece suficiente porque no se trata de una oferta contractual, vinculante y exigible con un monto mí­nimo determinado que permita afrontar la atención de dichas obligaciones, y con la comprobación de la liquidez actual para asumir el compromiso, siempre bajo las reglas de un proceso formal como lo es el presente", argumentan los funcionarios judiciales.

Acusan además a Trafigura de no haber presentado los avales o garantí­as solidarias de las otras empresas que aparecen nombradas en la propuesta de compra y que también forman parte del holding como son Petromining y otra sociedad que fue la compradora de los activos de Pampa Energí­a. No creen tampoco del plan de negocios que pondrí­a en marcha Trafigura y que involucra una inyección de fondos de hasta u $s70 millones para poner en marcha de nuevo a la petrolera al sostener que "no se advierte de qué modo obtendrí­a esos fondos".

Como parte de la presión contra el cierre de este acuerdo, los interventores hacen referencia a la oposición de la AFIP a cualquier plan de pagos con quita de la deuda. Recuerdan que el organismo ya anticipó que no puede reducir el monto del pasivo reclamando, que la deuda por el ITC post concursal es exigible y que no tiene plan de pagos previsto. Agrega que para la cancelación de la deuda preconcursal sólo autorizará un plan de 12 cuotas mensuales.

"Con este acreedor no habrí­a una negociación posible sino un acogimiento a los esquemas de pago previstos por el organismo", advierten los interventores.

Por todos estos motivos, le reclaman al juez Cosentino que le pida a Trafigura Argentina la presentación "en plazo perentorio" de los avales garantí­as y compromisos "en firme y vinculantes de las sociedades del grupo que dice integrar que acrediten el acceso a la liquidez necesaria para afrontar el pago de pasivos y poner en marcha la empresa en los términos que ha descripto su escrito", finalizan los interventores.

De hecho, fuentes gremiales anticipan que tras este pedido, el juez Cosentino optarí­a por decretar la quiebra de Oil Combustibles este viernes o principios de la semana próxima. Y que mantendrí­a a Trafigura operando alguno de los activos  en sociedad con YPF hasta que se resuelva en proceso para que no se deterioren las plantas y se garantice la seguridad ambiental.