Carrefour: el Gobierno bloquea pago de sumas no remunerativas para bajar cargas sociales

El plan para achicar Carrefour sumó un nuevo obstáculo en las últimas horas. Luego de los avances parciales registrados la semana pasada en las negociaciones, con el acuerdo de los retiros voluntarios, el Gobierno bloqueó la posibilidad de instrumentar el pago de una parte del salario mediante sumas no remunerativas, una opción barajada por el gremio para reducir costos de la empresa sin afectar el sueldo de bolsillo. Tampoco habrí­a subsidios Repro.

La negativa del Ministerio de Trabajo le agregó así­ una presión extra al sindicato de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, que busca evitar 3.000 despidos y el cierre de 11 sucursales. El sindicalista fue recibido este lunes por primera vez por el titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, en una reunión que comenzó a las 15 y se extendió por dos horas, pese a que habí­a sido convocada para el mediodí­a inicialmente.

En el encuentro a solas, Cavalieri le planteó la posibilidad de que el funcionario habilite a la compañí­a a abonar parte del sueldo en forma no remunerativa, es decir, sin pagar las cargas sociales correspondientes. De ese modo, la empresa verí­a allanada en forma parcial su pretensión de reducir la diferencia salarial que perciben los 20.000 empleados de Carrefour por encima del convenio colectivo, ya que el gremio rechaza la eliminación de ese plus.

Pero hasta ahora Trabajo puso reparos. El argumento es que de avanzar por ese camino, el Estado perderí­a una fuente de recaudación en aportes y contribuciones correspondientes. Y, al mismo tiempo, atentarí­a contra el propio proyecto de reforma laboral que intenta reflotar el ministro y que prohí­be el pago de sumas no remunerativas, una práctica extendida en la última década, pero que ahora se buscarí­a erradicar para desalentar la litigiosidad laboral.

"La cuestión más conflictiva es que el Gobierno no quiere poner nada", reconoció a iProfesional un hombre de Cavalieri.

Los montos no remunerativos proliferaron en la gestión anterior del Ministerio de Trabajo, que es el encargado de controlar la legalidad de los acuerdos salariales. El convenio 95 de la OIT, ratificado por Argentina, establece que "el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".

Asimismo, los fallos de la Corte indican que algunos conceptos no remunerativos en realidad son remunerativos, ya que de lo contrario se estarí­a precarizando sin fundamento el salario del trabajador, incluida la base de cálculo de sus vacaciones, antigí¼edad, horas extra, adicionales e indemnizaciones. Del mismo modo, se privarí­a al Estado de percibir los aportes respectivos a la seguridad social.

Este año, sin embargo, las paritarias volvieron a incorporar sumas fijas por fuera del básico. Ese fue el caso de los porteros en marzo y es el de los docentes públicos, que siguen cobrando más de la mitad de su ingreso en negro.

Plan de achique

Las negociaciones se empantanaron en los últimos dí­as. 

Las pancartas descolocaron a los gerentes de la empresa: "¿Por qué dicen que hay despidos si estamos negociando que no haya?", le reprochó un directivo a los representantes del sindicato. En rigor, tanto la cúpula del gremio como la dirección de la cadena se empeñan en aclarar que la reducción de puestos de trabajo mediante retiros voluntarios "no son despidos".

De aquella audiencia participaron por Trabajo el viceministro Horacio Pitrau; el director Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Adolfo Saglio Zamudio, y la directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios; los asesores letrados de la Federación de Empleados de Comercio, Alberto Tomasone y Jorge Barbieri, y los directivos de Carrefour Leonardo Scarone y Diego González, y los abogados Ariel Cocorullo y Francisco Benegas Lynch.

Un factor adicional que genera rispideces son los planes Repro (Reconversión Productiva), otra de las medidas que evaluaban cerca de Cavalieri. Se trata de los subsidios que reciben las empresas en situación de crisis para el pago de salarios, equivalentes a un salario mí­nimo, vital y móvil y que se financian con fondos de la ANSES. En la cartera laboral creen que el uso de ese recurso podrí­a abrir una caja de Pandora y desatar un reclamo en cascada de otras cadenas del sector, también con problemas por la caí­da del consumo y sus márgenes de rentabilidad.

Pese a los cortocircuitos, Carrefour y el gremio mercantil lograron algunos avances en sus tratativas. La semana pasada acordaron apertura de 1.000 retiros voluntarios con indemnizaciones en principio al 150% y que en algunos casos podrí­an ser superiores. El listado -cuya confección todaví­a está en discusión- contemplarí­a a los empleados de mayor antigí¼edad y con cargas de familia. Lo que no está claro es que ocurrirá si el personal se rehúsa a aceptar los retiros.

El plan de achique incluye además jubilaciones anticipadas, la reconversión de 11 sucursales en mayoristas y la potencial reubicación de puestos sobrantes en otras áreas. El cambio de formato apunta al comercio mayorista, el único canal que mantuvo la clientela en los últimos años y que se caracteriza por emplear una menor superficie, nivel de reposición y dotación, en comparación con los hipermercados.

Con casi 600 locales en el paí­s, la compañí­a presentó hace más de una semana el Proceso Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo, alegando perdidas en sus últimos tres ejercicios. La nueva gerencia encabezada por el CEO francés Rami Baithié, inició el trámite en paralelo al plan de "transformación" global anunciado el 23 de enero pasado por la casa matriz, en Parí­s, que busca reducir los costos de la cadena en cinco años, con 4.500 bajas y el cierre de 300 locales en el mundo.