La Justicia no encuentra interesados para comprar la petrolera de Cristóbal López

Oil Combustibles (OCSA), la petrolera que fundaron Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, no logra atraer a grupos interesados en quedarse con sus operaciones y con la deuda, que hoy se ubica en los $17.000 millones.

La empresa no solamente forma parte del Grupo Indalo, sino que es la principal accionista de la mayorí­a de las otras compañí­as que también están bajo el paraguas del holding que floreció durante el kirchnerismo. 

Por lo cual, su suerte afectará directamente al de las otras firmas vinculadas a diferentes sectores, tales como medios de comunicación, energí­a, construcción y alimentos.

En la actualidad, se encuentra en concurso preventivo de acreedores y es la punta del ovillo de la causa judicial que llevó a López y De Sousa a prisión durante cuatro meses por haberse quedado con $8.000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles que debí­an liquidar a la AFIP pero que usaron para comprar otras empresas y engrosar el pool de activos de Indalo.

Hoy está siendo ofrecida por el juzgado a cargo de su proceso concursal, en el marco de un procedimiento conocido como cram-down, que permite evitar la quiebra directa y abrir un perí­odo de salvataje legal en favor de un candidato que asegure la continuidad de la compañí­a.

El procedimiento fue ordenado por Javier Cosentino, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5, el 11 de abril pasado.

El objetivo del magistrado es el de encontrar un nuevo dueño para la petrolera que hoy está intervenida y es controlada por un triunvirato formado por funcionarios designados por el juez.

Cosentino abrió el cram-down tras un pedido impulsado por Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, los socios del fondo OP Investments que entre noviembre del año pasado y fines de febrero estuvieron al frente de Oil y negociaron la compra de la petrolera, aunque sin éxito.

El plazo para que se presenten eventuales interesados comenzó a correr el lunes pasado, cuando se publicaron los edictos judiciales. El mismo vencerá el próximo 25 de abril.

Si para esa fecha no hubo interesados, el magistrado puede decretar la quiebra de la compañí­a y ordenar a los interventores que den inicio al proceso de liquidación de sus activos.

Ese parece ser el destino más seguro para la petrolera si se tiene en cuenta que no hubo, hasta ahora, ninguna propuesta concreta de compra de Oil, de su red de estaciones de servicio y su refinerí­a, ubicada en la localidad santafesina de San Lorenzo. Una cooperativa, ¿la salvación?

La única referencia a supuestos inversores se tiene mediante declaraciones de un grupo de trabajadores de la refinerí­a,q quienes constituyeron una cooperativa que se postularí­a para quedarse con la empresa de Indalo.

Sin embargo, tampoco hicieron una propuesta formal ante el juzgado de Cosentino ni informaron sus planes para poder reactivar la compañí­a y, a la vez, ordenar sus cuentas y negociar el pago de su millonario pasivo, cuyo principal tenedor es la AFIP.

De hecho, el ente fiscal insiste en que la opción más concreta para poder recuperar parte de lo que Oil adeuda es su quiebra. La misma opinión tuvieron los interventores de la petrolera.

Sin embargo, en su fallo a favor del cram-down, el juez Cosentino consideró viable una "reorganización de la empresa", manteniéndola activa.

En este sentido, Héctor Brizuela, secretario de Asuntos Legales del Sindicato de Petroleros (SUPEH), explicó en varias oportunidades que la quiebra sólo favorecerí­a a quienes pretenden que se licúe la deuda, caduquen todos los contratos de trabajo y no se paguen indemnizaciones a los 400 empleados que tiene Oil en la actualidad.

"Serí­a el escenario más favorable para quienes sólo pretenden el muelle y la planta fluvial, pero que no tienen interés en poner en marcha la refinerí­a", aseguró el dirigente sindical. 

A pesar de sus declaraciones públicas y de las intenciones de desembarcar en Oil, el gremio sigue estudiando el momento adecuado para una presentación formal.

De hecho, en algunos sectores se sostiene que detrás de esta iniciativa se encuentran Rosner y Dellatorre, quienes buscarí­an estirar los plazos de superviviencia de Oil por entre ocho y diez meses más.

Ese serí­a el tiempo que tardarí­a el juez Cosentino en analizar e investigar cualquier propuesta formal que le presenten por Oil, mas allá de que una vez finalizado ese lapso la cooperativa fracase en su intención.

También se sospecha que López y De Sousa podrí­an impulsar a otro grupo a presentarse en el cram-down, con la misma intención. Es decir, demorar los plazos judiciales y estirar la agoní­a de Oil Combustibles.

Ocurre que, a pesar de haber optado por darle algo más de oxí­geno a la petrolera, Cosentino llenó de requerimientos, algunos casi imposibles de cumplir, a su fallo de apertura del cram-down.

En algunos casos, se vinculan con normas del mercado de hidrocarburos que establece la Secretarí­a de Energí­a de la Nación a partir de la Resolución 419/98.

También, limita las presentaciones a sociedades anónimas que puedan demostrar capacidad técnica adecuada, antecedentes suficientes para la comercialización y producción de combustibles y derivados, contar con solvencia financiera, capital de trabajo suficiente para el desarrollo de la actividad de modo de asegurar el normal desenvolvimiento de la empresa y el pago de obligaciones previsionales e impositivas. 

Además, deben asumir el pago de la deuda pre concursal que, solamente en el caso de la AFIP, suma $17.000 millones. A esto se suma la generada luego de la apertura del concurso preventivo de acreedores, del orden de los $1.500 millones.

Cosentino obliga además a los interesados a presentar un plan de negocios para reflotar las operaciones de Oil Combustibles, de su refinerí­a mediante la presencia de equipo de profesionales adecuado y un proyecto técnico y financiero preciso a tal efecto.

Hace referencia también a la necesidad de recuperar las tareas de la terminal portuaria y llevar adelante operaciones complejas y delicadas de carga y descarga de buques, "en donde no es admisible la imprecisión ni la inexperiencia".

En cuanto a la red de estaciones de servicio, el posible comprador de Oil tendrá que "atender a variados aspectos de logí­stica, comerciales, ambientales, transporte con recursos humanos con suma capacitación, y recursos materiales suficientes para llevar adelante la operatoria comercial compleja propia de la sofisticada actividad de la que se trata". 

Reclama, en paralelo, que se adjunte certificación contable sobre liquidez o acceso inmediato a liquidez suficiente para la puesta en marcha del plan y el pago de las obligaciones pendientes.

En consecuencia, y tal como ya adelantó iProfesional, el juez Cosentino reclama a los grupos con intenciones de comprar Oil que presenten un complejo proyecto comercial basado en:

1)Contar con equipos técnicos propios discriminados por áreas (refinerí­a, almacenaje, puerto, distribución, logí­stica, área comercial)

2)Ofrecer capacidad técnica en cada área debidamente acreditada

3) Delinear un plan de negocios con los recursos humanos que ocuparí­a, los fondos que aplicarí­a y un cronograma de actividades

4)Consignar el flujo de fondos proyectado para cancelar la deuda pre y post concursal y atender el futuro del negocio.

5)Indicar cuántos empleados piensa mantener del plantel actual de Oil, qué costo implica y de qué forma va a atenderlo. 

De esta forma, el juez Cosentino intentará permitir el salvataje de Oil, aunque desde sectores cercanos a la causa se entiende que se trata de una medida orientada a evitar tomar la decisión de llevarla a la quiebra de manera inmediata, tal como le reclaman la AFIP y los propios interventores judiciales de la compañí­a.