La nueva gestión de AFIP denunció a Echegaray por montar una asociación ilícita
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La nueva gestión de la AFIP acusó a Ricardo Echegaray , de liderar una presunta asociación ilícita montada dentro del organismo para cometer todo tipo de delitos y proteger a las principales figuras y empresarios del kirchnerismo, señala La Nación.
Los abogados de la AFIP presentaron esa acusación contra Echegaray en la causa penal que el juez Sebastián Casanello instruye contra el presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez .
La acusación de la AFIP a cargo de Leandro Cuccioli se centró en Echegaray y algunos de los más altos funcionarios del organismo hasta diciembre de 2015.
La actual gestión acusó a todos ellos por ocho presuntos delitos: asociación ilícita, peculado, encubrimiento, abuso de autoridad, amenazas contra otros funcionarios, extorsión, incumplimiento de sus deberes como funcionarios y violación del secreto fiscal.
Según la denuncia a la que accedió el matutino, Echegaray y sus colaboradores montaron una "banda" que desplegó sus acciones por distintos puntos del país, de manera organizada y coordinada para cometer delitos por cuenta propia o para facilitar los de otros, como Báez, Cristóbal López o el entonces ministro de Economía, Amado Boudou , entre otros.
Según el planteo de los abogados de la AFIP, esa presunta operatoria delictiva liderada por Echegaray se habría orquestado desde Buenos Aires y abarcó episodios en Bahía Blanca, Salta , Comodoro Rivadavia o Río Gallegos , entre otras.
En algunas de esas ciudades se habría omitido intimar administrativa y judicialmente a las empresas de Báez por sus deudas impositivas y previsionales, o se les concedió de manera irregular planes especiales de pago y se encubrió todo desde la Regional Río Gallegos, que creó el propio Echegaray.
En contraposición, completaron los letrados de la AFIP, Echegaray disolvió la Regional de Bahía Blanca cuando los sabuesos Carlos Blanco y Silvia Huici reconstruían el entramado de facturas truchas que desde esa ciudad benefició a Báez por decenas de millones de pesos.
Desde la anterior gestión de la AFIP siempre rechazaron cualquier irregularidad o delito a lo largo de sus años en la función pública.
En la investigación sobre los $8000 millones de deuda fiscal de López y De Sousa, uno de los funcionarios dijo que se atuvo a lo planteado por "la línea" del organismo.
Echegaray planteó que ante los pedidos de López y De Sousa solo le otorgó dos planes de pago a Oil Combustibles, "por lo que mal puede pensarse que se haya tratado de un proceder consistente, sistemático y deliberado", y que los hechos investigados ni siquiera son delito.